La cementera de origen mexicano Cemex carga con una sanción de la Agencia Tributaria de 456 millones de euros, la más cuantiosa impuesta por el fisco español. Hacienda considera que la compañía se anotó irregularmente 3.042 millones de euros en bases imponibles negativas de ejercicios anteriores —píérdidas que la sociedad puede deducirse los años que obtenga beneficios—, según admite Cemex en sus cuentas anuales correspondientes a 2013 depositadas en el Registro Mercantil.
"La Agencia Tributaria ha notificado la resolución de los dos procedimientos sancionadores correspondientes a las declaraciones del impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2006 a 2009 y que se derivan de los ajustes realizados por la inspección —por un importe acumulado de 3.042 millones— a las bases imponibles negativas declaradas por Cemex durante dichos ejercicios", describe la compañía en sus cuentas anuales. Cemex advierte de que aún no ha recibido "reclamación de pago adicional alguno en concepto de cuota o liquidación de intereses" por parte de Hacienda.
Cemex protagonizó el pasado otoño uno de los capítulos más controvertidos de la historia de la Agencia Tributaria. Una inspectora perteneciente a la delegación de grandes contribuyentes fue destituida tras rechazar supuestamente un recurso de la compañía contra la sanción. Lo hizo en contra del criterio de la dirección, que al parecer, prefería esperar para emitir una opinión conjunta sobre las dos inspecciones que tenía abiertas —una por IVA y otra por unos críéditos fiscales millonarios—. El cese de la funcionaria provocó una catarata de dimisiones y relevos en el seno de la institución tributaria.
La compañía asegura que el fisco aún no le ha reclamado el pago
La compañía acumula 7.408 millones de euros de bases fiscales negativas que podrá compensar fiscalmente contra eventuales beneficios futuros, según sus registros públicos. Solo en 2009 generó 3.729 millones de euros de críéditos fiscales. Hacienda considera que 3.042 millones de estas bases negativas son irregulares porque se deben a píérdidas por los gastos financieros entre las empresas del grupo.
Pero "los administradores de la sociedad entienden que el tratamiento fiscal de las operaciones a las que se refieren en los expedientes sancionadores se ajustan a derecho, por lo que no deben ser objeto de sanción alguna".
La sociedad avisa en sus cuentas anuales que "tiene la intención de interponer los recursos y o reclamaciones oportunas hasta agotar, si resultase necesario, todas las instancias administrativas y jurisdiccionales previstas en la legislación española, en cuyo caso la resolución definitiva se produciría aproximadamente en un plazo de 10 años", explica la cementera en las cuentas anuales donde detalla que obtuvo unos ingresos de 8.883 millones. En estos registros públicos explica tambiíén que logró unos resultados de explotación de 310 millones frente a las píérdidas de 540 millones en 2012.
