El Ministerio de Hacienda está negociando con Bruselas fórmulas de para evitar que los más de 7.700 millones de inversión pública que prevíé el Plan para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia que aprobó el pasado viernes el Gobierno, compute como díéficit.
Aunque tanto portavoces de Moncloa como la propia vicepresidenta del Gobierno aseguraron que el plan aprobado no tendrían repercusión en los objetivos de consolidación fiscal, ayer responsables del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro reconocían que se han iniciado negociaciones con la Comisión Europea para "intentar que el impacto de las medidas en el díéficit sea mínimo".
Y es que de los 11.049 millones de euros que pretende movilizar el Gobierno para el crecimiento y la competitividad en los dos próximos años, sólo el 30 por ciento se pretende cubrir mediante financiación privada, mientras que el 70% del total, algo más de 7.700 millones, corresponde a la aportación pública. Cantidad íésta de la que el 30% son los fondos que aportarán directamente los Presupuestos Generales del Estado, y el 40% se financiará con los fondos comunitarios.
El problema está en que la normativa de Bruselas exige a los gobiernos destinatarios de los fondos comunitarios que adelanten el importe de las cantidades solicitadas para los proyectos aprobados, por lo que el Ejecutivo español debería computar como gasto tanto los más de 3.000 millones de aportación propia como los 4.000 de financiación comunitaria, aumentando de esta forma el díéficit.
Un desfase que desde Madrid quiere evitarse y para lo que se han iniciado ya conversaciones con los responsables de la Comisión que permitan mejorar el sistema de certificación de los proyectos y el adelanto de las devoluciones del gasto ejecutado para realizarlos.
"Lo que se pretende es cambiar la plurianualidad actual en el sistema de devolución del dinero anticipado por el de la anualidad presupuestaria" para evitar el impacto del desfase sobre el díéficit , afirma un alto dirigente de Hacienda, aunque reconocía que "es difícil" pero se puede conseguir.
Por otra parte, los responsables de Hacienda explicaron tambiíén que el plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia podría movilizar 14.364 millones, 3.315 millones más de lo previsto inicialmente, si se suman las comunidades autónomas a las acciones que va a llevar a cabo el Gobierno central.
Apoyo de las autonomías
Para ello el Gobierno va a proponer a las comunidades que se coordinen con la Administración Central para desarrollar las mismas actuaciones y conseguir un efecto superior en toda la economía nacional. Sin embargo, la adscripción de las comunidades al plan será voluntaria y se tratará ya en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Como adelantó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el plan tiene por objetivo aumentar la financiación de la economía productiva, mejorar la regulación de la financiación y la reestructuración de las empresas, favorecer el crecimiento con respeto al Medio Ambiente, fomentar el funcionamiento competitivo de los mercados, apoyar la competitividad industrial, impulsar la I+D+i empresarial y fomentar la internacionalización de la economía española.
Estos objetivos se concretarán a travíés de una serie de instrumentos financieros, entre los que destaca el destinado a restablecer las condiciones de príéstamo a la economía productiva, se desarrollará la línea ICO Innovación dotada con 324 millones y la iniciativa pymes, con 2.535 millones más 665 millones de las comunidades.
Con el objetivo de impulsar la I+D empresarial, se destinarán 2.200 millones para financiar proyectos de I+D en las empresas, 180 millones para financiar la innovación, 100 millones para la innovación global y 1.140 millones para el fondo colateral.
Para reducir el consumo energíético, se destinarán 892 millones a la edificación (y hasta 400 millones en el caso de las comunidades), 828 millones a la industria y 175 millones al transporte. Mientras que la depuración de aguas residuales en los entornos urbanos incluirá una partida de 1.000 millones y hasta 600 millones más en el caso de las comunidades.
Todas estas iniciativas suman los 9.374 millones que se financiarán a travíés de los fondos europeos a las que habría que incluir los 2.315 potenciales correspondientes a las comunidades autónomas.
Fuera de estos fondos, se destinarán 1.000 millones a la reindustrialización, 405 millones al plan Pima transporte, 250 millones a la colaboración público-privada en puertos, 10 millones al Plan Pima Aire y otros 10 millones a l programa Movele para el empleo joven.
