Como adelantó EXPANSIí“N, El Ministerio de Fomento unificará en un sólo proceso y juzgado todos los concursos de acreedores en que están inmersas las nueve autopistas de peaje en quiebra y que pretende rescatar, con el fin de evitar su liquidación y cerrar con la banca un acuerdo global sobre toda la deuda de 3.800 millones de euros que suman estas vías.
Fomento podrá abordar esta 'fusión' de los concursos de las autopistas gracias a la última reforma de la Ley Concursal, la aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 5 de septiembre, según informaron a Europa Press en fuentes oficiales.
Esta reforma incluyó una disposición adicional que establece un "ríégimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obra y servicios públicos contratistas de las administraciones públicas".
"En estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio de acreedores que afecten a todos ellos, pudiendo ser presentadas por las administraciones públicas o entidades dependientes de ellas", reza el texto de la reforma concursal.
Este es el caso de las autopistas en quiebra. Fomento, en el marco de su plan de rescate, ha planteado y negocia con la banca acreedora una solución para el total de deuda que suman las vías.
El proyecto de rescate que ultima el Departamento que dirige Ana Pastor pasa por fusionar las autopistas en una empresa pública. Previamente, busca con los bancos acreedores un acuerdo que contempla una quita del 50% de la deuda y convertir el resto en un bono a treinta años. El interíés que devengará este bono es uno de los puntos que restan por perfilar del plan.
El Gobierno sigue preparando el terreno para tener lista la nacionalización de nueve autopistas en crisis mediante la creación de una empresa pública. El acuerdo podría cerrarse este mismo mes, ya que se han vuelto a acelerar las negociaciones con los bancos tras el paríéntesis de agosto y se han articulado varias medidas legales que facilitarán el rescate. Entre ellas, destaca la unificación de los expedientes de los nueve concursos de acreedores en un solo juzgado de Madrid.
Según fuentes próximas al proceso, esta medida que, en principio, forma parte de las modificaciones que el Gobierno ha incorporado a la ley concursal, agilizará la nacionalización al permitir al Estado pactar un convenio único con la masa acreedora en vez de depender de nueve procesos judiciales que discurren a distintas velocidades.
Plazo
Al unificar los procesos, Fomento tambiíén rebaja la presión temporal que pesa sobre la nacionalización de las autopistas en riesgo de quiebra despuíés de que el juez que lleva el expediente concursal de la autopista AP 36 Ocaña-La Roda (participada por Ferrovial, Sacyr y Cajastur), solo haya extendido el plazo para convocar la junta de acreedores hasta el próximo 18 de septiembre. El juzgado elegido para tramitar los 9 expedientes es el mismo que lleva el concurso de la sociedad concesionaria Accesos de Madrid, que explota las autopistas madrileñas Radial 3 y 5.
En paralelo, representantes de los Ministerios de Hacienda y de Fomento han retomado las conversaciones con los acreedores financieros que han mostrado más resistencia a aceptar sus condiciones, sobre todo los bancos extranjeros, que no han visto con buenos ojos ni la quita ni la rentabilidad ofrecida por el Gobierno para la nueva deuda.
En líneas generales, la solución que Fomento ofrece consiste en aplicar una quita del 50% sobre un pasivo de 4.541 millones y, posteriormente, transformarlo en bonos a 30 años retribuidos a un interíés fijo del 1% (podría mejorarse ligeramente) más un porcentaje variable asociado a la evolución futura de los tráficos.
Según los bancos contrarios a la nacionalización, hay proyectos que, en función de su mayor viabilidad, podrían estar sometidos a quitas menores. Además, creen que al homogeneizar la quita se está premiando a los bancos que más han provisionado estos proyectos fallidos.
A pesar de no estar conformes, los bancos españoles están dispuestos a aceptar la oferta. A cambio, podrán liberar provisiones. A las entidades que no quieran participar en esta solución se les ha ofrecido la posibilidad de vender deuda con una quita del 50%.
Los tres bancos más expuestos a la deuda de las autopistas en crisis son Bankia, Sabadell y Santander. Entre los tres, suman más de 1.000 millones de euros.
En el frente de los accionistas, la mayor línea roja son las garantías que se firmaron en las financiaciones originales de los proyectos por insolvencia. Alguna de estas garantías ya se ha activado. En Accesos de Madrid (R3 y R5), el sindicato formado por una treintena de bancos, con la excepción de Bankia, CaixaBank y el ICO, han ejecutado vía judicial garantías de los accionistas (Abertis, ACS, Sacyr y Bankia) por valor de 360 millones de euros. Sobre este asunto, los cuatro accionistas han respirado más tranquilos despuíés de que un juez se haya pronunciado a su favor en julio sobre una de las demandas planteadas.
Estas condiciones tambiíén existen en las sociedades Ciralsa (convocará la asamblea de acreedores a principios de septiembre), Aucosta o Henarsa. Los socios de los peajes han pedido por escrito que se dejen sin efecto esas garantías y se archiven las causas judiciales. Además, las constructoras, a las que se le debe 240 millones, quieren recuperar esos fondos sin descuento si monetizan el bono.
