Repsol continúa desprendiíéndose de los títulos de deuda pública con los que Argentina le ha compensado por la expropiación del 51% de YPF. La petrolera española ha cerrado hoy la segunda venta de tres de los títulos a JP Morgan Securities PLC, dos de ellos íntegros, el Bonar X y el Discount 33, mientras que se desprendió de una parte de la letra Boden 2015.
Unos bonos que tienen un valor nominal de unos 2.066 millones de dólares y por los que la compañía española habría obtenido por el momento 2.010 millones de dólares, unos 1.466 millones de euros. Adicionalmente, el comprador abonará a Repsol un total de 59,3 millones dólares estadounidenses en concepto de intereses devengados (cupón corrido). En su conjunto, las transacciones no tienen impacto en la cuenta de resultados.
Con esta operación, Repsol se ha desprendido de prácticamente toda la deuda argentina que recibió a principios de mes por un valor nominal de 5.317 millones de euros, a falta de colocar la parte restante del Boden 2015, que tiene un valor nominal de 117,36 millones de dólares.
La semana pasada la compañía que se preside Antonio Brufau colocó tambiíén a JP Morgan los títulos incluidos en el Bonar 24, un bono de 3.250 millones de dólares de valor nominal emitido expresamente junto con los otros tres para pagar la indemnización a Repsol. En esa ocasión, la empresa ingresó 2.813,6 millones de dólares (2.045 millones de euros).
De esta forma, la compañía ha obtenido hasta la fecha 4.815 millones de dólares, cerca de los 5.000 millones de dólares pactados con el Gobierno argentino (unos 3.600 millones de euros). Unos títulos cuyo valor de mercado asciende a 4.670 millones de dólares durante el periodo de cómputo de 90 días utilizado por los bancos de inversión.
Tras la venta del primer bono, Repsol tenía restringida la venta a terceras entidades de los restantes bonos durante un periodo de siete días. El cierre de esa transacción está previsto para el próximo 16 de mayo, sujeta al cumplimiento de los tíérminos y condiciones habituales en este tipo de operaciones.
La entrega de los bonos estaba condicionada a la retirada de los pleitos que ambas partes se habían cruzado a raíz de la expropiación por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner realizada en 2012.