Por... Javier Suazo
Se puede afirmar que la crisis económica de la díécada de los 80s, donde eran manifiestos problemas de endeudamiento externo, díéficit fiscales, comerciales y presiones inflacionarias altas, como caídas en el PIB y el empleo, fue el principal factor para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acoplará sus tradicionales políticas de estabilización responsables (en la mayoría de los casos) de la crisis a los esfuerzos de los países por apostarle al crecimiento económico y superación de los obstáculos estructurales.
El FMI abandonó el principio de condicionalidad cruzada que tanto daño hizo a economías con fuertes restricciones en el sector real, como ejemplo baja inversión productiva, escasa oferta exportable, baja productividad, derechos de propiedad insuficientes, rigideces en el acceso al financiamiento externo y díébil capacidad institucional; sumado a los problemas de aumento de la pobreza e indigencia en zonas rurales y periurbanas. En realidad, el reconocimiento fue que estas políticas económicas al buscar equilibrar las cuentas fiscales y de balanza de pagos utilizando la devaluación con instrumento “pivote†de ajuste, generó serios estrangulamientos en el sector real que, en adición a los problemas estructurales, introdujo un sesgo recesivo al funcionamiento del sistema económico.
El principio de condicionalidad “cruzada†aplicaba cuando un país incumple las condiciones establecidas en un convenio con el FMI, por lo que los demás organismos multilaterales e incluso bilaterales se sienten relevados de seguir apoyando al país con recursos financieros para el desarrollo de programas socio-productivos. Con este tipo de condicionalidad, el país queda desprotegido y es orillado a seguir emitiendo dinero sin respaldo que provoca presiones inflacionarias que escapan al control de la autoridad monetaria, por lo que la crisis se profundiza; en muchos casos, el control de los medios de pago, en especial de la oferta monetaria, constituye una de las condiciones impuestas por el FMI por lo que su incumplimiento es un factor causal para romper el convenio.
No obstante lo anterior, países como Honduras pudieron disponer de recursos externos aun incumpliendo el convenio con el FMI, ya que estaba en juego otros objetivos de política como ejemplo la “seguridad†de la región centroamericana y defensa de los valores democráticos frente a fuerzas insurgentes como el Frente Farabundo Martí en el Salvador y los sandinistas y su Revolución; en realidad, Honduras era considerado y sigue siíéndolo pieza clave de la política de seguridad de los EEUU, que algunos politólogos llaman el vocero del patio trasero. El FMI exigía la devaluación monetaria, pero a travíés de la AID se apoyó a los gobiernos de Suazo Córdova y Simón Azcona para enfrentar los problemas financieros y continuar los programas agrícolas y sociales ya que de lo contrario la inestabilidad económica podría afectar el cumplimiento de objetivos estratíégicos e ideológicos.
A finales de los años 90, el FMI flexibiliza sus programas de estabilización de corto plazo para hacerlos compatibles con los programas de ajuste estructural de mediano y largo plazo y combate de la pobreza, coordinando esfuerzos con el Banco Mundial para crear nuevas líneas de críédito como el reforzado del ajuste estructural (SRAE) y el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP). En 2002 y frente a los problemas de creciente endeudamiento externo y recurrencia de las crisis, el FMI introduce ajustes a la condicionalidad para especializarse en la previsión y solución de dichas crisis, lo que es reafirmado en 2009. Introduce nuevos críéditos, como la Línea de Críédito Flexible (LCF), Línea de Precaución y Liquidez (LPL) y los llamados, instrumentos y servicios de críéditos rápidos (ISCR) cuyo acceso está condicionado al cumplimiento de programaciones de actividades y metas previamente establecidas en conjunto con los gobiernos, incluyendo las definidas en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) a 2015 y Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Sobre esto último, en Centro Amíérica, a países como Honduras y Nicaragua se les declaró países pobres altamente endeudados ¿estaban imposibilitados para honrar sus deudas externas?, por lo que fueron beneficiados con la condonación siempre y cuando los recursos obtenidos por la recaudación de impuestos se destinen a la reducción de la pobreza. A diferencia del principio de condicionalidad cruzada, ambos gobiernos incumplieron con el FMI pero se les permitió hacer piñata con dichos recursos, incluyendo cubrir el salario de policías y apoyar la campaña política de los miembros del partido en el gobierno, siendo evidente la corrupción generalizada.
En Honduras no se sabe todavía a donde fueron a parar los fondos de la condonación de la deuda externa, estimados en cerca de 3,000 millones de dólares, si se sabe que la pobreza en vez de disminuir aumentó.
La nueva condicionalidad del FMI es menos dura que la condicionalidad cruzada ya que si un gobierno o país incumple un convenio con dicho organismo, se penaliza en el uso de recursos para apoyo presupuestario y de balanza de pagos, no los fondos de príéstamo para proyectos de inversión aprobados por otros organismos, agencias y países amigos. El problema es que todavía el enfoque de estabilización sigue teniendo un sesgo recesivo que afecta o impacta negativamente en el sector real de la economía con bajas tasas de inversión productiva, bajo ritmo de crecimiento del PIB, desempleo en ascenso, pobreza e indigencia, sin que se garantice cerrar las brechas fiscales y comerciales.
El panorama se complica cuando se evidencia un aumento acelerado de la deuda externa, tal como sucede en Honduras, y la urgencia de obtener recursos para honrar dichos compromisos, en particular el servicio de la misma. En tal caso, no es de extrañar que el FMI endurezca su posición ya que la disponibilidad de fondos para el pago de la deuda debe garantizarse y tiene prioridad por sobre las demás obligaciones...
Este es un argumento de fondo que explica por quíé no se pudo acceder en la fecha prevista a un convenio de mediano plazo con el FMI, siendo necesario no solo avanzar en el cumplimiento de medidas de política como la celeridad en los fideicomisos de la ENEE, despido de trabajadores para reducir la masa laboral, aprobación de la nueva ley marco de protección social y presupuesto balanceado 2015, sino tambiíén la vigencia de una nueva estructura tarifaria para el servicio de energía elíéctrica que sacrificará más a la clase media ya que los empresarios no lo aceptan.
En suma: En los 80s se tuvo acceso a recursos de otras fuentes por incumplir el convenio con el FMI y no aceptar la devaluación monetaria como receta, hoy se exige la firma del convenio sin incluir la devaluación acelerada en el paquete. Los cerca de 200 millones de dólares que tendría el gobierno de inmediato si se firma con el FMI se necesitan de urgencia, incluso para apoyar los (as) deportados de USA que han incrementado en número en 2014.
El cabildeo en Washington donde se han traslada las pláticas con personeros del FMI de alto nivel, debe considerar tambiíén reuniones como el Departamento de Estado, USAID y la Casa Blanca, ya que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha contribuido en forma desmedida con los objetivos geoestratíégicos de EEUU; incluye la extradición de narcotraficantes, la entrega del cielo de la Mosquitia a la DEA, fortalecimiento del Ejíército y la recepción de la oleada de niños y niñas inmigrantes sin contar con los recursos y logística para ello.
Más que mandar a los funcionarios de gobierno, el propio presidente Hernández debe encabezar la Misión de Honduras en Washington; a veces la política determina lo económico; se acabaron los almuerzos gratis.
