Nuevo golpe de efecto contra los paraísos fiscales —o algo que se le parece mucho— en la eurozona. La Comisión Europea abrirá hoy una investigación formal contra Irlanda, Holanda y Luxemburgo por los acuerdos fiscales que tienen con dos grandes multinacionales estadounidenses y una europea. Las fuentes consultadas en el Ejecutivo comunitario explicaron a este diario que Bruselas pondrá la lupa sobre los acuerdos del Gobierno irlandíés con el gigante tecnológico Apple, los pactos entre el Ejecutivo holandíés con la multinacional del cafíé Starbucks, y los de Luxemburgo con una financiera del grupo automovilístico italiano Fiat, tras un examen inicial que confirma que puede haber problemas.
Bruselas lleva tiempo tratando de echar mano a la competencia fiscal desleal de varios países, pero carece de un mandato claro para eso: la fiscalidad es competencia de los socios europeos. La Comisión, sin embargo, ha encontrado una rendija a travíés del área de Competencia para perseguir prácticas que benefician a algunas multinacionales y les permiten activar prácticas de ingeniería fiscal para ahorrarse el pago de centenares de millones de euros en impuestos.
El departamento que dirige Joaquín Almunia aprobará hoy la apertura de la citada investigación formal, tras un año recabando pruebas. En la cumbre de mayo de 2013, los Veintisiete (antes de incorporar a Croacia) ya pactaron combatir la denominada "planificación fiscal agresiva y la deslocalización de beneficios", que permiten a Apple pagar el 2% —o incluso menos— de impuestos con unos ingresos que ascienden a decenas de miles de millones de euros. Competencia inspecciona ahora esos casos ante las primeras evidencias de que los tres países conceden ayudas selectivas a unas empresas y no a otras. Hace un año, la Comisión envió cartas a los tres Gobiernos, pero la apertura de un proceso va un paso más allá, y en caso de confirmarse ese tipo de prácticas podría suponer que los Estados investigados se vieran obligados a recuperar los ingresos no recaudados.
Bruselas no pone en duda la legalidad de los acuerdos que en la jerga financiera anglosajona se denominan tax rolling: lo que cuestiona es la forma de aplicarlos. La fórmula es relativamente sencilla: las multinacionales tienen filiales que comercian entre sí, de manera que se producen transferencias dentro de la propia empresa para que, por lo general, se acabe tributando por los beneficios en el país con menores impuestos. El importe de esas transferencias se fija a un precio que se calcula con un míétodo generalmente validado por la OCDE. Los Gobiernos pueden firmar ese tipo de pactos con las empresas. Pero Competencia ha detectado que en esos casos los tres países podrían estar aplicando incorrectamente el míétodo, o dando esa ventaja a las tres multinacionales pero no a otras firmas.
Junto con esa investigación, Bruselas tiene un compromiso para batallar contra la ingeniería fiscal, con un nuevo marco legal europeo que formalice las relaciones entre los grupos matrices y sus empresas filiales, que usan los acuerdos para evitar la doble imposición como un coladero para no pagar impuestos, al final, en ningún lado. El Senado de EE UU, por ejemplo, ya ha acusado a Irlanda de dar un tratamiento fiscal especial a Apple, lo que le permitía eludir el pago de impuestos en todo el mundo, una acusación que ha rechazado de plano el Gobierno irlandíés, a quien ahora le crecen los problemas en Bruselas.
