Hacienda ha abierto una investigación por fraude masivo contra la Agencia Tributaria por la no declaración del impuesto del valor añadido (IVA) en uno de los departamentos de compra y venta de tráfico de llamadas de ONO, la compañía española de telecomunicaciones adquirida recientemente por Vodafone. El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha cuantificado la operativa delictiva en unos 60 millones de euros, más la sanción correspondiente.
Según fuentes conocedoras de la situación, Hacienda, que llevaba meses investigando las presuntas operaciones irregulares, comunicó a ONO la apertura del expediente en junio, justo cuando Vodafone estaba esperando la aprobación de la Comisión Europea para firmar la adquisición de la compañía presidida por Josíé María Castellano y dirigida por Rosalía Portela. La transacción, valorada en 7.200 millones de euros, se ejecutó finalmente el 23 de julio, pero los responsables de ONO no le comunicaron a la británica esta incidencia.
El fraude se basa en la compraventa internacional de tráfico de llamadas a travíés de una trama de sociedades fuera del balance de la compañía. Unas filiales que facturaban a ONO unos 250 millones de euros y que el grupo hacía aflorar cuando las necesitaba para engordar las cifras de ventas o de beneficio operativo, según fuentes próximas a la investigación. Es lo que se hizo en plenas negociaciones con Vodafone para forzar una mayor valoración de la compañía y un mayor pelotazo para los accionistas.
En el departamento de auditoría interna del grupo, participado hasta julio por varios fondos de capital riesgo como Providence, JP Morgan, y GE Capital, por Banco Santander y por grandes fortunas, como el dueño de ElPozo y el del diario valenciano Las Provincias, no se abrió una investigación interna hasta que Hacienda destapó las irregularidades.
En un primer momento, ONO contrató los servicios de Ignacio Gordillo, el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional durante 30 años y que ahora trabaja en el despacho Martínez-Echevarría, Píérez y Ferrero. El jurista aconsejó a los directivos de la empresa de telecomunicaciones la colaboración total con Hacienda, incluido el reconocimiento de los hechos para acotar la problemática a los empleados que operaban a espaldas de la Agencia Tributaria y proteger el nombre de la compañía.
Cambio de abogados
Pero a los pocos días, la consejera delegada de ONO cambió de asesor y contrató a Uría y Meníéndez, que ordenó lo contrario. Coincidió con Gordillo en ponerse a disposición de Hacienda, pero no en admitir nada hasta que la investigación interna corroborase el informe de la Agencia Tributaria. Sin embargo, estas pesquisas fueron paralizadas.
Tres de los cuatro empleados de ONO que supuestamente son los que ejecutaban el trading del tráfico de llamadas causaron baja voluntaria de la compañía cuando llegó la notificación del Ministerio liderado por Montoro. El cuarto sigue en el grupo, ahora ya bajo el paraguas de Vodafone, que ha abierto una investigación para llegar hasta el fondo del asunto.
La multinacional inglesa ha contratado a Deloitte para que realice un estudio forensic de la situación. Es decir, un análisis pormenorizado para saber quíé personas estaban al corriente de esta operativa y quíé mandos conocían el fraude. Al mismo tiempo se ha puesto en manos de DLA Piper, la mayor firma de abogados del mundo, de la que Josíé María Aznar es asesor del consejo de administración, para actuar judicialmente contra los responsables.
No es la primera vez que Hacienda pone la lupa en operativas similares, como en la que estaba involucrada Gas Natural. La empresa catalana participaba en una trama ilegal en la comercialización de bonos de derechos de emisión de CO2. Tres directivos del departamento de trading de la energíética que preside Salvador Gabarró fueron imputados en el proceso de diligencias previas.
