España está obligada a recuperar ayudas fiscales multimillonarias otorgadas por el Gobierno de Mariano Rajoy a algunas de sus grandes empresas. La Comisión Europea cerrará este miíércoles con un severo revíés el expediente contra España por ayudas que se consideran “ilegales†para facilitar la adquisición de compañías extranjeras por parte de algunas de las mayores multinacionales con pasaporte español, según las fuentes consultadas. El vicepresidente de Competencia, Joaquín Almunia, exige a Hacienda que recupere todo ese dinero. Telefónica, Banco Santander e Iberdrola —tres de las mayores firmas del Ibex—, además de Abertis y la filial española de la aseguradora francesa AXA, están entre las empresas que deberán deberán reingresar las “ayudas ilegales†percibidas, según confirman a EL PAíS fuentes de la Comisión.
Según fuentes conocedoras del caso, la cantidad en juego es de varios miles de millones de euros en deducciones fiscales, si bien Bruselas y el Gobierno prefieren no hablar aún de cifras definitivas y fuentes cercanas a las empresas señalan que solo se ha usado hasta ahora una parte pequeña de esas deducciones, que será lo que habría que devolver. Solo en el caso de Telefónica, el importe de las deducciones que llegaría a poder aplicarse a raíz de la compra de la brasileña Vivo asciende a 4.000 millones, según los cálculos de tres fuentes conocedoras del caso, pero fuentes cercanas a la empresa indican que la cifra es inferior y que en todo caso solo se ha usado hasta ahora una parte muy pequeña (entre 20 y 30 millones) de las deducciones potenciales. Añaden, además, que esas deducciones no se han reflejado contablemente por las dudas sobre su reconocimiento final. Fuentes oficiales de la empresa declinaron hacer comentarios hasta que no se conozca la decisión de Bruselas. Iberdrola y el Banco Santander tampoco facilitaron las cantidades en juego en sus respectivos casos.
Tres meses despuíés de llegar a La Moncloa, el 21 de marzo de 2012, el Ejecutivo de Rajoy aprobó aplicar retroactivamente ayudas fiscales por la compra de participaciones financieras en empresas de fuera de la UE. El equipo del ministro Cristóbal Montoro aprobó una interpretación “innovadora†—según la descripción de Bruselas— de las reglas de ayudas de Estado, que permitía deducciones multimillonarias a varias multinacionales por la puerta de atrás: a travíés de una consulta vinculante de Telefónica a la Dirección General de Tributos que, según Bruselas, reinterpretaba con efectos retroactivos la ley del Impuesto de Sociedades. Esa ley fue aprobada 10 años atrás por el Gobierno de Josíé María Aznar, con Rodrigo Rato como vicepresidente económico y con Montoro en Hacienda.
El cambio de interpretación llegó justo cuando el Ejecutivo empezaba a aplicar duros recortes: poco despuíés de aprobar la reforma laboral y unos días antes de anunciar tijeretazos en sanidad y educación. Y en medio de una crisis oceánica que culminó con la nacionalización de Bankia y el rescate financiero de España por parte de los socios europeos. Las fuentes consultadas destacan que Telefónica, Santander, Iberdrola, Abertis y AXA se beneficiaron de ese cheque fiscal pese a que iba en la dirección contraria a la batería de medidas aprobadas posteriormente por el Gobierno para apuntalar la recaudación del Impuesto de Sociedades, hundida desde el arranque de la crisis, y en un contexto internacional marcado por una menor permisividad con la ingeniería fiscal de las multinacionales.
Esas ayudas —que tíécnicamente permitirían la amortización fiscal del fondo de comercio (la diferencia entre el valor en libros de una empresa y el precio finalmente pagado por ella) tanto para las compras directas como para las indirectas, a travíés de sociedades interpuestas— estaban ya terminantemente prohibidas. Bruselas, sin embargo, había accedido a que las empresas europeas no devolvieran su importe en las operaciones hasta 2007 por la aplicación del principio de confianza legítima: las compañías tenían indicaciones de que esas deducciones eran aceptables hasta entonces.
Hacienda aprovechó ese resquicio: accedió a la petición de las empresas para que pudieran beneficiarse retroactivamente de las deducciones a travíés de adquisiciones indirectas como la de Vivo, a pesar de que la interpretación correcta de la ley española no las permitía, según Bruselas. Tras ese movimiento, Competencia abrió expediente a España en julio de 2013. Y rematará mañana ese expediente declarando ilegales las ayudas y exigiendo a Hacienda que recupere todo el dinero, como ya ocurrió con los astilleros. Fuentes de Bruselas explican que Telefónica, Santander, Iberdrola, Abertis y AXA son las cinco empresas que han presentado alegaciones. Pero puede haber otras que se hayan beneficiado. El Ejecutivo está obligado ahora a indicar el importe y el número de empresas que se acogieron a esas ayudas fiscales
El Gobierno español sostiene que no puede hablarse de aplicación con efectos retroactivos. En una entrevista a este diario hace ya un año, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, apuntaba que la interpretación de la normativa española “cambió tras las decisiones al respecto de Bruselas en 2009 y 2011â€, y tras varias denuncias de las empresas en los tribunales: “Tributos, ante una pregunta de un contribuyente, aclara, con base en las decisiones de la Comisión, que no hay que recuperar esa ayuda. No es concederla con carácter retroactivo. No es un acto nuevo o una devolución de impuestos. El cambio del criterio interpretativo vino motivado por la propia decisión de la Comisión. No fue para dar premios millonarios a multinacionales sino para interpretar mejor la normaâ€, decía Ferre.
Fuentes europeas destacan que no ha habido aún decisiones judiciales a los recursos citados por Ferre. Y frente a la sorpresa del secretario de Estado, Bruselas responde: “El procedimiento contra ese montaje jurídico se cierra con decisión negativa para España y con la obligación de recuperar las ayudas, que eran ilegales con los tratadosâ€.
