España y otros 9 Estados miembros -entre ellos Alemania, Francia e Italia- han anunciado este martes un acuerdo político "de mínimos" sobre la hoja de ruta para poner en marcha una tasa a las transacciones financieras.
El nuevo gravamen se implantará por fases -empezando por las acciones y algunos derivados- para evaluar su impacto económico y su puesta en marcha se retrasa al 1 de enero de 2016.
"La primera fase de la tasa a las transacciones financieras armonizada deberá aplicarse como muy tarde el 1 de enero de 2016", ha anunciado durante el Ecofin el ministro austriaco de Finanzas, Michael Spindelegger, que ha actuado como portavoz del grupo de los 11. No obstante, el diseño definitivo de la tasa con "soluciones viables" deberá estar listo a finales de año.
Los países que pretenden implantar la denominada tasa Tobin, ha proseguido el ministro austriaco, han acordado "empezar gravando las acciones y algunos derivados". El objetivo es que cada paso hasta la plena aplicación de la tasa "se diseñe de forma que tenga en consideración que hay muchos impactos económicos sobre los que hay que ser muy cuidadosos".
Finalmente, si algunos de los Estados miembros participantes quiere gravar productos no incluidos en este acuerdo para mantener tasas nacionales existentes, estarán autorizados a hacerlo.
Esta declaración política de mínimos ha sido muy mal acogida por algunos de los Estados miembros que no participan en la cooperación reforzada, en particular Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Hungría, Holanda, Luxemburgo o Malta.
El rechazo de Reino Unido
"No dudaremos en recurrir una tasa que tenga un impacto extraterritorial, perjudique a Reino Unido o a otros Estados miembros y perjudique al mercado interior", ha amenazado el ministro de Finanzas británico, George Osborne, el más combativo.
Osborne ha sostenido que la tasa a las transacciones financieras "no es una tasa a los banqueros, sino al empleo, la inversión y las pensiones y los pensionistas y por eso Reino Unido y la mayoría no quieren participar". "Nuestra prioridad es garantizar que las propuestas de tasa no tengan impacto extraterritorial en Reino Unido y en la economía europea", ha apuntado.
El ministro británico, al igual que otros de sus colegas, se ha quejado del secretismo de las reuniones de los 11 y ha dicho que incluso el Banco Europeo de Inversiones ha comunicado al Ecofin que la tasa le costaría 1.600 millones de euros.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos ha dicho que el acuerdo es un "mínimo denominador común" entre las posiciones de los 11 países y ha sostenido que la tasa será "prudente" y "cauta". "Vamos a analizar el impacto de la tasa en cada uno de los pasos que vamos a dar porque somos plenamente conscientes de las posibles consecuencias que esta tasa puede tener en los flujos de capital", ha apuntado.
"No queremos crear un instrumento que sea perjudicial para nadie, lo que vamos a hacer es tener una tasa racional que ponga orden en los mercados financieros", ha sostenido Guindos. España prevíé unos ingresos de 640 millones de euros por este concepto, aunque el ministro ha explicado que esta partida no se refiere únicamente a este gravamen sino que incluye tambiíén otras tasas.
Los países que participan en la cooperación reforzada sobre la tasa a las transacciones financieras son España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bíélgica, Estonia y Eslovaquia. Según la propuesta de Bruselas, la tasa gravará con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados.
Bruselas calcula que la tasa aplicada en 11 países permitiría recaudar, si se aplicara a todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en España. El objetivo de esta iniciativa es reducir las operaciones especulativas y hacer que la banca contribuya de forma equitativa a los ingresos públicos.
El Ecofin ha retrasado tambiíén a junio la aprobación de la reforma de la directiva matriz-filial -cuyo objetivo es frenar la ingeniería fiscal de multinacionales como Google, Starbucks o Amazon para eludir el pago de impuestos- por las reservas de Suecia y Malta.
