España tiene con el resto del mundo una deuda neta de 1,11 billones de euros, algo más del 100% de su PIB, la más alta en tíérminos relativos de los países desarrollados, según el último informe del Fondo Monetario Internacional. Pero la deuda bruta, la que Estado, banca y empresas tienen que refinanciar con el calendario de vencimientos establecido, llega hasta 2,48 billones de euros, un 230% del PIB.
Además, ambas variables, tanto la deuda bruta como la neta, que define la posición de inversión internacional neta del país, cerrarán este año con un pequeño incremento, debido tanto al lento desapalancamiento de los agentes económicos, como a la vuelta al díéficit por cuenta corriente tras el superávit de 2013.
A la luz del castigo sufrido por España en los mercados financieros en la pasada crisis pese a estar integrada en el euro, la elevada dependencia financiera del resto del mundo por el descomunal endeudamiento convierte a la economía española en una de las más vulnerables de los países industrializados, a juicio de los expertos económicos, incluidos los del Fondo Monetario.
La deuda externa neta o posición de inversión internacional neta (NIIP, por sus siglas en inglíés, net international investment position) sigue siendo el flanco más díébil de la economía española ante cualquier shock financiero externo.
Durante la crisis se logró frenar el creciente recurso al exterior para alimentar el crecimiento, y en los últimos años, con las reformas laborales, financieras y del gasto público, la economía ha logrado retomar una ligera senda de recuperación de la competitividad y del crecimiento, que contribuirá a limar lentamente los desequilibrios financieros; pero el ritmo al que puede hacerlo, si reformas adicionales no fuerzan la máquina del crecimiento, será demasiado lento, lo que supone tener a la economía demasiado tiempo expuesta a los vaivenes de los mercados financieros.
Esta dificultad, además, es cuasi made in Spain, pues ninguna otra gran economía de la eurozona tiene tan descabalada la necesidad de financiación externa. Lógicamente, los pasivos españoles frente al resto del mundo llegan ahora al 229% del PIB, según cálculos de Josep Oliver Alonso, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y miembro del think tank EuropeG.
Dependencia del sector financiero
Dado que los activos españoles en el resto del mundo alcanzan el 128,3% del PIB, estos solo suponen el 58% de los primeros (una especie de tasa de cobertura financiera). Tal tasa es la más baja de los grandes países europeos: en Francia llega al 91% y en Holanda, Alemania o Dinamarca supera el 100%.
De la deuda neta externa (la citada NIIP cifrada en 1,1 billones de euros o algo más del 100% del PIB), el sector financiero acumulaba un 38% al cerrar el primer trimestre, mientras que el sector no financiero soportaba el 62%, y de esta partida, con una proporción de 60/40, las Administraciones públicas (386.000 millones) y las empresas no financieras (320.000 millones).
En los últimos años, la dependencia del sector financiero y las empresas se ha reducido, tras los máximos de 2011, y ha aumentado la de las Administraciones Públicas. Tanto es así que desde 2009, con el parón de la inversión que registró la crisis, el sector privado de la economía dispone de capacidad de financiación, aunque en tíérminos modestos.
Por contra, el Estado y el resto de Administraciones Públicas, que deben atender los estabilizadores automáticos (gasto en desempleo) y abonar todas las deudas comerciales atrasadas y la crisis bancaria, pasan a tener una importante necesidad de financiación (díéficit público). Y la evolución sintíética de ambas variables financieras arroja por vez primera en el siglo un superávit del saldo financiero frente al resto del mundo en 2012 y 2013, muy modesto en 2012 y algo más consistente en 2013.
Apalancamiento privado
El sector privado (hogares, empresas no financieras y banca) pasó de una necesidad de financiación superior al 11% en 2007 a una capacidad de financiación del 10% del PIB en 2012 y superior al 8% en 2013. La contracción crediticia operó una reducción de la deuda privada a partir de los máximos de 2010 (213% del PIB), aunque sigue en valores demasiado elevados (194% del PIB, cuando los valores aceptables considerados por la Comisión Europea son del 160% del PIB). En las familias es del 81% del PIB, tras un apreciable descenso, y las empresas tienen un endeudamiento del 113% del PIB, según el informe citado del profesor Oliver Alonso.
No obstante, en ambos casos sigue por encima de los niveles ortodoxos y en los dos tambiíén por encima de las ratios medias de la eurozona. Por tanto, reducir la vulnerabilidad de España a los riesgos financieros pasa por reducir más el apalancamiento privado, además del público, conduciendo el saldo fiscal a números negros.
Pero las certezas sobre tales reducciones futuras son relativas. El presupuesto público sí recoge descensos continuados en los próximos años; pero no hay similar ejercicio en empresas y familias, pese a que el Gobierno maneja capacidad de financiación frente al resto del mundo en los ejercicios siguientes, con una reducción de la deuda externa neta de unos 34.000 millones entre 2014 y 2015.
Pero bien podría no ocurrir. De hecho, este año será muy complicado mantener el superávit corriente, dado que ya en los seis primeros meses del año, cuando la demanda interna se ha movilizado, ha vuelto el díéficit comercial con cierta consistencia. Tanta, que puede llevar el saldo por cuenta corriente otra vez a los números rojos.
Una carga financiera pendiente de los tipos
La deuda privada de los españoles registró en los primeros años del siglo el avance más vertiginoso de la OCDE; entre 1990 y 2010 avanzó 140 puntos porcentuales, solo superada por Dinamarca, Portugal o Noruega. Y únicamente despuíés de 2010 comenzó su lento descenso, para pasar desde el cenit del 213% del PIB al 194%, unos treinta puntos todavía por encima del considerado nivel de equilibrio (160% del PIB).
Pese a ello, la carga por intereses de familias y empresas es muy soportable por la política monetaria expansiva del BCE. Los hogares abonan en intereses el 2,3% de su renta bruta disponible agregada, y las empresas el 9% de su beneficio , tasas ambas muy similares a los años previos a la crisis. Pero los altos volúmenes de deuda convierten esa factura en muy vulnerable si los tipos comenzaran a subir
