La Agencia Tributaria ya ha remitido su informe al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y certifica que el Fútbol Club Barcelona cometió un delito fiscal al defraudar a las arcas del Estado 9,2 millones de euros en el fichaje del futbolista Neymar Da Silva, según confirman fuentes de la investigación.
El club ya devolvió el dinero, sin embargo la Agencia Tributaria reconoce que efectivamente ocultó a Hacienda ese dinero, algo más de lo que estimaba en principio la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el propio juez.
Ruz ha citado como imputados para el próximo 13 de junio al expresidente del Barcelona Sandro Rosell y al representante legal del club Antonio Rossich en relación al presunto delito fiscal. En una providencia, se cuantifica el importe de las retenciones no ingresadas en plazo por el FCB, por las rentas devengadas en relación al deportista profesional Neymar da Silva Santos por el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes y por el IRPF en las cantidades de 2,4 millones de euros para el ejercicio 2011 y de 6,7 para 2013. Además, el magistrado indica que Hacienda constata con salvedades, la posible defraudación de otros 2,6 millones de euros para el ejercicio de 2014.
Por otro lado, pregunta a las parte si procede abrir un procedimiento contra las personas que intervinieron en los contratos del jugador, es decir el padre de Neymar, el actual presidente, Josep María Bartomeu y el vicepresidente Javier Faus. Además, requiere el desglose de las rentas declaradas y las retenciones ingresadas en virtud de la regularización voluntaria extemporánea efectuada por el Barí§a en febrero de 2014 por el importe total de 13,5 millones de euros. El juez tambiíén cita, en calidad de testigo, a los peritos de Deloitte que elaboraron los informes de auditoría de cuentas anuales del FCB en 2012 y 2013, quienes deberán aportar ante el Juzgado los papeles de trabajo y documentación relacionada en míérito a la cual se elaboraron tales informes.
Ruz ya había imputado al FC Barcelona como persona jurídica por un presunto delito contra la Hacienda Pública, cometido en el fichaje ante las sospechas de que pudo defraudar 9,1 millones de euros -ahora cantidad elevada- y no tributado por un importe total 37,9 millones de contratos suscritos en 2011 y 2013.
De la instrucción se extrae que existen "indicios suficientes para la investigación acerca de la posible comisión del delito contra la Hacienda Pública por parte de la entidad FC Barcelona". Tras estas imputaciones, el juez había requerido diversa documentación a la Agencia Tributaria y a las sociedades del padre del jugador. Concretamente requería las declaraciones voluntarias de liquidación de impuestos de 2011, 2012 y 2013 del club barcelonista relacionadas con este fichaje y que certifique si íéste último se consideraba a efectos fiscales como "no residente en 2013 con la obligación de tributar en España o, en su caso, debía hacerlo en Brasil".
Tambiíén solicitó un informe sobre la incidencia fiscal de esas transacciones económicas, que calculara la cuota supuestamente defraudada y, en su caso, hiciera una propuesta de regularización fiscal. Otros de los documentos requeridos al padre de Neymar fueron los Estatutos de las cuatro sociedades en las que aparece como representante legal para saber su objeto social y las declaraciones tributarias en los ejercicios de 2011 y siguientes.
Según un auto de Ruz, las cantidades económicas abonadas por el FC Barcelona que excedieron el pago al club cedente, el Santos, por la adquisición de los derechos federativos del jugador, "se abonaron además a otras sociedades aparentemente vinculadas al jugador" y "podrían responder a una mayor retribución teniendo en tal caso la consideración de rendimientos el trabajo y debiendo tributar por este concepto".
