El trato de favor a tres de sus principales clientes le va a salir muy caro a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). La entidad presidida por Josíé Luis Acosta –el sucesor de Antón Reixa y Eduardo Teddy Bautista– negocia contra reloj y entre bastidores con la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) para evitar que el órgano regulador le imponga una sanción ejemplarizante por haber aplicado descuentos en sus tarifas a TVE, Telecinco y Antena 3 en detrimento de sus competidoras. Para sortear la multa –y el escándalo, que socavaría aún más su ya maltrecha imagen pública–, la SGAE deberá desembolsar 28 millones de euros para resarcir a las demás cadenas públicas y privadas, según han confirmado a El Confidencial fuentes muy cercanas a la sociedad de autores.
La CNC abrió en junio de 2013 un expediente sancionador a la SGAE por "posibles prácticas restrictivas de la competencia" en la gestión de los derechos de propiedad intelectual. El "abuso de su posición de dominio", según la CNC, consistiría, por un lado, en la "fijación por la SGAE, a travíés de sus acuerdos con determinados operadores de televisión, de condiciones que podrían restringir injustificadamente" la capacidad de otras cadenas para decidir "autónomamente" los contenidos musicales que ofrecen en sus programas; y por otro, en los descuentos aplicados a ciertas televisiones, con "criterios discriminatorios y poco transparentes", en la "remuneración de los derechos de reproducción" por la emisión de esos mismos contenidos.
El origen del conflicto se remonta a finales de 2012. Muchas televisiones emitían entonces en horario nocturno piezas musicales de su propiedad para generar un retorno en derechos de autor que compensase parcialmente las elevadas tarifas que deben pagar a la SGAE por ese mismo concepto. Para amortiguar el descenso de ingresos por vías tradicionales, como la venta de discos, un puñado de socios de la SGAE comenzó a registrar temas de música clásica libres de derechos, a veces limitándose a cambiar unas pocas notas, que luego vendían a las cadenas para su emisión en la franja nocturna. Reixa, entonces presidente de la sociedad, denunció en público y en privado las "prácticas sectarias" de esos socios, que, en su opinión, se repartían en exclusiva todo el negocio.
Para acabar con esa supuesta trama comisionista, Reixa se sacó de la manga un "código de buenas prácticas" y negoció con TVE, Telecinco y Antena 3 una rebaja sustancial de las tarifas que pagan a la SGAE a cambio de que emitiesen como máximo un 33% de música de su propio catálogo. Es decir: que dejasen de contratar a los autores señalados por el dedo acusador de Reixa, cuya actividad llegó a calificar de "fraudulenta". Los aludidos, encabezados por el músico Juan Márquez –excantante del grupo Coz y exdirector de Emi Music en España– denunciaron entonces a Reixa ante la CNC. Y el órgano regulador abrió un expediente sancionador por considerar que el código de Reixa podría vulnerar la libre competencia.
Cuando se cumple un año desde que la Dirección de Investigación de la CNC abriese el expediente –la instrucción puede prolongarse un periodo máximo de 18 meses–, la cúpula de la SGAE, resignada a que el pago de la millonaria sanción es inevitable, ha decidido abrir un proceso negociador con el organismo regulador para fijar los tíérminos y condiciones en los que deberá devolver al resto de las cadenas de televisión los 28 millones de euros cobrados de más en beneficio de TVE, Telecinco y Antena 3. De esta forma, la SGAE eludirá el desembolso de una multa aún mayor y, de paso, el estigma de una nueva violación de la libre competencia.
Según las fuentes consultadas por este diario, la CNC y la SGAE están a punto de cerrar lo que tíécnicamente se conoce como terminación convencional, una fórmula mediante la cual el órgano de defensa de la competencia pone fin a un procedimiento sancionador siempre que el infractor, además de compensar económicamente a los perjudicados, se comprometa a corregir las prácticas que dieron origen al expediente y, de esta forma, "quede garantizado suficientemente el interíés público". Un portavoz oficial de la CNC evitó ayer confirmar o desmentir esas negociaciones, limitándose a señalar que el procedimiento "aún está en fase de instrucción".
