Ignacio Sánchez Galán no juega de farol en su desafio al Gobierno de vender parte de su negocio en España para invertirlo en países que considera más serios desde el punto de vista regulatorio. La compañía está en la fase final de negociaciones para desprenderse de entre un 25 y un 40% de su negocio de distribución en España por al menos 3.500 millones de euros. La operación se enmarca en la estrategia del grupo elíéctrico de reducir su negocio en la Península tras los recortes sufridos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con quien el presidente de la compañía mantiene una relación de desconfianza.
Según aseguran fuentes financieras, Iberdrola espera recibir en la primera semana de noviembre las ofertas vinculantes de los tres fondos que han sido seleccionados como finalistas despuíés de analizar las propuestas preliminares presentadas durante el verano. Los tres candidatos son IFM Investor, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) y Kuwait Investment Authority (KIA), el brazo inversor de KO, el holding que en la díécada de los noventa protagonizó alguna de las inversiones más políémicas en España.
Las mismas fuentes indican que la operación, que está siendo asesorada por Morgan Stanley en nombre de Iberdrola, está condicionada a que el Gobierno apruebe en las próximas semanas la nueva regulación de la actividad de distribución elíéctrica. Es el mismo factor que está influyendo en la compraventa de los activos de la alemana E.ON en España, que tambiíén espera recibir las ofertas a principios de noviembre.
La empresa vasca tomará la decisión final una vez abra los sobres con las ofertas vinculantes, cuyos importes alcanzan al menos los 3.500 millones de euros por el 25% del capital. Algunos de los interesados han llegado a ofrecer la adquisición de hasta el 40% de la filial, por lo que el volumen total llegaría hasta los 5.600 millones. Iberdrola Distribución tiene un beneficio operativo de 1.400 millones, por lo que, aplicándole los múltiplos de operaciones corporativas recientes, la tasación global puede rondar los 14.000 millones.
IFM Investor es una sociedad con 53.000 millones de dólares australianos (36.500 millones de euros) bajo gestión que tiene como hombre fuerte en España a Nicolás Villíén, quien durante casi dos díécadas fue uno de los ejecutivos de confianza de la familia Del Pino (Ferrovial). El fondo, que tiene una división de infraestructuras, ha contratado a Goldman Sachs para pujar por Iberdrola Distribución, la empresa encargada de llevar la energía a los puntos finales de consumo.
Por su parte, ADIA es el fondo soberano del emirato de Abu Dabi encargado de gestionar los excedentes de las reservas de petróleo del país. Aunque la firma nunca ha declarado el volumen que administra, se calcula que su patrimonio ronda los 773.000 millones de dólares, lo que la coloca como el segundo mayor fondo público del mundo, según el Sovereign Wealth Fund Institute.
En tercer lugar está KIA, que en la citada clasificación aparece en el quinto puesto, con 410.000 millones de dólares. Este fondo ya ha realizado inversiones en España años atrás, como las adquisiciones del Grupo Torras, Ercros, Torraspapel, FESA-Enfersa, Ebro Agrícolas y Unión Española de Explosivos (actual Maxam), pero su actividad estuvo caracterizada por la supuesta trama de dinero negro entre Javier de la Rosa y Manuel Prado y Colón de Carvajal (el valido del rey Juan Carlos), ambos condenados a penas de cárcel. Sus actuales gestores ya no tienen nada que ver con aquella oscura etapa.
Aunque la situación financiera de Iberdrola ha mejorado sustancialmente tras la venta de una serie de activos en Alemania, Francia, Polonia y Argelia, la compañía necesitaría los ingresos de esta venta para financiar la compra de parte de los activos de Energy Future Holding, una empresa estadounidense en quiebra valorada globalmente en más de 15.000 millones. La española está analizando esta operación siempre y cuando no golpee su solvencia financiera, situada tres escalones por encima del bono basura.
