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El gobierno italiano aprobó un recorte de impuestos por 18 mil millones de euros para 2015, con el objetivo de estimular el consumo interno y la economía nacional.
El gabinete encabezado por Mateo Renzi prevíé destinar esos beneficios fiscales a empleados con bajos salarios, trabajadores independientes, familias y empresas, para de ese modo disminuir la elevada tasa de desempleo del país, que actualmente supera el 12 por ciento.
Al ofrecer una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, el Primer Ministro precisó que esta constituye la mayor reducción impositiva aprobada jamás por un Ejecutivo en la historia de la república italiana.
Del dinero que se dejará de recibir por concepto de gravámenes en el presupuesto del año próximo, nueve mil 500 millones de euros tendrán que ver con la dismininución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Otros cinco mil millones de euros corresponderán a la eliminación de un cobro regional, mil 900 millones a las prerrogativas de empresas que contraten por tiempo indefinido y 500 millones a exenciones destinadas a familias numerosas.
Para financiar esas medidas, que buscan reactivar la economía de un país sin crecimiento desde 2011, el Gobierno deberá reducir otras partidas y llegar a un mayor endeudamiento de las finanzas públicas.
Los fondos para implementar el presupuesto provendrán de un recorte de gastos por 15 mil millones de euros, así como de nuevos gravámenes sobre ciertos productos.
Además, 11 mil millones de euros se obtendrán del aumento del díéficit público del 2.2 al 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto, justo por debajo del máximo permitido en la Eurozona del tres por ciento.
Pero las medidas recibieron críticas de diversos sindicatos, al considerar que brindan demasiados beneficios a los empresarios y no crean las condiciones necesarias a largo plazo con vistas a crear nuevos puestos de trabajo.
De cualquier modo, el proyecto de presupuesto para 2015 deberá someterse ahora al control de la Comisión Europea, que deberá aprobarlo o solicitar al Ejecutivo italiano los cambios necesarios en correspondencia con las normas comunitarias.
