Coca-Cola Iberian Partners, la embotelladora en España del gigante de los refrescos, ha ganado una batalla contra Hacienda por 77 millones de euros ante el Tribunal Económico Administrativo Central (Teac).
La Agencia Tributaria había iniciado varios procedimientos de inspección a determinadas sociedades, integradas ahora en el nuevo grupo, fruto de la fusión de las siete embotelladoras españolas, por retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que, a su entender, no se habían hecho correctamente.
La compañía presentó los correspondientes recursos y ha conseguido que los primeros hayan sido resueltos a su favor, por lo que estima, además, que "en breve el resto de resolverá en el mismo sentido".
No obstante, y ante lo que pudiera pasar, Iberian Partners mantiene depositados todavía avales por 80 millones de euros para hacer frente a esas reclamaciones aún pendientes. La empresa explica que "a 31 de diciembre de 2013 el grupo tenía formalizados con instituciones financieras avales por importe aproximado de 157 millones como garantía del cumplimiento de las obligaciones tributarias", pero que a fecha de la formulación de las cuenta, aprobadas por el consejo de administración el 31 de marzo y por la junta el pasado mes junio, han sido cancelados ya avales por los 77 millones mencionados.
Otras reclamaciones
Estas no son, sin embargo, las únicas reclamaciones que Coca-Cola Iberian Partners tiene sobre la mesa. Con fecha 23 de junio de 2009 se iniciaron tambiíén las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2004 a 2007 y el IVA de 2005 a 2007 en Casbega. Y como consecuencia de las mismas, la Agencia Tributaria incoó actas, firmadas en disconformidad por la sociedad, por importes de 15,4 y 4,3 millones de euros. La compañía explica que a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, los recursos presentados ante el Tribunal Económico-Administrativo Central se encuentran pendientes de resolución.
Iberian Partners ha cerrado un primer ejercicio de sólo siete meses, desde que empezó a operar el 1 de junio hasta el 31 de diciembre. Los datos no son por lo tanto comparables ni siquiera con las cuentas agregadas de los antiguos embotelladores, pero aún así demuestran que su situación financiera está saneada. La empresa cerró el año con una facturación consolidada de 1.834 millones de euros y un resultado de explotación de 72,1 millones.
Resultados
Con un patrimonio neto de 1.908 millones y prácticamente sin endeudamiento, el resultado antes de impuestos se elevó a 70,6 millones de euros. El beneficio neto fue sin embargo un 52 por ciento más alto -107 millones de euros- gracias a una devolución de Hacienda de 37,3 millones. En las cuentas aparece asimismo una provisión de 105 millones de euros para hacer frente al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que ha afectado a más de 1.117 trabajadores, entre despidos, bajas voluntarias, prejubilaciones y recolocaciones internas.
Las últimas estimaciones de la compañía apuntan, sin embargo, a que el coste final del proceso será mayor y alcanzará incluso los 150 millones de euros, sobre todo despuíés de que el ERE fuera anulado por la Audiencia Nacional tras las acciones judiciales iniciadas por los 134 trabajadores de la planta de Fuenlabrada (Madrid).
Aunque Coca-Cola Iberian Partners ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, su idea pasa por alcanzar un acuerdo antes con los trabajadores, para lo que ha fichado ya al exministro de Trabajo Manuel Pimentel como intermediador. El pasado julio, la dirección de la empresa presentó ya un plan con una mejora de condiciones, que se articula sobre tres ejes. El primero es una mejora económica para las recolocaciones, las bajas incentivadas y las prejubilaciones. En concreto, los trabajadores en situación de despido podrán acogerse a medidas de salida incentivada con prejubilaciones a los 56 años y baja indemnizada con 45 días por año trabajado, 42 mensualidades y 10.000 euros lineales.
Por su parte, los prejubilados cobrarían el 80 por ciento del salario neto entre los 56 y los 59 años y el 90 por ciento entre 60 y 64 años. En cuanto a los trabajadores trasladados, les abre la puerta a que puedan volver a su lugar de origen si hay plazas. El segundo eje supone rehacer el plan logístico. Así, el grupo ha ofrecido mantener el empleo a 80 de los 236 trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada, donde hay un campamento-protesta para evitar su cierre, y posibilidades de traslado para el resto de los trabajadores. La oferta no supone reabrir la fábrica.
El último punto es el compromiso de grupo por hacer docencia y explicar el ajuste (la sentencia criticó la falta de explicaciones). Todo depende ahora de lo que respondan en las próximas semanas los empleados de Fuenlabrada.
