La Junta General del Principado es uno de los nueve parlamentos regionales españoles que en proporción a su número de parlamentarios cuestan más que el Congreso de los Diputados. El presupuesto de la cámara autonómica en 2014 -13,8 millones de euros- sale a 307.577 euros por escaño y año, más de 68.000 por encima del precio que, según la misma cuenta, tendría en este ejercicio cada uno de los 350 asientos del Congreso. La asturiana es la undíécima asamblea regional del país por su coste total y la antepenúltima en número de parlamentarios, pero figura en la sexta posición y es la primera comunidad uniprovincial en esta clasificación que resulta de dividir el gasto global de las instituciones -no sólo el que se llevan los cargos políticos- por su cifra de diputados.
Figura en este capítulo Asturias lejos de los 431.871 euros que cuesta cada uno de los 75 escaños del parlamento vasco, los más caros del país por delante de los 431.871 del catalán, el segundo de mayor quebranto para las arcas públicas, el más costoso en tíérminos absolutos con casi 57 millones y el de mayores dimensiones de España merced a sus 135 representantes. Las cámaras de Canarias -con el desembolso adicional que genera su doble sede en Tenerife y Las Palmas-, Andalucía y Castilla y León son las otras tres con presupuestos relativos superiores al de la asturiana. Inmediatamente por detrás de la Junta, Aragón, la Comunidad Valenciana y Navarra completan la lista de nueve asambleas autonómicas cuyo coste, medido en esos tíérminos, supera al del Congreso de los Diputados. La Cámara Baja aprobó un presupuesto para 2014 de 83,9 millones que supone una media de 239.000 euros por cada uno de sus 350 escaños, contando con que las Cortes indemnizan a sus parlamentarios por los gastos de alojamiento y desplazamiento que deban efectuar desde sus circunscripciones.
La media de gasto por diputado de los parlamentos autonómicos se sitúa levemente por encima de la del Congreso, en algo más de 274.000 euros, y muy por debajo del promedio de la Junta General del Principado. La asamblea regional asturiana está además muy por encima de las más baratas del país, por este orden las de La Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria, las únicas con presupuestos inferiores a los 200.000 euros de media por escaño. La de Murcia, que tiene los mismos 45 asientos que Asturias, reduce el coste de la Junta en 4,7 millones, con un gasto por parlamentario de unos 100.00 euros menos.
Esta cuenta toma en consideración las cifras totales de gasto anual de las cortes regionales y no sólo la parte que cada institución destina a sus representantes políticos. Si se acota el presupuesto de la cámara al gasto estrictamente "político", es decir, a lo que se llevan los salarios de los 45 diputados, los de sus 47 asesores y las asignaciones que se reparten los cinco grupos parlamentarios, la Junta General del Principado gasta 6,98 millones de euros que despuíés de hacer la misma división entre los 45 diputados autonómicos saldría a razón de algo más de 155.000 euros por escaño. En números absolutos, el parlamento regional destina 2,35 millones anuales a las asignaciones de los parlamentarios, gasta otros 2,7 en las transferencias a los grupos y 1,84 en sueldos de asesores y personal eventual de gabinete. El resto se va en las retribuciones de los funcionarios -2,9 millones-, en gastos corrientes y, entre otros capítulos, en diversas transferencias y subvenciones.
El volumen y la configuración de las partidas que la Junta destina a cubrir los gastos de sus altos cargos fue objeto de intensa y larga políémica política durante buena parte del año pasado. Al resolverla, el parlamento asturiano fue el primero de España en el que los diputados pasaron a tributar por todos sus ingresos mensuales. Los grupos zanjaron las discusiones aprobando en septiembre la eliminación de las dietas por kilometraje y manutención, la sustitución del complemento de desplazamiento por un nuevo concepto retributivo sometido a tributación y la compensación de toda esa píérdida mediante la elevación de sus salarios brutos para equipararlos con los de los altos cargos del Principado, consejeros y directores generales.
