La Operación Púnica de la Guardia Civil ha desmantelado una trama de corrupción con al menos 51 empleados en nómina, entre políticos, empresarios y funcionarios. La investigación señala principalmente a cargos del Partido Popular y el Partido Socialista de varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que habrían adjudicado contratos y obras públicas a cambio de comisiones ilegales. La red creó un complejo entramado societario para camuflar las operaciones y evadir los fondos que habría extendido sus tentáculos fuera de España pero, según fuentes cercanas a la investigación, todas las pistas convergen en una sola empresa, Cofely, una multinacional francesa del gigante energíético GDF Suez.
La investigación del nuevo Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzó hace dos años, despuíés de que la Fiscalía de la localidad suiza de Laussane informara a las autoridades españolas de que acababa de localizar dos cuentas sospechosas de blanqueo de capitales. Los depósitos pertenecían a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y ex número tres del PP autonómico; y David Marjaliza, empresario de la construcción e íntimo amigo del exdirigente popular. Sólo el político del PP tenía a su nombre 1,5 millones de euros en ese depósito.
“La investigación arrancó con esa comisión rogatoria, pero en cuanto comenzamos a tirar del hilo descubrimos que detrás había muchísimo másâ€, explican fuentes próximas a la investigación. La operación de este lunes es el resultado de esas indagaciones. Según la Fiscalía Anticorrupción, sólo en los últimos dos años la trama habría ocasionado un perjuicio al erario público de 250 millones de euros. “La mayor parte de esa cantidad corresponde a contratos adjudicados irregularmente a Cofelyâ€, detallan las mismas fuentes. “El dinero que apareció en Suiza corresponde únicamente a las presuntas comisiones ilegales cobradas por Granados y Marjaliza antes de ese momento. Los beneficios conseguidos en los últimos dos años están en otro sitioâ€.
Tres grupos diferentes
La trama se dividía en tres grupos bien diferenciados. Por un lado, estaban los empresarios, que pagaban para quedarse con contratos públicos. En segundo lugar, se encontraban los políticos, que utilizaban su poder en las instituciones para amañar las licitaciones. Y por último, el círculo de los intermediarios, que actuaba como correa de transmisión entre los políticos y las empresas. A este último pelotón pertenecía Marjaliza, así como los tambiíén detenidos Alejandro Pedro de Llorca y Josíé Antonio Alonso, este último alcalde de Cartagena con el PSOE y luego constructor de íéxito en el cortijo murciano del Partido Popular. Los protagonistas de la trama estaban por encima (o por debajo) de la ideología.
Cofely era la principal empresa pagadora. “Los políticos imputados habrían maniobrado para los pliegos de condiciones de las adjudicaciones para que se lo llevara esta empresaâ€, apuntan las fuentes preguntadas por El Confidencial. “De ese modo, parecía que todo el trámite se había hecho de forma legal. Pero las licitaciones estaban preparadas para que se los llevara ellaâ€. Los agentes de la UCO buscaron este lunes información relacionada con estos concursos en la sede central de Cofely en España, situada en el número 79 de la calle Torrelaguna de Madrid. “No se busca dinero, sino documentación. En esa sede está la claveâ€.
Suministros energíéticos
Las licitaciones corresponden en su mayoría a contratos para el suministro de productos energíéticos, como electricidad, carburante o gas. Tambiíén se le adjudicaban a Cofely auditorías destinadas supuestamente a reducir la factura energíética de la Administración.
Los contratos sumaban cantidades astronómicas, a pesar de que eran otorgados por simples ayuntamientos. En mayo de 2013, el consistorio madrileño de Parla, uno de los investigados por la Guardia Civil, concedió a Cofely una licitación para “suministro, servicios energíéticos y mantenimiento†de inmuebles municipales y alumbrado públicos por valor de 4,5 millones de euros en un solo ejercicio de duración. En diciembre de ese mismo año, el Ayuntamiento de Valdemoro, tambiíén en Madrid e igualmente objeto de la operación de la UCO, otorgó a la multinacional francesa una adjudicación aún más jugosa, de 65,4 millones de euros. Por su parte, el consistorio de Collado Villalba le concedió a Cofely otro contrato de 42,9 millones de euros el pasado 13 de mayo. Y sólo una semana despuíés, el Ayuntamiento de Móstoles le dio otro de 73,1 millones de euros.
Según fuentes de la investigación, todos estos concursos habrían sido amañados para que los ganara la firma gala. Granados habría utilizado sus contactos, en connivencia con los intermediarios de la trama, para que dirigentes del PP, PSOE y otras formaciones independientes alimentaran la compañía con fondos públicos. Este diario ya informó en abril de 2013 que el vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid Miguel íngel Villanueva, que abandonó el puesto por la tragedia del Madrid Arena, había fichado precisamente por Cofely.
