El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley que establece las condiciones de cierre e indemnización del almacíén subterráneo de gas Castor, paralizado hace un año tras los seísmos que se desencadenaron con la primera inyección de combustible. La norma, que se esperaba desde hacía tres semanas, fija una pago de 1.350 millones por la inversión realizada en Castor, que recibirá su propietaria, Escal UGS, y que pagarán los consumidores en los peajes del gas en los próximos 30 años a un tipo de interíés del 4,3%.
Este precio figura en el real decreto ley que podría publicar el BOE del sábado y se deriva de la siguiente fórmula:el bono del Tesoro con vencimiento en el año 32 (un 2,9%) más la actual prima de riesgo (120 puntos básicos) a lo que se añaden otros 20 puntos al no contar con el aval del Estado. Enagás Transporte, que se convierte, según dicha norma, en titular del derecho de cobro de la deuda de Castor, ha llegado a un acuerdo con tres entidades, Santander, Bankia y Caixabank, a los que se cederá derechos de cobro del sistema gasístico en los citados 30 años (un mecanismo similar a la cesión del díéficit de tarifa elíéctrico) desde el intante en que entre en vigor el RDL.
El dinero de los bancos se entregaría de inmediato a Escal y este a sus bonistas acreedores, encabezados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con 300 millones de euros. Se da la circunstancia de que Castor fue el primer experimento europeo de los llamados projet bond y podría ser el último a la vista de su fracaso. Según el contrato con los bonistas, si la planta no entraba en funcionamiento en noviembre, se ejecutarían los avales. El principal avalista es ACS que tiene garantizada toda la deuda, excepto 200 millones respaldados por el propio BEI.
El RDL anula la concesión otorgada en 2008 por Industria a Escal UGS (sociedad participada por ACS, con un 66,7% y la canadiense del mismo nombre, con el 33,3%), por lo que la infraestructura revierte al Estado. Asimismo, en tanto se decide si se abre o se desmantela, se encomienda tambiíén a Enagás Transporte, que proceda a hibernar el almacíén a cambio de una retribución anual. Su función será “el mantenimiento y operatividad†de la planta y garantizar la seguridad de la misma, según indicó la compañía en un hecho relevante.
Esta hibernación nada tiene que ver, por ejemplo, con la de la regasificadora de El Musel, en Asturias, que funciona al ralentí. En el caso de Castor, la hibernación equivale, de hecho, al cierre de la planta y, aunque no significa su desmantelamiento hay quien lo considera la antesala del mismo. Si en unos años, una vez que los estudios científicos encargados por Industria concluyan, el Gobierno de turno optase por abrir la planta, sería preciso otorgar una nueva concesión, pero todo apunta al desmantelamiento. Este último proceso, que tendría un coste de unos 200 millones de euros, requeriría de la aprobación de un nuevo real decreto y del mismo se ocuparían petroleras especializadas.
La compañía que preside Antonio Llardíén ha querido dejar claro que la operación “tendrá un carácter neutro desde el punto de vista financieroâ€. Y así lo demuestra el hecho de que Standard & Poors haya mantenido la calificación crediticia de Enagás tras anunciarse el rescate de Castor.
Nadal buscó una opción menos cara para el usuario
Para evitar las críticas de la opinión pública por la devolución de la inversión de Castor, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, planteó una primera solución para que los consumidores del gas solo pagasen una parte de la deuda. La propuesta consistía en que se financiase a travíés de un críédito del ICO recurriendo al mecanismo de tax lease, una ayuda de Estado, según la cual, los financiadores de un proyecto, por ejemplo, la fabricación de un barco, reciben el beneficio fiscal que correspondería al propio fabricante.
El plan fue descartado por el Gobierno ante el temor de que se considerase una ayuda de Estado ilegal y se computase como díéficit público. En ese primer plan, la compañía encargada de hibernar Castor no era Enagás, sino una sociedad de la SEPI creada expresamente para ello. Este punto tambiíén resultó controvertido, pues, lo lógico -se consideró-, es que de esta tarea se ocupase el gestor del sistema y transportista, Enagás, que es el que cuenta con la experiencia y la tecnología para ello.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, estimó el viernes un coste para el sistema de 100 millones anuales a partir de 2017, 110 millones menos que si funcionara.
Fuentes jurídicas aseguran que el Gobierno ha recurrido a un real decreto ley para evitar que la decisión sea recurrid
