Por... Javier Blanco
Los bienes embargados a las mafias y posteriormente confiscados por la Justicia vuelven a circular en la legalidad y permiten crear empleo para jóvenes italianos por el trabajo de 1.500 asociaciones civiles agrupadas en Libera.
Desde alimentos como pasta, vino o aceite hasta apartamentos, villas o negocios como bares, pizzerías e incluso hoteles, así como empresas de toda índole, forman la lista de unos 50.000 bienes embargados a las mafias italianas cada año y otros 13.000 confiscados definitivamente.
Son las estimaciones de Libera, una organización no gubernamental (ONG) que aglutina a un total de 1.500 asociaciones de ciudadanos que luchan contra las mafias con el objetivo de promover la justicia y devolver a la sociedad de algún modo, con el desarrollo de diversas iniciativas, los perjuicios que esos delitos les ha ocasionado.
Una de ellas es la restitución de esos bienes confiscados, por ejemplo, a travíés de su división Libera Terra, que se dedica a crear cooperativas para fomentar el comercio de pasta, vino y otros productos agrícolas por medio de grandes distribuidores y tiendas, de modo que regresen así a las manos de los ciudadanos.
Esas cooperativas agrícolas nacen con una convocatoria pública dirigida a los jóvenes, que hacen un curso de formación en el que aprenden el modo de transformar, distribuir y comercializar esos productos.
El presidente de Libera Terra Mediterráneo, Enrico Fontana, declaró a Efe que "es una forma de contar al país cómo se puede crear trabajo y una buena economía a travíés del beneficio social de los bienes confiscados".
La ley italiana 109/96 contempla la reutilización con fines de desarrollo económico y social de los bienes requisados a las organizaciones criminales.
Se trata una ampliación de la ley 646 de 1982 que incluyó por primera vez en el código penal italiano el delito de asociación criminal de tipo mafioso y la confiscación de sus bienes, y que es conocida como "ley Rognoni-La Torre" por sus promotores; el segundo, Pio La Torre, asesinado ese año por la Cosa Nostra siciliana.
Según Fontana, el proceso es el siguiente: "Primero se hace el procedimiento de embargo. Despuíés, un primer procedimiento de confiscación, y luego otro de segundo grado, como en un procedimiento normal, y por último, la confiscación definitiva. El proceso, que ha sido acelerado, puede durar aún así 3 o 4 años".
En el caso de los inmuebles, el tribunal correspondiente nombra a un administrador judicial que se hace responsable de ellos hasta el embargo o confiscación definitiva, cuando se destinan o a usos sociales a travíés de ayuntamientos o asociaciones, o se cede al Estado italiano.
Diferente es, en cambio, el devenir de las empresas, que pueden ser vendidas a privados, asignadas a una cooperativa de trabajadores o, como ocurre con frecuencia, liquidadas por ser falsas o insostenibles.
Las tres regiones italianas donde más bienes se embargan son, en arreglo a los datos de Libera, aquellas donde las mafias ejercen su poder sobre el terreno, en sus zonas históricas de influencia; esto es, Sicilia (Cosa Nostra), Campania (Camorra) y Calabria ('Ndrangheta), en ese orden.
No obstante, "la cuarta región no es Apulia - sede de la Sacra Corona Unita - sino Lombardía", aseveró Fontana, porque "se confisca siempre más en las zonas centro y norte, por ejemplo, en Milán y Roma; de hecho, Lombardía escala en la clasificación en cuanto a las empresas confiscadas porque la mafia va donde está la riqueza".
La presencia de afiliados a la 'Ndrangheta en esa región y su aumento de poder en la última díécada, en palabras de Fontana, "aprovechándose de los golpes sufridos por la Cosa Nostra", sitúan a esa organización criminal como "la más fuerte y peligrosa".
Una de sus formas de blanquear dinero es arrendar un local comercial en una gran ciudad, como un restaurante, hotel o bar: "Son muy listos; dejan como propietario al que estaba antes pero evitar ser descubiertos. Si no venden no es un problema. No tienen intereses comerciales. Emiten facturas y tickets falsos", explicó Fontana.
