Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía siguen avanzando en las pesquisas sobre la presunta trama de corrupción política liderada por la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley. Los agentes ya han puesto cifras a las comisiones ilegales que los diferentes miembros del clan habrían cobrado durante más tres díécadas por conseguir adjudicaciones públicas para empresas de su entorno. Según fuentes conocedoras de las investigaciones de la UDEF consultadas por El Confidencial, la familia Pujol se habría embolsado el 1,5% del valor total de las operaciones en las que habría intermediado y otro 3% habría acabado en las cuentas de Convergí¨ncia Democrí tica de Catalunya (CDC), el partido fundado por Jordi Pujol y al que pertenece el actual presidente del Ejecutivo autonómico, Artur Mas.
No son los primeros porcentajes que aparecen en las pesquisas sobre el clan Pujol. Los expertos en delitos económicos de la Policía concluyen en el último informe que han remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor de la investigación sobre los presuntos negocios ilegales del mayor de los siete hijos del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, que este habría percibido diferentes porcentajes sobre adjudicaciones y negocios inmobiliarios en concepto de asesoramiento. Para ello, Jordi Pujol Jr. y su mujer, Mercí¨ Gironí¨s, habrían utilizado al menos tres sociedades instrumentales, Project Marketing Cat, Iniciatives Marketing i Inversions y Active Translation.
Por ejemplo, la UDEF atribuye al matrimonio una factura “por las gestiones de intermediación en la operación de compra de las parcelas de Tona Huac SLU situadas en Can Palet de Quadra de Tarrasa†por valor del 2% (382.336 euros) del importe de esa operación (16.480.000 euros). Asimismo, habría ingresado otro 2% (394.018,36 euros) “por las gestiones de intermediación en la compra†de parcelas situadas en Hospitalet de Llobregat. El informe está trufado de facturas con porcentajes similares, siempre entre el 0,6% y el 3% del valor total del negocio.
Sin embargo, los investigadores consideran que esos porcentajes no son los que realmente habría ingresado la familia Pujol por esas labores de intermediación. De hecho, los agentes concluyen en ese mismo informe que todos los indicios apuntan a la “falsedad de esas facturas y de los supuestos servicios que representanâ€. Es decir, que esos documentos sólo tenían como objetivo blanquear parte de los ingresos opacos de la familia aprovechando operaciones que efectivamente tuvieron lugar. Las facturas detectadas por los agentes sólo equivaldrían a una parte del negocio de los Pujol.
Según las fuentes consultadas por este diario, los agentes siguen trabajando para diseccionar el mecanismo con el que operaba esta presunta trama de corrupción política. Pero la UDEF ya ha acotado la tarifa que cobraban los Pujol por sus servicios. Según estas mismas fuentes, sus ganancias ascendían al 4,5% de las operaciones inmobiliarias o adjudicaciones públicas en las que intervenían: un 1,5% terminaba en las cuentas de la familia y el otro 3% acababa nutriendo la presunta contabilidad B de CDC, la formación de Mas.
Como ya adelantó este diario, la aplicación de estos porcentajes durante más de tres díécadas habría permitido a la familia del expresidente amasar una fortuna sólo en sus cuentas de Andorra cercana a los 500 millones de euros, mucho más de los cuatro millones de euros reconocidos el pasado mes de julio por el ex molt honorable, que atribuyó esos fondos a una herencia de su padre Florenci Pujol. En cuanto a CDC, la instrucción del caso Palau ya permitió acreditar la existencia de una contabilidad paralela a la que llegaban fondos que previamente habían sido blanqueados por la Fundación del partido CatDem (antigua Fundación Trias Fargas). El instructor elevó a 5,1 millones de euros los fondos ilícitos desviados desde el Palau de la Música a la formación que en estos momentos ocupa el Gobierno de Cataluña
Los cálculos de la Policía son aún provisionales. Los fondos desviados por el clan del expresidente pueden superar holgadamente los 500 millones de euros. Dos de las empresas más favorecidas por las gestiones de Jordi Pujol Ferrusola, Comsa-Emte y Copisa, se repartieron únicamente entre 2008 y 2012 contratos de la Administración catalana por valor de 875 millones de euros. Sólo es una muestra. La actividad de los Pujol habría beneficiado a más empresas y se habría prolongado durante más ejercicios.
Ese 4,5% apuntado por la Policía supera al famoso 3% al que se refirió en 2005 el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall. Este aprovechó una intervención en el Parlamento catalán para acusar a CiU de haberse quedado con ese porcentaje de la obra pública ejecutada en la comunidad. “Hemos llegado al meollo de la cuestión: ustedes tienen un problema, y ese problema se llama tres por cientoâ€, aseguró Maragall, aunque no llevó esa información ante ningún juez. El expresident del PSC clavó el porcentaje que habría terminado en CiU, pero la verdadera tarifa de los Pujol se acercaba más al 5% que mencionó hace sólo unos días Josep Lluís Carod-Rovira. En una entrevista concedida a EiTB, el exvicepresidente de la Generalitat afirmó que un dirigente de Convergí¨ncia le había confesado que ese era el porcentaje que ingresaban en comisiones ilegales, “no el 3%â€.
