Agentes de la Policía Nacional han detenido a 313 personas e imputado a otras 328, principalmente en las provincias de Barcelona y Girona, por fraudes a la administración pública que superan los 7'7 millones de euros.
Según ha informado la Policía en un comunicado, mediante la creación de un total de 29 empresas ficticias en la provincia de Barcelona, lograron producir 1.544 altas en la Seguridad Social de forma fraudulenta con el fin de cobrar prestaciones y subsidios por desempleo o la obtención y renovación de permisos de residencia.
Las tres investigaciones policiales --desarrolladas en las provincias de Barcelona, Girona, Lleida, Valencia, Madrid, Cáceres y Alicante-- comenzaron hace varios meses tras ser detectadas las empresas que estaban cometiendo fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
A los detenidos se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y estafa.
Dos indigentes marroquíes como testaferros
La primera de ellas se inició por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Girona al detectarse un total de doce empresas ficticias, con domicilio social en la ciudad de Barcelona, que se dedicaban a dar de alta a trabajadores extranjeros para que, de forma fraudulenta, un total de 744 individuos pudieran cobrar prestaciones o subsidios por desempleo u obtener permisos de residencia.
En concreto, dos varones indigentes de nacionalidad marroquí constaban como administradores de las empresas (uno de ellos de cinco empresas y el otro de siete). En esta operación fueron detenidas 105 personas e imputadas otras 144, en su mayoría marroquíes, en las provincias de Barcelona, Girona, Castellón, Madrid, Cáceres y Alicante.
El fraude ocasionado a la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente ascendía a 3'8 millones de euros.
Connivencia de una gestoría
La segunda de las investigaciones se desarrolló en Barcelona a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano que afirmaba que tres varones paquistaníes crearon una empresa ficticia usurpando su nombre y falsificando su firma.
Una vez comprobada la denuncia, se constató la existencia de un total de seis empresas con idíéntica estructura y administradores, coordinadas y asesoradas por una gestoría de la ciudad. Dichas empresas simulaban contratos de trabajo y posteriores despidos a ciudadanos extranjeros que precisaran regularizar su situación administrativa en España o adquirir los derechos requeridos para poder percibir prestaciones o subsidios por desempleo.
En esta operación policial, fueron detenidas 53 personas e imputadas otras 44, en su mayoría paquistaníes, en las provincias de Barcelona, Lleida, Valencia y Getafe (Madrid). En este caso, el fraude a la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente, asciende a un millón de euros.
Por último, la tercera de las operaciones se inició en el mes de junio del año 2013 cuando los agentes recibieron informaciones referentes a la existencia de una empresa ficticia, dedicada a la construcción, en Mataró (Barcelona).
Tras las investigaciones, los agentes detectaron otras once empresas que tenían en común a sus administradores de origen marroquí y el domicilio social. Entre todas ellas, la Policía comprobó el trasvase de trabajadores, dándoles de baja en unas y, acto seguido, de alta en otra mediante contratos falsos de trabajo que permitían a los interesados solicitar o renovar sus permisos de residencia y acumular los periodos mínimos exigidos por la ley para cobrar prestaciones o subsidios por desempleo.
Según ha indicado la Policía, el máximo responsable de esta trama era un ciudadano español de origen marroquí, que era el intermediario y captador, con el asesoramiento profesional de una gestoría de Mataró.
En esta operación policial, los agentes detuvieron a 155 personas e imputado a otras 74, en su mayoría marroquíes, en la provincia de Barcelona. El fraude ocasionado con la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente asciende a los tres millones de euros.
Convenio contra el fraude
El incremento de este tipo de fraude contra la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, ha propiciado la firma del 'Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social' el pasado día 30 de abril de 2013.
Las investigaciones han sido desarrolladas por el Grupo síéptimo de la UCRIF de Barcelona, UCRIF de la Comisaría Provincial de Girona, UCRIF Central C.G. Extranjería y Fronteras, G.O.E. Comisaría Local de Mataró (Barcelona), UCRIF de la Comisaría Provincial de Lleida, UCRIF de la J.S.P. Valencia, UCRIF de la Comisaría Provincial de Castellón, UCRIF de la Comisaría Provincial de Alicante, UCRIF de la Comisaría Provincial de Cáceres, Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Getafe (Madrid), Observatorio del Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social (Dirección Provincial de Barcelona) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
