La supuesta manipulación de precios que la CNMC investiga en Iberdrola se fundamenta con un claro objetivo: demostrar que la empresa actuó por despecho y en señal de represalia por los incumplimientos del Gobierno a la hora de asumir una parte del díéficit de tarifa vía Presupuestos del Estado. El expediente incoado la pasada semana tiene, en consecuencia, una clara motivación política y no sólo va a cuestionar la conducta de la compañía elíéctrica sino que, sobre todo, va a poner a prueba la independencia del llamado supervisor mayor del Reino.
La investigación sobre Iberdrola se ha convertido en la gran reválida de la CNMC, una entidad que lleva grabado en la piel el sello de su autonomía orgánica y funcional, tal y como se destaca en el mismo frontispicio del organismo regulador en internet. La situación es ahora especialmente compleja porque la batalla de influencias que mantienen Iberdrola y el Ministerio de Industria impide cerrar el expediente sin dejar un claro y peligroso saldo de vencedores y vencidos. El empate tíécnico no va a satisfacer a nadie y esta vez, como en las grandes finales, sólo uno puede ganar el desafío.
La CNMC ha tratado de abordar el políémico encargo del Gobierno invocando la antigua Ley del Sector Elíéctrico, que confiere al regulador atribuciones mucho más limitadas que las derivadas del texto normativo actualizado a finales de diciembre pasado. El instructor del expediente se ha agarrado al argumento de la fecha en la que tuvieron lugar los hechos investigados para abordar una investigación que, en el peor de los casos, se resolverá con una sanción de 30 millones de euros para Iberdrola.
El problema para la empresa elíéctrica, más allá de la cuantía final de la multa, reside en el quebranto de su reputación social y corporativa. Iberdrola puede quedar marcada para los restos con la ‘letra escarlata’ de lo que se entiende legalmente como una manipulación fraudulenta, lo que supondría un comportamiento reprobable que puede hacer mucho daño en la actividad mercantil de una compañía de naturaleza privada pero responsable de un servicio público dentro de un mercado regulado.
El Gobierno está dispuesto a poner contra las cuerdas al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en su papel de primer ejecutivo plenipotenciario de la compañía y la CNMC ha tratado de sacudirse el polvo de las sandalias con una investigación de cara a la galería, pero de consecuencias imprevistas dado el cariz de los acontecimientos. Según ha podido constatar El Confidencial en fuentes oficiales de toda solvencia, el organismo regulador parte de una premisa que relaciona el salto de los precios de la electricidad con la decisión del Ministerio de Hacienda de reventar la reforma elíéctrica anunciada por el Ministerio de Industria.
Crónica de un esperpento
La secuencia de los hechos que analiza la CNMC pone de manifiesto las sospechas que alientan el proceso de la investigación. Fue el jueves 28 de noviembre cuando las empresas conocieron oficialmente que el Gobierno había dado marcha atrás en los compromisos adoptados meses atrás para asumir una parte del díéficit de tarifa elíéctrica. El ministro Soria convocó ese día a los principales ejecutivos del sector para comunicarles que las restricciones presupuestarias impuestas por Cristóbal Montoro imposibilitaban la financiación estatal de hasta un total de 3.600 millones de euros que deberían ser cargados contra el propio sistema elíéctrico.
Los responsables de Industria se ofrecieron a buscar alternativas que facilitasen la titulización de la nueva deuda, pero las compañías corrieron raudas a protestar ante el propio ministro de Hacienda. La conclusión fue que sólo cuatro días despuíés, el 2 de diciembre, los precios de la electricidad empezaron a dispararse de manera alarmante en el mercado mayorista, provocando la llamada ‘ciclogíénesis explosiva’ que dio lugar al escándalo de la subasta elíéctrica del 19 de diciembre.
El presidente, Mariano Rajoy, intervino directamente para evitar el tarifazo del 11% que se anunció en el recibo de la luz de finales de año, pero el Gobierno quedó en evidencia ante la comunidad financiera y los analistas internacionales del mercado energíético. De ahí el intento de buscar alguna cabeza de turco que justifique el esperpento. La CNMC dispone de 18 meses para encontrarla, pero debe darse prisa porque la sombra de la duda se cierne ahora sobre su capacidad regulatoria y, como dice el dicho, quien se mete a redentor, aunque sea por obligación, suele terminar crucificado.
