El IBI, que grava a los propietarios de inmuebles, se ha convertido en la tabla de salvación de las administraciones locales en un escenario impositivo de fuerte castigo a la recaudación tributaria. Los tres tributos que más dinero aportan a las arcas públicas (IRPF, IVA y Sociedades) han sufrido caídas como consecuencia del recorte sin precedentes del empleo, del consumo y de los beneficios empresariales. Frente a todos ellos, el IBI, que se instauró en 1989 en sustitución de tres tributos (la contribución territorial rústica, urbana y el impuesto municipal sobre solares) y que es de titularidad municipal nunca ha dejado de crecer.
Así se constata en los datos de la Dirección General del Catastro, que muestran la evolución de la cuota líquida (el importe total de los recibos que pagan los propietarios menos el importe de las bonificaciones legalmente previstas) entre 2008 y 2012. En 2008, los pagos por este tributo se elevaron a 8.352 millones mientras que en 2012 subieron hasta 11.930 millones de euros, lo que representa un incremento del 42% en ese período. La presión fiscal, medida como el porcentaje que representa la cuota líquida sobre el PIB regional, creció un 53% en esos cinco años, en gran medida por el desplome económico generalizado del crecimiento de las autonomías en ese período. En 2008, la presión fiscal ligada al IBI era del 0,7% del PIB regional y cinco años despuíés ha subido al 1,07%.
Un análisis pormenorizado de los datos por autonomías muestra que el comportamiento de la presión fiscal ligada al IBIno ha sido igual en todas las autonomías. La comunidad más castigada en tíérminos fiscales es Andalucía, que registró en 2012 una presión del 1,49% del PIB, con una factura para los propietarios de inmuebles de 2.100 millones frente a los 1.438 millones de 2008. Un incremento de 662 millones cimentado en los sucesivos incrementos de tipos que ha coincidido con una desplome sin precedentes de los precios. Andalucía ha arrebatado a la Comunidad Valenciana el primer puesto que ocupaba al inicio de la crisis. En 2012, la comunidad presidida por Alberto Fabra se sitúa en el segundo lugar con una presión fiscal del 1,42% del PIB, lo que representa un incremento del 40,5%. En la clasificación le siguen Murcia (1,33%), que registró un incremento de la presión fiscal del 66%, el mayor de todas las autonomías y Baleares (1,32%). Todas ellas tienen en común que son comunidades con municipios turísticos de sol y playa, en los que se concentró el boom inmobiliario.
En tíérminos absolutos, Cataluña era la que más ingresaba en 2008 (1.780 millones) y sigue siíéndolo en 2012 (2.407 millones). En segundo lugar, figura Andalucía, con 2.100 millones, y en tercero, Madrid, con 1.971 millones. Las tres son las más comunidades autónomas más pobladas y aglutinan al 48% de los habitantes empadronados
