El endurecimiento sorpresa a última hora de los test de estríés, que tanto temían las entidades españolas y que adelantó el viernes El Confidencial, tendrá como principales damnificados a Sabadell, Popular y Santander, según fuentes conocedoras de la situación. Esto se explica porque son las tres entidades que más operaciones corporativas han realizado en los últimos años, tanto de compra como de venta, ya que el cambio de las reglas afecta al fondo de comercio generado por estas operaciones. No obstante, el endurecimiento no bastará para hacer suspender a ninguno, aunque sí les bajará la nota: "Pasarán del notable al bien o al suficiente", según una de estas fuentes.
La mayor rigurosidad del examen consiste en que el BCE decidió unilateralmente hace el jueves 25 de septiembre que todos aquellos ajustes que alteraran la solvencia de los analizados, y hubieran sido aprobados por las respectivas regulaciones nacionales con posterioridad al 1 de enero de 2014, no resultarían de aplicación en el ámbito de los test. Esto afecta, fundamentalmente, a los activos fiscales diferidos de la banca portuguesa y al tratamiento de la participación en otras sociedades financieras y del fondo de comercio de las firmas nacionales.
Sin entrar en honduras, la regulación española permite que estos conceptos se deduzcan paulatinamente (un 20% anual) del capital, y las entidades esperaban que así se recogiera en el ejercicio. Sin embargo, el BCE las obliga a deducírselos totalmente de golpe, lo que lógicamente reduce el nivel de capital de las entidades españolas. No tanto como para que ninguna suspenda, según las fuentes, pero sí para que las notas no sean tan brillantes como se esperaba sin esta modificación de última hora, con lo que la diferencia con los bancos de otros países europeos no será tan acusada.
Los más perjudicados por la medida son los que más fondo de comercio han generado en los últimos ejercicios, bien sea mediante adquisiciones, bien mediante ventas de participaciones superiores al 51%, puesto que el 49% que queda en sus manos debe ser valorado al precio de venta, con el consiguiente fondo de comercio. En esa lista se encuentra Popular, que en 2013 vendió el 51% de su plataforma inmobiliaria a Ví¤rde Partners y Kennedy Wilson por 800 millones, y todavía arrastra el fondo de comercio de la adquisición del Pastor, de casi 3.000 millones.
Santander tambiíén realizó numerosas operaciones corporativas el año pasado, como la integración de Banesto y Banif, la compra del 51% de la financiera de El Corte Inglíés y el 8% del Bank of Shangai, aparte de la reestructuración de sus filiales en Míéxico y Brasil. Al igual que el Popular, el banco que preside Ana Patricia Botín vendió su plataforma inmobiliaria Altamira (en este caso un 85% del capital) a Apollo, y tambiíén se desprendió del 50% de su gestora de fondos en favor de Warburg y General Electric. Finalmente, Sabadell cerró en 2013 las adquisiciones de Lloyd's, Banco Gallego y Caixa Penedí¨s (la de la CAM de 2012 generaba fondo de comercio negativo, badwill), así como la del JGB en Miami.
El BCE confirma los temores del sector
Más allá de las entidades más afectadas, el cambio de las reglas de los test a última hora confirma los temores de buena parte de la banca española. "Salimos demasiado bien, y eso es lo que nos preocupa", confesaba hace dos semanas el presidente de una de las entidades sometidas a las pruebas del BCE. "Aprobamos todos salvo que al final se decida que haya 'suspensos políticos' para diluir los que se van a producir en Alemania, Francia o Italia", añadía un alto directivo de otra.
Como tambiíén adelantó El Confidencial, el sector estaba convencido hace dos semanas de un aprobado general en los test por los mensajes que le llegaban desde el BCE y el Banco de España. El brutal ajuste acometido por nuestra banca, mucho mayor que el asumido en ningún otro país europeo, respaldaba esta convicción; es decir, nosotros ya hemos hecho los deberes y otros todavía deben hacerlos. Aparte de dicho ajuste, este aprobado general tambiíén viene facilitado por la relajación del escenario adverso para nuestro país desde el durísimo que pretendía imponer inicialmente el BCE.
Una vía para que no parezca una decisión política
El único miedo que empañaba ese optimismo generalizado era precisamente el de los 'suspensos políticos'. Una fuente del sector los descartaba porque "la credibilidad del BCE quedaría por los suelos si cede a estas presiones despuíés de un ejercicio tan riguroso como el que ha hecho". Ahora bien, la institución presidida por Mario Draghi ha encontrado la fórmula para, al menos, rebajar la nota de las entidades españolas sin que parezca una decisión política, ya que se escuda en la tardanza del Gobierno español en aprobar la normativa que traspone el calendario de adecuación a las normas de solvencia de Basilea III (las que permiten deducirse un 20% de estos conceptos al año).
"Si España hubiera aprobado esta norma el 1 de enero, se habría aplicado en los test; pero lo hizo el 31 de enero", explica una de las fuentes consultadas. El BCE sostiene que, dado que los test toman los balances bancarios de cierre de 2013, tambiíén aplican la normativa en vigor a esa fecha en cada país, por lo que no pueden incorporar modificaciones posteriores; de ahí que tampoco puedan incluir los DTA de los bancos portugueses. Ahora bien, eso no lo habían dicho hasta ahora, cuando los bancos españoles han empezado a desfilar por Fráncfort (terminarán de hacerlo esta semana) y se han encontrado con esta desagradable sorpresa.
