Mientras Sacyr recupera poco a poco su estabilidad financiera, las aguas siguen revueltas entre los accionistas de referencia de la constructora. Unas diferencias que se pusieron de manifiesto en un reciente consejo de administración en el que se debatieron las nuevas retribuciones de sus miembros y la concesión de una indemnización al presidente en caso de cese.
Según indican fuentes próxima a Sacyr, en la citada reunión, que se celebró a principios de mayo, varios consejeros mostraron su oposición a la redacción de los nuevos estatutos de la compañía, especialmente el número 43, relativo a la “Remuneración de los Administradoresâ€. Como medida principal se adoptó la supresión de la cláusula según la cual los gestores no cobraban su salario cuando el grupo registraba píérdidas anuales, tal y como había ocurrido los últimos tres años.
Más aún, como el pago era mensual, como si fuese una nómina, los consejeros estaban obligados a devolver las cantidades cobradas si al cierre del ejercicio Sacyr no obtenía beneficios. Así sucedió en el trienio 2011-2013, periodo en el que la compañía tuvo que hacer aflorar minusvalías de 3.077 millones por la caída en bolsa de Repsol, la menor valoración de Vallehermoso y los problemas económicos en Panamá. A partir de ahora, tendrán un sueldo vitalicio con independencia de los resultados de la sociedad.
Pero el punto caliente del día fue la aprobación de una indemnización a favor del único consejero ejecutivo de Sacyr, Manuel Manrique, presidente del holding desde la salida forzosa de Luis del Rivero, traición incluida, en octubre de 2011. El número uno de Sacyr propuso, con el apoyo de Matías Cortíés, la aprobación de un blindaje salarial de cuatro años en el caso de que fuese destituido de sus funciones.
Teniendo en cuenta que Manrique cobró el pasado año 2,5 millones de euros, el presidente percibiría 10 millones en concepto de compensación en el caso de ser despedido. Para aprobar este concepto retributivo se tuvo que añadir un apartado al punto 2 del Artículo 43 que dice que se le abonará una indemnización “para el caso de cese no debido a incumplimiento imputable al consejero o dimisión por causas sobrevenidas ajenas al consejeroâ€.
La oposición de Loureda
El blindaje no gustó nada a Josíé Manuel Loureda, uno de los fundadores de Sacyr. El ingeniero, segundo máximo accionista del grupo, con el 8,42% del capital, hizo ver su oposición a esta medida, que se considera excesiva y contraria a las nuevas prácticas de gobierno corporativo. Fuentes oficiales de la compañía han indicado que no hay ninguna decisión tomada sobre la duración de la indemnización y que de momento se trata de un debate interno sobre el que prefieren no precisar.
Hasta el momento, Sacyr sólo tiene un blindaje para cuatro directivos, no consejeros. Pero en caso de despido la compensación sería “una cantidad equivalente al importe de una anualidad de su retribución fija bruta anual, la cual le sería abonada, en su caso, en dos partes iguales pagaderas una en el momento del cese y la segunda al año de producirse dicho ceseâ€. Además, este blindaje sólo es válido durante los dos primeros años del contrato de trabajo.
Fuentes cercanas a Sacyr sostienen que el apoyo de Matías Cortíés se debe a su afán dinerario. El afamado abogado, que en los últimos años ha facturado a Prisa cerca de 40 millones de euros por asesorarle en los pactos accionarles, le cobró un millón de euros a la constructora por sus servicios profesionales. Cortíés es el presidente de la comisión de retribuciones, de la que tambiíén forman parte Demetrio Carceller (máximo accionista con el 13%), Loureda y el Grupo Fuertes. El debate se cerrará en la próxima junta general de accionistas del 12 de junio.
