La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en una sentencia del 26 de mayo conocida este miíércoles, ha avalado en su mayor parte el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado en el Grupo Liberbank, al entender que concurren "claramente" causas económicas y productivas, puesto que tuvo unas píérdidas en 2012 de 1.933 millones de euros, debido al deterioro de activos, al endurecimiento de la legislación sobre los criterios de provisiones para activos y al proceso de "desconsolidación inmobiliaria" a travíés de la Sareb. Liberbank, la entidad financiera que integra las antiguas Cajastur, CCM, Caja Cantabria y Caja de Extremadura, recibió recursos públicos de 1.806 millones de euros.
Según explica la sentencia, la regulación de empleo fue pactada el 27 de diciembre por la empresa con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF, que representan al 78,20% de los trabajadores, para el periodo 2014-2017 y no conllevaba despidos. El acuerdo suponía la suspensión de puestos de trabajo de forma temporal, la rebaja de salarios, la supresión de beneficios y ventajas sociales (seguro míédico, pagas por nacimiento, matrimonio o defunción, cesta de Navidad o seguro de vida colectivo), así como actuaciones para la movilidad geográfica.
Este acuerdo fue impugnado por el Comitíé de Oficinas de Liberbank en Asturias y por varios sindicatos, entre los que se encuentra CSICA, al entender que las condiciones laborales impuestas eran "improcedentes, discriminatorias y desproporcionadas". Además, argumentan que este segundo acuerdo (posterior a otro que fue tumbado en los tribunales) se realizó a espaldas de parte de la representación de los trabajadores. Miguel íngel Rodríguez, portavoz de CSICA, recuerda que las medidas impuestas y ahora avaladas por el Supremo suponen unos recortes en personal de 130 millones de euros anuales en el periodo 2014-2017.
Según Liberbank, que tuvo que pactar este segundo ajuste tras la anulación del primero en noviembre de 2013, el número de trabajadores "potencialmente afectados" por las medidas asciende a 5.447, distribuidos en 1.629 centros de trabajo en 14 comunidades autónomas.
La Sala de lo Contencioso avala esas medidas aplicadas por Liberbank al concurrir "claramente" causas económicas y productivas. Se trata, dicen los magistrados, "de conseguir un ahorro de costes que le permitiera asegurar el repunte del negocio, la devolución de las cantidades prestadas y la vuelta a los beneficios". El CSICA, sin embargo, aprecia que esas causas económicas no pueden justificar recortes durante cuatro años y anuncian que recurrirán la sentencia.
El fallo, argumenta que pese a que es un periodo "muy prolongado", si no se hubieran tomado "medidas para reducir sus costes (...) devendría en crisis estructural que pondría en serio riesgo la pervivencia del empleo y la propia pervivencia de la empresa, por lo que el despliegue de las medidas tomadas, cuya dureza es incuestionable, no puede calificarse claramente de excesivo o desproporcionado".
La Sala rechaza y anula, en cambio, la supresión de las aportaciones a los planes de pensiones de los trabajadores durante tres años por ser contrario a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. El CSICA cuantifica en 20 millones anuales estas aportaciones, por lo que en todo el periodo del ERE serían 80 millones los que ahora tendrá que aportar Liberbank.
La sentencia cuenta con un voto particular discrepante, que sostiene que la Audiencia debía esperar a que el Tribunal Supremo resolviese sobre un procedimiento entre las mismas partes y con el mismo objeto.
