Las próximas cumbres de otoño en la Unión Europea van a tener como primer punto del orden del día la consolidación fiscal. Muchos países, liderados por los socialistas Hollande y Renzi (Francia e Italia) confiesan que han llegado al límite a la hora de reducir gasto o subir ingresos para cuadrar sus cuentas y exigen a Bruselas que flexibilice la senda de consolidación fiscal para tratar de estimular un exiguo crecimiento y un mercado laboral deprimido. Las autoridades comunitarias se resisten ante la posibilidad de que algunos países vuelvan a recaer en errores del pasado, aunque por otro lado no ven cómo tratar de poner en marcha una locomotora que podría estar gripándose año y medio despuíés de salir de la recesión.
A esa petición de flexibilizar la consolidación fiscal se ha sumado hoy el FMI, que en su informe Fiscal Monitor, abre la puerta, tal y como están solicitando Francia o Italia, a que se relajen las sendas de consolidación fiscal y que Bruselas otorgue más tiempo a los países con mayores desequilibrios. “En las economías avanzadas se prevíé que se desacelerará la reducción del díéficit estructural, lo cual brindará un apoyo oportuno a la actividad económica. La vacilante recuperación económica, los persistentes riesgos de 'bajaflación' y la fátiga relacionada con las reformas exigen adoptar una política fiscal que equilibre cuidadosamente el apoyo al crecimiento y a la creación de empleo y la sostenibilidad fiscalâ€. El análisis del Fondo hace hincapiíé en el empleo y en la necesidad de ganar tiempo para crear puestos de trabajo. “Un díéficit más elevado o un ritmo más lento de consolidación pueden neutralizar los efectos adversos a corto plazoâ€, subraya el informe, que considera que la reducción de impuestos sobre la mano de obra (cotizaciones sociales) “puede tener un efecto positivo en el empleo, pero a menudo con un costo fiscal elevadoâ€. Para reducir la factura, los recortes tributarios, expone el estudio, pueden focalizarse en los grupos específicos que resulten más afectados por el desempleo, como los trabajadores poco cualificados o los jóvenes.
En su informe, el FMI tambiíén recomienda la aplicación de medidas focalizadas para reformar los sistemas de pensiones, “ya que un mero aumento de la edad legal de jubilación no incrementa necesariamente la participación de las personas mayores en la fuerza de trabajoâ€. Tambiíén apuesta por otras reformas complementarias, como el endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada, la racionalización de las prestaciones o nuevos incentivos para estimular la demanda de mano de obra de personas que decidan prolongar su vida laboral más allá del retiro legal.
Aval con matices a las cuentas de España
El Fondo Monetario Internacional cuestiona en su informe Global Monitor las previsiones de deuda y díéficit de España incluidas en el último programa de estabilidad remitido a Bruselas. Así prevíé que la deuda superará el 101% del PIB entre 2015 y 2019, dos años más que lo previsto por el Ejecutivo, y que el díéficit no bajará del 3% hasta 2017 frente al 2016 estimado por Rajoy.
Las dificultades que ha tenido España para cumplir sus compromisos fiscales han obligado al FMI a poner la lupa sobre las cuentas que presenta anualmente a Bruselas. Este año, sin embargo, el análisis presenta muchas menos salvedades que en anteriores ejercicios y solo muestra leves diferencias, más apreciables en cuanto a la evolución de la deuda pública.
El Ejecutivo español augura que la senda de consolidación fiscal pactada con Bruselas culminará en 2016, fecha prevista para que el díéficit baje del 3%, tal y como marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bruselas, sin embargo, considera que los objetivos marcados por Hacienda son demasiado optimistas para los tres próximos años y que no alcanzará esa meta hasta 2017. El FMI considera que las subidas de impuestos aprobadas desde 2011 permitirán incrementar la base de los ingresos impositivos, que en ningún caso llegarán a superar el 39% del PIB hasta 2019, con un diferencial de nueve o diez puntos de PIB con la media de la zona euro.
Las diferencias de criterio se acentúan en cuanto a la deuda pública, que se ha triplicado en España desde el estallido de la crisis. El Gobierno prevíé que superará el 1010% del PIB en 2015 y 2016 y posteriormente bajará al 98,5% en 2017, mientras que el FMI augura que el pasivo de las administraciones públicas no descenderá del 101% en los cuatro años que transcurrirán entre 2015 y 2018 y que bajará al 99,6% finalmente en 2019.
