Por... JORGE CASTAí‘EDA
Sigue la mata dando.
A pesar de retrasos en Míéxico difíciles de comprender, la tendencia hacia la descriminalización del consumo de drogas, en particular la marihuana, avanza en EE. UU., Europa y varios organismos internacionales.
Una de las funciones principales que pueden cumplir columnas como esta consiste, justamente, en compartir información aislada y, en ocasiones, perdida en las páginas interiores de los periódicos, sintetizándola y ordenándola.
El viernes pasado, la Comisión de Sentencias de EE. UU. votó por unanimidad hacer retroactiva su decisión de abril sobre la reducción de penas con motivo de posesión o distribución de drogas. Gracias al apoyo del procurador Eric Holder y una gran cantidad de fiscales y jueces, la comisión consideró que no tenía sentido llenar las cárceles con personas que cometieron delitos, en muchos casos, menores, condenados con sesgos racistas, y que han creado una población carcelaria gigantesca. Las nuevas liberaciones no se llevarán a cabo de inmediato, pero los casi 50 mil presos federales comenzarán a salir de prisión a partir de noviembre. Es uno más de los pequeños pasos de Obama hacia una política de mayor tolerancia.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, en un informe publicado en julio, hizo un llamado para reformar las políticas de drogas en general, y en particular de drogas inyectadas. La OMS recomendó que "los países deben desarrollar políticas y leyes que descriminalicen la inyección y otros usos de drogas, y por lo tanto reducir la detención carcelaria". Tambiíén recomendó que se prohíba el tratamiento obligatorio para personas que usan o se inyectan drogas.
Luego entraron en vigor las legislaciones locales en los estados de Illinois y Nueva York la semana pasada en materia de marihuana terapíéutica. La ley neoyorkina es más severa y limitativa; la de Illinois, más laxa, pero ambos estados se suman a los 21 anteriores que ya han legalizado el uso terapíéutico o libre y regulado de marihuana en EE. UU. En noviembre, se votará la legalización plena en los estados de Oregón y Alaska, con altas probabilidades de aprobarse. De ser así, serán cuatro estados que, a partir del 2015, permitan la distribución y el consumo de cannabis para fines recreativos.
El domingo llega, por tres días al DF, el gobernador Jerry Brown, de California. Aunque ha sido cuidadoso en no tomar partido a favor de la legalización, parece creer que es prácticamente inevitable la aprobación de una iniciativa popular en California en noviembre de 2016. De ser el caso, como ya tanto se ha comentado en Míéxico y otros países, y como lo dijo Enrique Peña Nieto hace un tiempo, se volvería insostenible la postura actual de Míéxico, en caso de que produjera dicha legalización.
Quizás por eso se incluyó en la declaración conjunta de Peña, Obama y Stephen Harper (primer ministro de Canadá) en su reunión de Toluca de hace cinco meses una pequeña referencia a este tema, que pasó casi desapercibida. Los tres mandatarios se comprometieron a crear un panel TLCAN o NAFTA de expertos de la sociedad civil de los tres países para elaborar un nuevo enfoque hacia las drogas. Al panel presentarán recomendaciones los tres gobiernos en un plazo relativamente breve, para que estos pudieran entonces responder a demandas de la sociedad civil y de expertos.
Se puede discutir si gobiernos como el de Míéxico o el de Santos, en Colombia, en su segundo periodo, deben tomar la delantera ante estos acontecimientos, como es el caso de Uruguay, o al revíés, si conviene más esperar que estos eventos ocurran y sean detonantes de un cambio de todas maneras inevitable. Los inconvenientes de adelantarse son evidentes: esperar permite evitar acusaciones de liberalismo excesivo, o ser proclive a la moda, pero impide crear las condiciones de regulación para cuando la descriminalización suceda. Adelantarse a los procesos en curso muestra una capacidad de iniciativa loable, pero en ocasiones deja atrás la opinión pública. En todo caso estas sí son discusiones que deben celebrarse en Míéxico y otros países
