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Argentina hará hoy un descargo ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos a la que apeló por los fallos en su contra de un juez de Nueva York que favorece a los llamados fondos buitre.
La presentación será la última antes de que esa instancia judicial realice la conferencia el próximo 12 de junio para definir si acepta o rechaza tratar el caso o si solicita opinión al gobierno del presidente Barack Obama antes de emitir un veredicto sobre la cuestión.
Todo el litigio gira en torno al veredicto del juez neoyorquino Thomas Griesa, quien ordenó al gobierno argentino pagarle a los fondos NML, Aurelius y Olifant, el total del saldo más la suma acumulada de intereses de viejas deudas contraídas por Buenos Aires en los años de 1980 y 1990.
Esa decisión contradice el acuerdo de reestructuración para el pago de la deuda que alcanzó Argentina con el 93 por ciento de sus acreedores en 2005 y 2010. Los tenedores de bonos norteamericanos, que representan la minoría, rehusaron integrarse a esos acuerdos.
Lo peor en este caso es que Griesa falló que el gobierno argentino debía reembolsar a los prestamistas estadounidenses con los fondos que tiene asignado para saldar los adeudos con la mayoría de sus acreedores.
Las autoridades argentinas primero acudieron al Tribunal de Apelaciones de Nuevo York, pero este sostuvo el veredicto de Griesa. Y eso motivó que entonces elevara su reclamo a la Corte Suprema.
Incluso, instituciones crediticias internacionales temen que esa instancia avale tambiíén lo decidido por el juez neoyorquino, pues eso podría quebrar los acuerdos y compromisos de pago alcanzados por países deudores.
La defensa argentina sostiene lo que considera "tratamiento igualitario", o sea que los fondos buitre acepten la misma oferta con quita como hicieron la gran mayoría de los acreedores.
Advirtió, además, sobre el peligro que puede significar para las reservas del país si se ve obligado a cumplir con la sentencia, debido a la avalancha de juicios de bonistas del canje que podría llegar posteriormente.
En el peor de los casos, advierten analistas, el gobierno argentino podría verse obligado judicialmente a declararse en incumplimiento de pago.
Tambiíén están en peligro los acuerdos de 2005 y 2010 con los acreedores que ingresaron en los canjes reestructurados, y que el actual gobierno ha venido cumpliendo aun cuando son viejas deudas que no contrajo.
El descargo de Argentina en Washington se producirá un día antes que su ministro de Economía, Axel Kicillof, inicie con el Club de París las negociaciones sobre el pago de la deuda a ese grupo crediticio.
