El juez Castro imputará a la Infanta Cristina por blanqueo de capitales y cooperación en los dos delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008. Lo más probable es que el auto se conozca esta semana, previsiblemente pasado mañana.
Estos dos delitos comportan penas de hasta once años de cárcel: seis el de blanqueo de capitales, cinco el de cooperación en un delito contra la Hacienda Pública. El hermetismo del magistrado es total pero la orientación de su auto está clara para la Fiscalía, que ya prepara un recurso al entender por eníésima vez que la hermana del Rey es inocente. La resolución podría tener que retrasarse de nuevo si, como se comenta en ámbitos jurídicos, Iñaki Urdangarin pide declarar para autoinculparse y exonerar a su mujer.
Todo indica que, salvo sorpresas de última hora en forma de recursos de algunas de las partes -Iñaki Urdangarin, por ejemplo-, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, Josíé Castro, dictará esta semana el auto de pase a procedimiento abreviado, en el cual señalará con nombres y apellidos los ciudadanos que se sentarán en el banquillo por la trama urdida por el duque de Palma y su socio, Diego Torres, para saquear las arcas públicas de tres comunidades autónomas y varios ayuntamientos.
Lo más probable es que el instructor haga público el auto pasado mañana. Y no por esperada, la gran sorpresa será la determinación del magistrado de sentar en el banquillo a Doña Cristina. Tal y como hiciera en el auto de imputación, Josíé Castro le acusará de blanqueo de capitales al haber dispuesto y gastado el dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que comparte al 50% con Iñaki Urdangarin. Eso sí: esta vez no le acusará de delito fiscal propiamente dicho, como hizo el 7 de enero, sino de cooperación en los dos presuntamente cometidos por su marido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios 2007 y 2008 -182.000 euros defraudados en el primero, 155.000 en el segundo-.
El papel de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción da por hecho que el auto sentará en el banquillo a la duquesa de Palma por estos dos delitos. Tan es así que tiene preparado ya el recurso para presentarlo en los cinco días hábiles de plazo que otorgará el instructor a las partes para que apostillen lo que crean conveniente antes de decretar la apertura de juicio oral.
Josíé Castro sigue de esta manera la senda que le trazó la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en la políémica resolución del 7 de mayo del año pasado. En ella, además de desimputar a la Infanta dando lugar a la denominada doctrina Borbón, se le conminó a investigar si la hermana del Rey había incurrido en un delito fiscal y en otro de blanqueo de capitales.
El presidente de la Sección, Diego Gómez-Reino, resolvió de esta salomónica manera la patata caliente que le había dejado encima de la mesa la Fiscalía Anticorrupción al considerar que no había indicios para atribuir a Cristina de Borbón tráfico de influencias. Josíé Castro imputó por primera vez a la Infanta el 3 de abril de 2013, porque opinaba que había permitido conscientemente la utilización de su condición de miembro de la Familia Real para facilitar los pelotazos que su marido y Torres consumaron en el Govern balear, la Generalitat Valenciana, el Gobierno autonómico catalán, varios ayuntamientos y un sinfín de compañías.
El juez instructor sostiene que Cristina de Borbón facilitó los delitos fiscales de su marido al permitir que tributase vía Aizoon, y no a travíés de su IRPF, las ganancias obtenidas de diversas entidades privadas y públicas en los ejercicios fiscales 2007 y 2008. Hay que recordar que la sociedad limitada familiar de los duques de Palma percibió más de un millón de euros de empresas privadas (Havas, Mixta ífrica, Pernod Ricard, LVHM, la compañía de armamento Lagardí¨re y Aceros Bergara) a cambio de nada. El problema no es íése, toda vez que son sociedades privadas y son los accionistas quienes deben pedir cuentas del destino del dinero. El quid de la cuestión es que Urdangarin no tributó estas ganancias en su IRPF sino que las declaró en Aizoon, con lo cual se ahorró ilegalmente casi 15 puntos de tributación.
El blanqueo le cae a la Infanta por haber aceptado, dispuesto y gastado parte del millón de euros públicos que Iñaki Urdangarin desvió desde el Instituto «sin ánimo de lucro» Nóos a Aizoon. Hay que recordar que Cristina de Borbón empleó parte de esos fondos en la remodelación del palacete de Pedralbes, en la compra de obras de arte, en clases de salsa y merengue, en cumpleaños infantiles; es decir, en cuestiones que nada tienen que ver con la actividad normal de una sociedad.
Castro tampoco descarta la posibilidad de que la justiciable Borbón sea responsable de un delito fiscal en Aizoon, que en 2007 habría defraudado 120.700 euros. La cuota que marca el umbral entre falta y delito fiscal es precisamente de 120.000 euros. Hacienda dio como buenas tres facturas falsas por un importe total de 69.990 euros, librando así a la Infanta de responsabilidad penal.
