Vodafone ha tomado cartas en el asunto por la investigación de la Agencia Tributaria a causa del presunto fraude descubierto en ONO, compañía que adquirió a finales de julio y cuyos gestores le ocultaron este serio problema con Hacienda. La multinacional británica ha bloqueado el pago de un bonus de unos 68 millones de euros a Josíé María Castellano y Rosalía Portela, presidente y consejera delegado, respectivamente, y al director financiero, Carlos Sagasta.
Los tres, junto al exresponsable del negocio residencial, Guillermo Mercader (3 millones), que abandonó el grupo en el verano de 2013, eran los beneficiarios de un plan gratuito de stock options valorado en 200 millones de euros brutos. Una vez descontados los 3.000 millones de la deuda de ONO, que fue vendida por 7.200 millones, el importe del citado plan se reducía a esos cerca de 70 millones. Un premio que debían comprar una vez liquidada la operación, hecho que se produjo el pasado 23 de julio.
Sin embargo, Vodafone ha decidido congelar el desembolso de estos bonus, a razón de unos 25 millones de euros para Castellano y otros tantos para Portela. Por su parte, el director financiero tenía asegurados 15 millones. Aunque la consejera delegada había pactado seguir en el grupo un año para ayudar al presidente de Vodafone a realizar la integración con ONO, inesperadamente abandonó la compañía el pasado 1 de septiembre.
Cuando la multinacional británica inició las negociaciones para la adquisición del operador español de telecomunicaciones, los tres firmaron un contrato de garantías para asegurarse el cobro de estas suculentas retribuciones. Sin embargo, Vodafone ha contratado los servicios del despacho internacional de abogados DLA Piper para tratar de anular estos pagos si se demuestra que Castellano, Portela y Sagasta tenían conocimiento del fraude que ha denunciado Hacienda.
Portátiles requisados
Según distintas fuentes, el que fuera número dos de Inditex y asesor de Tous y de Rothschild ha decidido motu proprio no percibir sus 25 millones hasta que se aclare esta irregularidad, de la que presuntamente no estaba informado. Castellano no quiere tener una mancha en su currículum. Quien sí lo estaba era Portela, a quiíén Deloitte, el consultor contratado por Vodafone, le requisó el ordenador personal para comprobar si la consejera delegada tenía conocimiento de la investigación de la Agencia Tributaria.
Lo mismo hizo con los cuatro empleados que se encargaban de gestionar las sociedades a travíés de las cuales ONO realizaba el fraude, filiales que estaban fuera del perímetro de la compañía y que no eran supervisadas por el director de auditoría. Tres de estos cuatro trabajadores pidieron la baja voluntaria cuando Hacienda comunicó al grupo las pesquisas por las presuntas irregularidades, aviso que se produjo mientras Vodafone hacía la due dilligence sobre las cuentas de ONO.
Sin embargo, Portela ocultó a la empresa con sede en Londres el expediente sancionador de Hacienda, lo que ha provocado un profundo enfado en la sede británica de Vodafone. Por este motivo, la multinacional se ha puesto en manos de Deloitte, a la que le ha encargado un análisis forensic. La consultora está analizando el disco duro del portátil de la consejera delegada y de los cuatro empleados implicados en la operativa.
Fuentes conocedoras del caso indican que, una vez llegada la notificación de la Agencia Tributaria, la número dos de ONO ordenó una investigación interna para depurar responsabilidades tras consultar con Ignacio Gordillo, el exfiscal de la Audiencia Nacional, que trabaja en el despacho Martínez-Echevarría. Pero tras recomendarle colaborar y confesar la irregularidad, Portela optó por contratar a Uría y Meníéndez, que les aconsejó no reconocer ningún hecho delictivo. La investigación interna se paralizó, pero de palabra, no por escrito, para evitar dejar huellas, tal y como le asesoró Juan Luis Delgado, secretario general del consejo de administración, según aseguran fuentes próximas al caso.
Como Vodafone no se fía de la versión de Portela ni de Sagasta, de momento ha decidido bloquearle su bonus de casi 70 millones de euros hasta conocer el dictamen de Deloitte y del bufete DLA Piper, para el que trabaja Josíé María Aznar. Portela es miembro del Consejo de Administración de Dia y de Deoleo, sociedad controlada por el fondo de capital riesgo CVC.
