El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Iberdrola de que el litigio acerca del rechazo a la entrada de ACS en su consejo de administración quede terminado de forma anticipada debido a la píérdida de peso accionarial de la constructora en la elíéctrica. Esta decisión se ha producido en respuesta a un escrito remitido el pasado 14 de enero por Iberdrola en el que se pedía la finalización del proceso por «píérdida sobrevenida del interíés legítimo de la demandante», que es la sociedad Residencial Monte Carmelo (RMC), filial al 100% de ACS .
Esta sociedad, señalaba Iberdrola, había dejado de ser titular del paquete accionarial que le habría permitido contar con un consejero en la elíéctrica. El litigio trata precisamente de la decisión de la junta de Iberdrola de 2010 de impedir la participación de ACS en el consejo con el argumento de que había un conflicto «estructural y de competencia directo».
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Al analizar la cuestión, el Supremo ha tenido en cuenta los argumentos de la filial de ACS , que recuerda que el procedimiento debe responder estrictamente a la «existencia de una supuesta relación de competencia» entre las empresas que «incapacitaría» a la constructora para entrar en el consejo de administración, sin entrar en otras cuestiones.
ACS argumentó además que mantiene un «significativo interíés económico y accionarial en Iberdrola, donde cuenta con un 5,64% del capital, «por lo que sigue siendo uno de los principales accionistas del grupo, lo que justifica su interíés en continuar el procedimiento». Que RMC haya perdido el control de un paquete accionarial no implica una píérdida de interíés de ACS , ya que se trata de una «filial al 100%» de carácter «instrumental» que actúa «lógicamente en defensa de los intereses de su matriz», indicaba la constructora.
El grupo presidido por Florentino Píérez aprovechó además para acusar a Iberdrola de intentar «asfixiar económicamente a ACS y forzarle a vender su participación en la sociedad», al impedir la consolidación de las cuentas de la elíéctrica y obligarle a contabilizarla según su valor bursátil. Circunstancia que contribuyó a que ACS declarara en el primer semestre de 2012 unas píérdidas de más de 1.200 millones de euros. «Este hecho no sólo no era desconocido para Iberdrola, sino deliberadamente buscado por ella para asfixiar económicamente a ACS», argumenta esta empresa, antes de concluir que «la píérdida o reducción de la participación en Iberdrola no fue voluntaria, sino provocada por íésta».