La obra del trazado ferroviario de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona (621 kilómetros) salió a concurso con un presupuesto de 7.550 millones de euros y se adjudicó por 6.822 millones (con una baja del 9%), pero acabó costando 8.996 millones (un 31% más).
Entre la adjudicación de esa línea ferroviaria de alta velocidad y la ejecución de los trabajos pasaron siete años plagados de incidencias en las obras y de cientos de modificados que, previamente asumidos por los tíécnicos de Adif (el organismo público dependiente de Fomento), fueron elevando el presupuesto muy por encima del precio inicial fijado en el concurso.
El Tribunal de Cuentas auditó siete años (2002-2009) de contratos en esta obra, el trazado de alta velocidad de presupuesto más alto ejecutado hasta entonces en España. La fiscalización, finalizada en abril pasado, no afectó al total de la contratación, sino a una parte en la que descubrió que si bien la adjudicación se cerró por un 8,8% menos del precio de licitación, la ejecución incrementó el coste final en un 43,2% respecto al gasto comprometido.
“Todos los contratosâ€, señala el informe del Tribunal de Cuentas, “fueron iniciados por razones de urgencia con la finalidad de que se pudiera cumplir el programa de actuaciones con la autorización del presidente del Adif, haciendo un uso abusivo de la competencia que el estatuto de ese organismo atribuía a su máximo responsableâ€. Esas decisiones sobre la contratación de las obras estaban reservadas al consejo de administración de Adif y la “urgencia†que se alegó para que que fuera el presidente quien autorizara los contratos “no se ha podido apreciar, ya que todos ellos fueron tramitados por el procedimiento abreviado de concurso abierto, sin reducción de plazosâ€, según el Tribunal de Cuentas.
Los auditores públicos señalan que durante la ejecución de los trabajos en los 356 contratos de obra principal analizados “se formalizaron 69 modificaciones de contratosâ€, donde se incrementó el precio por el que fueron adjudicados los trabajos. Así, una de cada cinco obras adjudicadas cambió de precio durante su ejecución, elevando el presupuesto por el que se adjudicó.
Entre las 69 modificaciones detectadas por el Tribunal de Cuentas, los 14 contratos de obras complementarias y los ocho de obras de emergencia, “junto a las revisiones de precios y las adjudicaciones adicionales, elevaron el coste total de las obras inicialmente contratadas a 3.035 millones de euros, lo que supuso un incremento del 49,6%†en los contratos analizados por el Tribunal de Cuentas, una parte importante del total.
Los auditores públicos concluyen que “el ahorro inicial del 9,2% en el precio de licitación de los contratos se transformó finalmente en un sobrecoste del 31% inicialmente previstoâ€. Además del sobrecoste, las obras no se terminaron en el plazo previsto, con un incremento medio de 13,5 meses de los plazos de ejecución de los contratos.
El Tribunal de Cuentas resalta un contrato modificado en el tramo Hospitalet-La Torrassa, en el que se incrementó el precio de adjudicación un 221,6%. En ese contrato, Adif consiguió endosar la responsabilidad de lo ocurrido a la empresa y cuantificó los daños y perjuicios para la Administración en 32 millones de euros que cuando el Tribunal de Cuentas finalizó sus trabajos (hace diez meses) “no se tiene constancia de que se hayan cobradoâ€.
Los auditores señalan que “se han detectado numerosas modificaciones de los proyectos que no cumplían los requisitos legales, al calificarse como necesidades nuevas o causas imprevistas cuestiones de las que ya se tenía conocimiento antes del inicio de las obras y que eran debidas a vicios o indefiniciones del proyecto u omisiones, o al venir originadas las modificaciones de los contratos por una defectuosa ejecución en la construcciónâ€.
Varapalo del auditor
El Tribunal de Cuentas recomendó a Adif poner en marcha de manera inmediata una serie de medidas para evitar los sobrecostes y retrasos detectados en las obras del AVE Madrid-Barcelona. Entre ellas señaló las siguientes:
—Nuevos procedimientos que le permitan efectuar una previsión más realista de los plazos y costes de ejecución; destinando más recursos a labores de investigación previa durante la fase de redacción de los proyectos constructivos con el objetivo de evitar la utilización generalizada de las modificaciones de los contratos.
—Detallar con claridad en los expedientes para autorizar las prórrogas de los contratos y las obras complementarias las razones en las que estas se fundamentan y evitar la concesión de las prórrogas que se motiven por razones que no las justifican.
—Efectuar una previsión más realista de los plazos necesarios para la finalización de los procedimientos de expropiación de terrenos, de modo que se reduzcan los retrasos en el inicio de las obras por la falta de disponibilidad de los terrenos.
