La acumulación de 800 millones de píérdidas y un díéficit crónico anual de 100 millones de euros colocan al primer grupo audiovisual del país al borde del abismo. La ley puede forzar en breve la dimisión del presidente del ente público, casi en "causa de disolución".
El fracaso del modelo actual de financiación, en vigor desde 2009, y que suprimió la financiación de RTVE por medio de la publicidad -la cual le reportaba 1,4 millones de beneficio- y la reducción de la aportación anual del Gobierno a su mantenimiento, ha colocado a la corporación audiovisual en una situación muy comprometida.
Según un informe oficial al que ha tenido acceso el diario El Mundo, el Gobierno podría realizar una aportación extraordinaria de dinero público a RTVE para evitar que entre en causa forzosa de disolución, según contempla la Ley de Sociedades de Capital.
Las medidas tomadas por el actual equipo gestor del ente público para reducir costes han sido insuficientes, sobre todo en lo referente al coste de personal, única partida que no ha registrado recortes.
