La construcción del AVE Madrid-Barcelona costó un 31,4% más de lo previsto, más de 1.700 millones de euros adicionales, y todo ello pese a que en el proceso de adjudicación de contratos se habían conseguido ahorros respecto a los precios de licitación de los diferentes proyectos.
Así lo señala el Tribunal de Cuentas en el 'Informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea fíérrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrolladas desde el 1 de enero de 2002 y hasta la puesta en funcionamiento de la línea'. este documento ha sido presentado por el presidente del organismo, Ramón ílvarez de Miranda, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Según ílvarez de Miranda, la construcción de los 621 kilómetros de línea ferroviaria que separan la capital de la Ciudad Condal fue adjudicada por 7.235 millones de euros. Sin embargo, el coste final del proyecto ascendió a 8.967 millones de euros, lo que supone un desvío global del 31,4% respecto del precio de adjudicación, un sobrecoste de 1.732 millones de euros. Con esto, cada kilómetro de la línea salió a 14,4 millones de euros.
n concreto, los contratos de obras recibieron 5.406 millones de euros, un 10% menos de lo licitado inicialmente. Sin embargo, este ahorro se convirtió finalmente en un sobreprecio del 35,5%, ya que el monto total de las obras se acabó elevando a 7.326 millones y retrasando 4,5 meses de media los diferentes plazos.
El Tribunal critica duramente la actuación del presidente del extinto Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), organismo antecesor de Adif, por haber realizado un "uso abusivo" de la facultad que tiene de iniciar los expedientes de obra por razones de urgencia, un procedimiento que utilizó en todos los casos, saltándose así al órgano de contratación regular, que es el consejo de administración."Dicha urgencia alegada no se ha podido apreciar ya que todos los contratos fueron tramitados por el procedimiento ordinario del concurso abierto, sin reducción de plazos", añade.
Con respecto a los contratos de asistencia tíécnica, en el global de los años de construcción del AVE entre Madrid y Barcelona (de 1993 a 2008) se gastaron 474 millones de euros, un 27,4% más de lo previsto. Según ílvarez de Miranda, tanto los desvíos presupuestarios como los retrasos en los plazos de ejecución (que a su vez conllevan sobrecostes generalmente) se concentraron de forma mayoritaria en los últimos años de ejecución de las obras, en parte por la mayor dificultad de esos proyectos.
Atendiendo únicamente al periodo fiscalizado en este informe, entre los años 2002 y 2008, el proyecto sumó un desvío presupuestario del 43,2%, pasando de 2.600 a 3.722 millones de euros.
En concreto, los contratos de obras pasaron de 2.029 millones a 3.036 millones (+49,6%), con algunos casos concretos como el de la construcción de la plataforma del tramo Hospitalet-La Torrassa, que vio aumentar el precio de adjudicación del contrato un 229,6%. Unos cambios que Adif rechazó y por los que la UTE adjudicataria acabó siendo declarada responsable de daños y perjuicios por valor de 34,25 millones de euros, una cantidad que, según ílvarez de Miranda, ha sido descontada parcialmente por Adif de sus pagos (26,7 millones), mientras que el resto está pendiente de la resolución judicial del último recurso.
El Tribunal de Cuentas considera además que en muchas ocasiones los modificados del contrato inicial "no cumplían los requisitos" legales, ya que se justificaban por necesidades nuevas o causas imprevistas cuando se trataba de "cuestiones de las que ya se tenía conocimiento antes del inicio de las obras o derivadas de una defectuosa ejecución de las mismas". En otros casos se calificaron como obras complementarias lo que en realidad eran modificaciones del objeto del contrato.
En cuanto a los contratos de suministros entre 2002 y 2008, se pagaron 229,8 millones de euros, un 7,5% más de los que 214 millones inicialmente previstos, a pesar de que "tanto GIF como Adif habían justificado la contratación independiente de los suministros con la finalidad de adaptar los ritmos de fabricación y transporte de los suministros al de ejecución de las obras".
Por su parte, los contratos de consultoría y asistencia tíécnica entre 2002 y 2008 superaron en un 25,4% el precio inicial de 154 millones de euros, al llegar a los 194 millones por modificaciones, prórrogas y ampliaciones de plazo.
Mención particular merece el caso de las contrataciones con la sociedad Tecnología e Investigación Ferroviaria, S.A. (TIFSA), propiedad mayoritariamente de Adif y que, pese a no poder participar en los concursos de su matriz y de estar limitada en la contratación con el Ministerio, acabó siendo adjudicataria de 62 de los 171 contratos de consultoría por 84 millones, además de beneficiarse de otros tres contratos por 16,2 millones por participar en UTEs.
Junto a esto, se aprovechó de los contratos obtenidos por la sociedad mercantil estatal Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO) en virtud de un acuerdo de colaboración tíécnica, por lo que el 45,8% del importe total de los contratos de consultoría se adjudicó a TIFSA, en solitario o con otras empresas, y el 81% de esos contratos fueron encargos directos" a pesar de que ese míétodo no reportaba ningún ahorro a Adif, frente al 19,3% de reducción media de precio conseguida con las licitaciones.
A resultas de este informe, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió diligencias preliminares para determinar "las circunstancias en las que se produjeron los hechos, la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales públicos" en aras de "poder ejercitar las acciones encaminadas a exigir su resarcimiento".
En concreto, se han abierto diligencias por presuntas irregularidades por incidencias en la ejecución de cuatro proyectos, correspondientes a los tramos Hospitalet-La Torrassa, La Torrassa-Sants, Castellbisbal-Papiol y Hospitalet-Can Tunis, con modificados y complementarios por valor de 168,5 millones.
Además, tambiíén están en fase de instrucción las actuaciones relativas a la falta de imposición de penalizaciones por incumplimiento de compromisos de los contratos de suministro y transporte de traviesas, de suministro de plataformas para el cambio de ancho de trenes de viajeros de tecnología Talgo, de instalación de descongelación de rodales, y de medidores de parámetros, que se vieron incrementados un 134,7% de media.
En cualquier caso, ílvarez de Miranda ha asegurado que ni el Fiscal ni la Abogacía del Estado han exigido responsabilidades penales por ninguno de estos hechos, y opina que no es necesario modificar la ley para evitar los problemas señalados, sino únicamente cumplirla.
