El informe que maneja el Gobierno para justificar el relevo de Javier Monzón al frente de Indra tras 24 años en el cargo no sólo expone decisiones empresariales para hacerla más eficiente y rentable para los accionistas. El documento de la operación Getback acusa tambiíén al primer ejecutivo de usar la sociedad en beneficio propio.
“El presidente controla la compañía con una participación de tan sólo el 0,183%, haciendo suya la representación del free float –acciones que cotizan libremente– y controlando el consejo y todas las comisionesâ€, asevera el informe, que sostiene que Indra debe someter la estructura ejecutiva a una brusca cura de adelgazamiento. En este sentido, añade que “la estrategia ha sido fijada por el equipo directivo pensando más en sus intereses personales que en la creación de valor para el accionistaâ€.
La operación Getback flotó ayer en la reunión del consejo de administración que celebró Indra para convocar la junta general de accionistas del próximo 26 de junio. Monzón consiguió el respaldo de todos los consejeros nombrados por íél y tambiíén el de los dos que representan al Gobierno en nombre de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dueña del 20% del capital.
Había una gran inquietud por saber quíé votarían Juan Carlos Aparicio y Adolfo Meníéndez, en el consejo de administración desde el pasado verano cuando el Estado compró el paquete de Bankia. Lo hicieron a favor de proponer la reelección como presidente de Monzón, posición que desde Indra se interpretó como un apoyo total al actual primer ejecutivo. Otras fuentes próximas a la citada operación lo calificaron del “preludio de la tormentaâ€.
Una borrasca alimentada por el citado informe, en el que se denuncia que el criterio principal de Monzón ha sido “conseguir una compañía difícilmente opableâ€. “Se han realizado inversiones y adquisiciones para que a ningún competidor le interesase más del 30% de la compañíaâ€, apunta el documento, en el que se asevera que “las divisiones reales de gestión no se corresponden con las declaradas en los mercados de capitalesâ€, una situación que genera “discrepancias claras entre información de gestión pública e internaâ€.
Con ERE y sin dividendo
Desde los ministerios que han participado en el análisis de Indra se sostiene que la compañía puede ahorrar hasta 200 millones de euros en tres años. Un ajuste en dos fases que comenzaría con una reducción del 20% de los costes de estructura (73 millones), la venta de varias filiales españolas en píérdidas (16,1 millones), la eliminación de los números rojos en Latinoamíérica (18 millones), y un programa de desinversiones para reducir la deuda.
En este primer embate se podría hasta suspender el dividendo durante un año, lo que permitiría preservar 17 millones de la caja. Sobre este aspecto, el consejo ha propuesto a la junta general del próximo mes de junio la aprobación de un pago de 0,34 euros, la misma retribución de 2013, pero un 50% inferior a la que venía pagando hasta 2012.
En la segunda fase, el informe aconseja acometer un expediente de regulación de empleo (ERE) en la división de Operaciones, que supondría un ahorro de 30 millones. Tambiíén propone la unificación de los cargos de presidente y consejero delegado, una simplificación de la estructura de las filiales y un ajuste de gastos de alquileres y suministros.
Todo un plan que tiene como catalizador la segregación del negocio militar de seguridad y defensa, ya que es “la única parte de la compañía que otorga al Gobierno de España de una capacidad tutora muy importanteâ€. Los responsables del documento creen que “Indra por separado vale entre un 30 y un 70% más que su valor en bolsaâ€, si además el grupo se convierte en protagonista activo del proceso de reconversión sectorial en España y en Europa. “El objetivo es construir valor para el accionista, no perpetuar al equipo directivoâ€, concluye.
