La adulteración de los mercados financieros podrá acabar con sus responsables en la cárcel. El Consejo Europeo dio este lunes su visto bueno a un reglamento que fortalecerá los mecanismos de acción comunitaria contra la manipulación de los mercados, elevará las multas e impondrá penas de prisión a los culpables de abuso de mercado o de uso de información privilegiada. La normativa, que entrará en vigor en junio, tambiíén unifica las definiciones de delito por abuso de mercado en todos los Estados miembros y aboga porque las autoridades judiciales y policiales de los Veintiocho estíén suficientemente preparadas para hacer frente a un tipo de infracción que las plataformas de negociación electrónica ha hecho más complejo en los últimos años.
En concreto, los países de la Unión Europea (UE) tendrán un marco común de sanciones penales que incluye penas de al menos cuatro años de cárcel para los responsables de manipular un mercado o un índice de referencia (como el Libor o el Euribor) o de acometer operaciones bursátiles con información privilegiada y de hasta dos años de prisión por su divulgación indebida. En el plano de las sanciones económicas, Bruselas contempla multas de hasta el triple del beneficio obtenido con el fraude o de al menos el 15% de la facturación de las empresas acusadas de haber manipulado el normal funcionamiento del mercado. El reglamento, no obstante, deja la puerta abierta a que los Estados miembros —a los que insta a reforzar sus mecanismos de cooperación en materia reguladora— establezcan sanciones aún más estrictas y legislen adicionalmente sobre aquellos delitos cometidos en su territorio o por uno de sus nacionales.
Pese a la aparente contundencia del endurecimiento de las penas y de las multas por daños sobre la integridad de los mercados financieros aprobado ayer, el Ejecutivo Comunitario renunció en septiembre a una regulación estricta que reforzara el control de los dos principales índices de referencia para príéstamos interbancarios —el británico Libor y el europeo Euribor— ante un posible choque con Downing Street. Según la propuesta que en aquel momento redactó la Comisión Europea, la vigilancia de estos dos índices de vital importancia para el sector financiero y para la economía real (entre otras cosas, fijan el precio de las hipotecas) corresponderá a los supervisores de los países en los que están basados —Reino Unido y Bíélgica—, que deberán actuar colegiadamente con los reguladores del resto de Estados miembros sin que la UE tenga capacidad de supervisión directa del índice. En definitiva, un conflicto que ha costado decenas de miles de millones de euros a los hogares europeos se salda con importantes multas y mayor capacidad sancionadora pero tambiíén con una regulación que llega con retraso y siembra dudas sobre su margen de maniobra real.
Tanto la normativa certificada ayer como la propuesta del Ejecutivo comunitario de septiembre nacen, fundamentalmente, como respuesta al caso más flagrante de manipulación de índices de referencia en Europa: la adulteración del Libor y del Euribor por parte del banco suizo UBS y del británico Barclays. Los reguladores de EE UU, Reino Unido y Suiza impusieron a ambas entidades una multa de 1.250 y 300 millones de euros respectivamente al considerar probado que habían pactado la fluctuación de ambos índices en beneficio propio
