La juez Mercedes Alaya, que instruye una nueva macrocausa sobre los fondos de formación en Andalucía, no se ha andado con rodeos. Cuando algunos ponen en duda su competencia en este caso, la juez ha dejado claro que no piensa amedrentarse y que sus miras están puestas más allá del fraude de los cursos en una supuesta financiación ilegal del PSOE con estos fondos. En la sexta jornada de declaración de su principal testigo en esta causa, el funcionario Teodoro Montes, la magistrada le ha preguntado directamente sobre si la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en el epicentro de la supuesta trama, “financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de Andalucíaâ€, según fuentes judiciales.
El testigo ha eludido contestar directamente a la pregunta aunque ha dejado claro sus “numerosas dudas†y ha subrayado que este organismo, extinguido en mayo de 2011, estaba integrado por cargos en el PSOE y familiares directos, antiguos alcaldes y concejales socialistas, que ocupaban los puestos de trabajo en esta fundación y cobraban “hasta tres y cuatro veces más†que cualquier funcionario.
Cuando arrecian las críticas contra la instrucción de la juez Alaya y algunos tratan de poner en entredicho la validez de este testigo, funcionario de la administración desde hace más de 40 años y en una personal cruzada contra sus superiores, la magistrada ha dejado constancia de por dónde van sus indagaciones. Teodoro Montes se dirigió a las puertas del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hace más de un año y fue reconducido la UCO de la Guardia Civil, el brazo armado de Alaya en el caso ERE.
Fue lo que puso de manifiesto en su interrogatorio el abogado de la Junta de Andalucía, que además acreditó que Montes estaba imputado en un supuesto delito de falsedad en relación a unos cursos por suplantación de identidad de los alumnos. En este punto quedó la declaración el pasado viernes. Alaya la ha retomado con fuerza señalando a la Faffe, que está en el punto de mira desde hace ya casi un año.
Fue la Cámara de Cuentas (que ya alertó de irregularidades en 2004 aunque sus advertencias cayeron en saco roto) la que destapó que en esta fundación en los años 2009 y 2010 se habían repartido casi 50 millones de euros sin justificación. El 89% de las subvenciones concedidas no estaban bien justificadas. La Fiscalía abrió una investigación a raíz de las irregularidades destapadas por el órgano auditor.
50 millones sin justificar
La Faffe fue creada en 2003 tras recibir la Junta de Andalucía el traspaso de las políticas activas de empleo. Su principal misión era la formación de los parados andaluces. La juez Alaya ha preguntado al testigo sobre esos 50 millones de euros que han desaparecido según la propia Cámara de Cuentas. El plazo de justificación de esas cantidades expiró el pasado 30 de marzo de 2012. El declarante ha mostrado “serias dudas†sobre que los cursos con cargo a estas subvenciones se hubieran realizado y la magistrada ha puesto de manifiesto su extrañeza porque ese dinero hubiera sido devuelto desde la Faffe, una vez extinguida, al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Tambiíén, según fuentes judiciales, Alaya se ha referido a otra subvención de 16 millones de euros que le fue adjudicada a la desaparecida fundación una vez que ya estaba extinguida y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al Servicio Andaluz de Empleo a devolver. En este punto la instructora ha considerado “absurdo y poco creíble†que la administración se devuelva dinero a sí misma, tanto como que se conceda esta subvención a una entidad que ya no existía. A continuación, Alaya ha dejado claro por dónde van sus pesquisas al interpelar directamente al testigo sobre una posible financiación ilegal del PSOE a travíés de esta fundación.
El principal testigo en esta macrocausa judicial, según fuentes del caso, ha denunciado que la fundación de Empleo se convirtió en una “administración paralela†de la Junta con el objeto de “aleccionar y adoctrinar†y ha insistido en varias ocasiones que despuíés de extinguida su contabilidad y los expedientes de los cursos dependientes de la Faffe han estado a resguardo de los funcionarios y solo podían ser manipulados por el antiguo personal de la fundación.
La Faffe fue una fundación que llegó a tener una plantilla de 1.200 personas, cuyas retribuciones estuvieron muy por encima de la media. Esto tambiíén ha sido puesto de manifiesto por la Cámara de Cuentas, que tiene el mandato del Parlamento andaluz de elaborar una segunda auditoría sobre este organismo. Cuando Josíé Antonio Griñán accedió a la presidencia de la Junta tomando el testigo de Manuel Chaves y estalló el caso ERE, intentó acabar con todo lo que estuviera relacionado con la antigua Consejería de Empleo y su titular, el consejero Antonio Fernández, imputado por Alaya tanto en este caso de la formación como el fraude de los ERE.
En ese marco y dentro de un plan puesto en marcha para reordenar el sector público se dio la orden política de acabar con la Faffe. Fue una decisión muy problemática. Hubo despidos, aunque la mayoría de sus trabajadores, hasta 700, fueron integrados en el SAE en una decisión política muy discutida incluso en los tribunales de justicia.
La mayoría de esos trabajadores han estado dos años sin ninguna función conocida. El funcionario Teodoro Montes certificó ante la juez Alaya que aunque la Faffe se suprimió en mayo de 2011 no es hasta junio de este año 2014 cuando sus expedientes llegan a la Consejería de Educación, donde residían las competencias sobre formación desde hacía más de un año. Ya en otra jornada de sus seis días de declaración señaló que le habían obligado a firmar 25 cursos que no se habían realizado. En su primera declaración ante la Guardia Civil hablo de hasta 450 cursos fantasma organizados por la Faffe.
Autobuses contra Aznar con cargo a la formación
El testigo ha señalado otras fundaciones públicas como Aesim, Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer, o la EMA-RTV, asociación de emisoras municipales de Andalucía de radio y televisión, como entidades públicas con un “trato privilegiadoâ€. De su etapa como funcionario en la Consejería de Asuntos Sociales ha denunciado que en la primera huelga general contra el Gobierno de Josíé María Aznar “los autobuses de los sindicatos de Andalucía a Madrid se pagaron con dinero de proyecto de inmigración y formaciónâ€, según han trasladado fuentes judiciales. Asimismo el testigo, que lleva desde 1970 en la administración andaluza, ha puesto en duda el destino de los fondos de empleo del Plan E y el Proteja. La jueza ha protegido la validez de su testimonio y sus opiniones personales “por los 45 años que lleva en la casaâ€.
Tras seis días ante la juez Alaya, el testigo ha respondido a las preguntas del abogado defensor del exconsejero de Empleo Antonio Fernández. El letrado Alfonso Martínez del Hoyo ha tratado de poner de manifiesto que el funcionario no tiene ninguna preparación jurídica, que solo vierte opiniones personales y ha subrayado su responsabilidad final sobre los cursos, que tenía obligación de supervisar y controlar y, en caso de detectar irregularidades, anular. En este sentido ha puesto de manifiesto que hasta 2012 Montes no puso ninguna denuncia policial o judicial. El funcionario ha admitido que fue víctima de una “larga depresión†por su caso de mobbing.
