El rescate del almacíén de gas Castor será más caro de lo previsto. La banca trabaja a marchas forzadas con el Gobierno y Enagás para llevar a buen puerto un acuerdo que permita hacer frente al pago de los bonos emitidos por ACS y Escal para financiar esta instalación. Las entidades financieras están pidiendo un tipo de interíés que superará ampliamente el 4 por ciento para aportar los 1.400 millones necesarios.
Por este motivo, fuentes consultadas consideran que puesto que el bono español a 30 años se está pagando a un 3,14 por ciento de interíés, el coste de este vehículo de inversión será elevado, aunque a un precio de mercado en estos momentos.
Tal y como ya indicó este diario, la intención de Industria es otorgarle a Enagás unos derechos de cobro que el gestor tíécnico del sistema colocaría automáticamente a la banca para evitar efectos en sus cuentas.
La intención del Ejecutivo es que, tras el paso al gestor tíécnico del sistema, la banca pueda realizar una colocación de dichos derechos como un producto propio, pero su escaso atractivo al tratarse de una instalación que está casi destinada al desmantelamiento fuerza a pedir un tipo de interíés más elevado.
La colocación además se realiza a precios de mercado y no contará con el aval del estado, un extremo de vital importancia, ya que el Ministerio de Industria todavía mantiene su discusión con las elíéctricas sobre la colocación del díéficit de tarifa elíéctrico registrado el año pasado. Las compañías siguen solicitando el aval del estado para que el coste financiero sea menor, mientras el estado busca fórmulas para evitarlo. La decisión sobre este asunto no se espera que estíé lista, al menos, hasta el próximo mes de noviembre, cuando se realicen las últimas liquidaciones del año anterior.
La decisión de rescate de Castor además deberá aprobarse como máximo en pocas semanas, ya que los bancos necesitan un plazo de cerca de un mes para poner a disposición el dinero.
En las condiciones del bono colocado por ACS y Escal a travíés de Watercraft Capital se indica que el plazo máximo para la puesta en marcha de la instalación será el 30 de noviembre de este año y el pago efectivo tenía como fecha el 31 de diciembre.
Bankia, Natixis, BNP Paribas, Santander y Banco Popular participaron en la colocación de dicho bono del Castor en la bolsa de Luxemburgo, que tiene una duración hasta diciembre de 2034 y un tipo de interíés del 5,756 por ciento.
Esta colocación además fue una de las primeras que recibió el apoyo del Banco Europeo de Inversiones con los llamados project bonds, lo que ha provocado que el asunto tuviera un amplio seguimiento internacional y de las instituciones europeas.
La semana pasada los servicios tíécnicos del Ministerio de Industria enviaron el borrador de los textos legales del rescate a los ministerios de Presidencia, Economía y Justicia para que preparasen sus correspondientes dictámenes y de hecho todo estaba previsto para su presentación tras el Consejo de Ministros, pero la decisión final fue paralizada en el último momento.
La decisión de revertir la concesión del Castor al Estado supone en la práctica que ACS abandona tambiíén el acuerdo que había alcanzado con Enagás mediante el que a partir de la fecha de puesta en operación del almacenamiento, el gestor tíécnico del sistema tomaba un 50 por ciento de la participación de ACS. A partir de ese momento, cada una de las tres sociedades (ACS, CLP y Enagas) pasarían a tener idíéntica participación (33,33 por ciento).
Enagás, no obstante, se hará cargo a partir de ahora de la gestión de la instalación y recibirá una compensación económica por esta labor hasta que el Gobierno decida el futuro de la misma, aunque todo apunta a que se puede optar por desmantelarla a medio plazo con un coste adicional que rondaría los 200 millones de euros.
Esta situación supone que el sistema gasista, es decir, todos los ingresos que se logran por el consumo de gas, tendrá que hacer frente a este importante desembolso.
El sector del gas tenía previsto la entrada en operación de la instalación, que se calculaba que tendría un coste cercano a los 4.000 millones para los primeros veinte años. Con esta solución, el consumidor de gas tendrá que pagar prácticamente la mitad de este dinero sin que probablemente la instalación entre nunca en funcionamiento.
El grupo parlamentario Izquierda Plural, a travíés de su portavoz de energía, Adolfo Barrena, solicitará la comparecencia en el Congreso del ministro de Industria para que aclare cómo y quiíén va a pagar la indemnización por el proyecto Castor y presumiblemente si habrá denuncia para exigir el dolo o la negligencia de los promotores.
La reforma del gas, en dos semanas
El ministro de Industria, Josíé Manuel Soria, avanzó este martes que el Gobierno presentará en las próximas semanas las medidas pendientes de la reforma del mercado del gas, y reiteró que el descenso del precio de la electricidad será mayor al registrado en 2013, cuando bajó un 3,7 por ciento. Así lo señaló Soria en una entrevista en RNE, en la que adelantó que tras la aprobación del sistema retributivo del gas, en las próximas semanas llegará el resto de la reforma del mercado gasista. Soria sostuvo que con la reforma gasista, junto a la del sector elíéctrico, se busca conseguir unos costes energíéticos "más racionales" que los registrados hasta la fecha, tras el aumento del 70 por ciento en tíérminos acumulativos entre los años 2004 y 2012. "Eso resta competitividad, capacidad y músculo industrial", apostilló Soria, quien volvió a reiterar que "si siguen así las cosas", y en base a los precios a futuro que marcan los mercados, este año habrá un descenso de la factura de la luz, dijo Soria
