La Junta de Andalucía reclama 1,8 millones de euros en firme al sindicato UGT por ayudas mal justificadas concedidas desde la Dirección de Políticas activas de Empleo entre el 2010 y el 2011. Se trata de dos expedientes de los veintiuno que la central tiene abiertos en el Ejecutivo autonómico para revisar el uso indebido de algunas ayudas, cuantificadas en 15,2 millones de euros. La investigación interna, abierta tras destaparse el escándalo de las facturas falsas en la organización sindical, va paralela a la que realiza el juzgado de Mercedes Alaya, que además de los ERE instruye una causa bajo secreto de sumario sobre la gestión del sindicato.
El consejero de Economía, Josíé Sánchez Maldonado, que ostenta las competencias en materia de Empleo, acudió este miíércoles a la comisión parlamentaria para dar cuenta del estado de los expedientes, aunque como le reprocharon IU y PP, ofreció datos incompletos e incluso confusos y no aclaró si se exigirán responsabilidades a los responsables sindicales. De hecho, fue IU quien cuantificó el montante total de los 21 expedientes abiertos, y posteriormente criticó que se exhiba como “hazaña de colaboración†haber dado una información que han solicitado los tribunales. Así, los socios de gobierno lamentaron la falta de mecanismos de control desde hace tiempo en un área que “es un desastreâ€, y subrayaron que se ha estado actuando siempre a remolque de peticiones judiciales o policiales.
El escándalo por las irregularidades contables de UGT, mezclado con un duro ERE interno, abrió el sindicato en canal y acabó costando la cabeza de su secretario regional, Francisco Fernández Sevilla. Las informaciones filtradas internamente desde la central pusieron de manifiesto cómo se gastó dinero de formación para desempleados y trabajadores en comilonas en la Feria u organización de actos sindicales, incluyendo maletines falsificados para repartir en un congreso. Hasta el momento el sindicato ya ha devuelto dos facturas cobradas indebidamente por valor de 25.000 euros.
A esta cantidad se suman ahora el 1.800.722 euros correspondientes a dos ayudas por un total de 10,2 millones de euros concedidas entre 2010 y 2011. Es decir, deberá devolver el 17,5 por ciento de la subvención, aunque la cantidad podría aumentar en breve. Y es que la consejería está a punto de terminar los trámites de otros dos expedientes por irregularidades en fondos de los programas de asesoramiento laboral de los años 2009 y 2010. Unas anomalías cuantificadas inicialmente en otros 1,8 millones de euros, aunque falta por ver cuanto puede justificar UGT. Son los informes de reintegro más avanzados, dado que quedan otros 16 en distintas fases de alegaciones por parte de la central, y uno más en fase inicial de validación de la justificación. La documentación referida a parte de estos expedientes ya está en manos de la jueza Alaya, según Sánchez Maldonado, quien defendió en varias ocasiones la “transparencia y rigor†de su departamento.
