La presunta malversación de las subvenciones públicas para la formación de trabajadores era un secreto a voces en Andalucía desde hacía años. En una región con casi 1,5 millones de parados, era difícil que alguien no hubiera oído algún comentario más o menos directo sobre el uso fraudulento que altos cargos de la Junta habrían hecho de los fondos aportados por la Unión Europea y la Administración del Estado para luchar contra la lacra del desempleo, los hechos que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el marco de la operación Edu. Pero han sido las noticias que han aparecido en los medios sobre este caso las que han provocado que todas esas informaciones sobre supuestos comportamientos delictivos comiencen a transformarse en denuncias.
Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario, desde que se conoció que la operación policial estaba en marcha, se han presentado en las comisarías de toda Andalucía decenas de denuncias relacionadas con el supuesto fraude de las ayudas a la formación para el empleo. Los hechos desvelados por ciudadanos anónimos están aportando nuevos datos a los agentes que llevan las pesquisas. La UDEF pretende utilizarlos para dar un impulso a sus indagaciones, que se centran por el momento en la provincia de Málaga. Los agentes ya disponen de testimonios y documentos que apuntan a que el fraude de los cursos habría tenido una incidencia masiva en toda Andalucía, pero las fuentes consultadas aseguran que los detalles aportados ahora en las denuncias les permitirán tener un conocimiento más preciso sobre el funcionamiento de la trama.
Las denuncias se están centralizando
La UDEF ha pedido que se centralicen los nuevos datos que están apareciendo a lo largo de toda Andalucía gracias a la colaboración ciudadana para evitar que se les escape ningún testimonio valioso. Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, responsable del cuerpo en las provincias de Almería, Granada, Jaíén y Córdoba, confirma a El Confidencial que todas las denuncias sobre este asunto se están remitiendo a los efectivos expertos en delitos económicos que dirigen la operación Edu. Una vez llegan a sus manos, las analizan pormenorizadamente.
Hay denuncias de todo tipo, pero la mayoría son de particulares que no recibieron la formación que se les había prometido o que fueron obligados a renunciar por escrito a un puesto de trabajo. Esta última práctica era habitual en las subvenciones a la formación para el empleo con compromiso de contratación del 60% de los alumnos. Una de esas convocatorias aprobada en 2010 en la provincia de Málaga es precisamente la que ha sido investigada en primer lugar por la UDEF.
Los investigadores han detectado que era frecuente que los desempleados que participaban en ese tipo de cursos rechazaran luego voluntariamente quedarse trabajando en las empresas que les habían impartido los cursos, un hecho incomprensible en la región con más paro de toda la Unión Europea. La UDEF sostiene que en realidad se trataba de una práctica irregular más de todas las que se habrían producido en torno a las partidas multimillonarias para la formación. En este caso, sospechan que los perceptores de los fondos públicos obligaban a sus alumnos a rechazar por escrito la posibilidad de quedarse. Las informaciones sobre la operación Edu han animado a esos perjudicados a denunciar su experiencia en comisaría.
Un caos judicial que favoreció la estafa
Estas no son los primeras denuncias que han advertido de un uso fraudulento de los cursos de formación. Los tribunales andaluces ya han abordado con anterioridad la estafa que investiga la UDEF, pero todos los hechos conocidos hasta ahora se habían analizado de forma independiente y con distintos resultados. Algunas denuncias terminaron siendo archivadas, como en el procedimiento que abrió en 2011 el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada para esclarecer las ayudas que recibió la firma MKF para organizar cursos para trabajadores discapacitados que en realidad nunca habrían llegado a realizarse. Sin embargo, otras denuncias dieron lugar a causas que aún se están instruyendo, como la que afronta en estos momentos el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras, relacionada con las subvenciones concedidas a una de las empresas del exconsejero de Hacienda íngel Ojeda Avilíés, o la que lleva la juez Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción número Seis de Sevilla, vinculada con supuestas acciones formativas irregulares gestionadas por UGT.
Esa atomización de casos a lo largo de toda Andalucía y la disparidad de criterios mostrada por la Justicia es precisamente uno de los motivos que permitió que las prácticas irregulares se prolongaran durante tanto tiempo. La Cámara de Cuentas ya detectó en 2004 prácticas administrativas sospechosas en la gestión de las subvenciones para la formación, pero el mismo órgano pudo comprobar el pasado mes de enero que esos comportamientos no sólo no se habían corregido, sino que se habían intensificado.
La operación Edu pretende acabar con ese caos y aglutinar en un solo procedimiento las pesquisas sobre la presunta malversación de fondos públicos durante el periodo 2007-2013, la etapa de aplicación del último programa del Fondo Social Europeo para el Empleo. En esos años, la Junta habría financiado acciones formativas para el empleo para ocupados, desocupados, discapacitados, víctimas de la violencia de gíénero, población gitana, jóvenes, habitantes de zonas en transformación y ciudadanos con pocos recursos con partidas que sumaron 6.925 millones de euros. La UDEF trata de averiguar ahora quíé parte de ese dinero tuvo un destino distinto del que motivó su entrega a la Junta de Andalucía. Las primeras estimaciones de los policías señalan que la cantidad malversada podría llegar a los 2.000 millones de euros
