El elevado ritmo de sanciones a las televisiones no baja. Al punto de convertirse en una cruz para Mediaset y Atresmedia. Y es que, según admiten ambos grupos audiovisuales en sus respectivos informes de responsabilidad corporativa, durante el año 2013 les fueron incoados un total de 21 expedientes sancionadores, que culminaron en multas por importe superior a 3,5 millones de euros. Todo en un año especialmente delicado en las relaciones del sector con el Gobierno, despuíés de que el Tribunal Supremo obligara al apagón de nueve canales y las cadenas buscaran durante meses tender puentes para deshacer el entuerto. El sector en su totalidad fue multado con 3,3 millones en 2012.
Como es habitual, la editora de Telecinco se lleva la palma. "En 2013, se han producido un total de 11 expedientes sancionadores incoados, cuyo importe acumulado asciende a 2.770.008 euros a cargo de Mediaset España", reza el informe del grupo italiano. A diferencia de ejercicios anteriores, la compañía no desglosa este año el motivo de cada acta levantada, si bien el montante global es muy similar al afrontado en 2012. Entonces, la firma sufrió 16 expedientes, que le supusieron multas por 2,71 millones de euros. La mayor parte de los reproches de Industria se debieron a irregularidades en el ámbito publicitario, ya fuera por exceso de anuncios, publicidad encubierta o exceso de cortes.
Por su parte, Atresmedia admite haber recibido 10 expedientes, que generaron multas por importe de 781.233 euros. No obstante, el montante que facilita la firma puede no ser el definitivo, ya que sólo se aporta información sobre los procesos que implican infracciones publicitarias y se evitan otro tipo de irregularidades. En todo caso, la cuantía compara muy negativamente con los apenas 222.657 euros que registró el propio grupo en 2012. De hecho, lo triplica. "Durante 2013, se han producido 16 infracciones relacionadas con el límite de emisión de publicidad por hora natural y el número de interrupciones publicitarias en largometrajes", reconoce la empresa de Planeta.
El año pasado supone un punto de inflexión desde el punto de vista de la supervisión que afrontan las cadenas, ya que fue el último en que la función de control recayó en el Ministerio de Industria. Desde finales de 2013, la tarea sancionadora ha sido asumida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que, para abrir boca, cerró el ejercicio con sendas multas de 1,57 y 448.000 euros a Mediaset y Atresmedia, respectivamente, por vulnerar el horario infantil. Como publicó El Confidencial, la intención del organismo que preside Josíé María Marín Quemada es extremar la vigilancia sobre los contenidos audiovisuales y estima que las multas son un elemento imprescindible para meter en cintura al sector. Incluso ha creado una subdirección ad hoc.
Endurecer las sanciones
En esta línea, la CNMC anunciaba el pasado 25 de marzo la apertura de dos expedientes sancionadores más a Atresmedia y Mediaset por emitir espacios inadecuados para menores. En concreto, los programas afectados –El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, y Espejo Público, de Antena 3– habrían puesto en el aire contenidos que "no se adecuarían a la calificación dada por el operador como apto para todos los públicos" y "no encajarían con los criterios establecidos con el Código de Autorregulación". Las televisiones afrontan sanciones entre 100.001 y 500.000 euros como infracciones de carácter grave. No son, además, los únicos procedimientos en marcha.
El Ejecutivo –en la mayor parte del ejercicio, ya que la CNMC estuvo pocas semanas al frente– no ha sido especialmente 'generoso' con las cadenas, con las que mantenía un contencioso por el fundido a negro de canales. Durante muchos momentos, las televisiones entendieron que la inacción del Gabinete se explicaba por su interíés en "atarlas en corto", tras la oleada de críticas por el affaire Bárcenas. Entretanto, las multas no dejaban de caer. Para Mediaset, por ejemplo, esos 2,77 millones de euros suponen un porcentaje importante de unos beneficios que apenas alcanzaron los 4,16 millones, afectados por el deterioro de su participación en Canal+.
La propia sociedad cabecera de Telecinco ha dado muestras de estar más que harta de multas a sus programas y en su último Informe de Gobierno Corporativo consignaba un riesgo regulatorio por la "continuada inspección editorial por parte de la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones (SETSI), que ha originado desproporcionados expedientes sancionadores". Y advertía que su capacidad de solventar el problema es limitada, en tanto el regulador tiene amplio margen de maniobra: "Hay que tener en cuenta que el criterio de evaluación de emisión de los contenidos es totalmente subjetivo, y por tanto es difícil eliminar este riesgo por completo".
