La consejería de Economía de la Junta de Andalucía ofreció este jueves los datos definitivos de la revisión de 21 expedientes de ayudas a la formación otorgadas a UGT Andalucía entre 2009 y 2010 en los que aparecieron multitud de facturas falsas o infladas que, en paralelo, están siendo investigadas en un juzgado de Sevilla por presunta financiación ilegal masiva del sindicato.
El resultado de esta revisión administrativa, presentado ayer en el Parlamento regional por el consejero Josíé Sánchez Maldonado, es que el 60 por ciento del dinero se defraudó y por eso la Junta le reclama 15,3 de los 25,5 millones abonados. Casi dos de cada tres euros, cuya devolución en firme mediante expedientes de reintegro se ha iniciado ya.
La instrucción judicial investiga un periodo de tiempo mucho más amplio desde 1999 hasta final de 2013, correspondiente a los mandatos de Manuel Pastrana y Francisco Fernández como secretarios generales. Ambos están imputados por haber creado, impulsado y mantenido hasta diciembre de 2013 un sistema de desvío sistemático de fondos públicos de formación en
La reacción del sindicato que dirige hoy Carmen Castilla fue ayer inusitadamente dura con la Junta, de cuyos gobiernos ha sido siempre un apoyo fundamental. "La Junta ha emprendido una causa general indiscriminada sin el menor fundamento fáctico previo, sin obedecer a un plan de inspección o a una actuación específica de comprobación o justificación sino por el mero pánico desatado en la clase política gobernante ante las informaciones publicadas en la prensa".
"La Junta debe contestar a estas preguntas: Si en los años investigados dio por buenas las justificaciones de los programas, ¿por quíé ahora, cinco o en algunos casos seis años despuíés, cambia de criterio? ¿No hizo bien su trabajo la Junta de Andalucía? ¿O busca ahora un chivo expiatorio para preservar su imagen y su respaldo electoral?", señala UGT en el comunicado. El sindicato tambiíén aseguró que no va a aceptar "que se erija en la nueva Inquisición Española y que intente quemar en la hoguera a la Unión General de Trabajadores de Andalucía con tal de salvar su imagen".
En el terreno de lo concreto, UGT-A llevará al juzgado todas las resoluciones firmes de reintegro de fondos firmadas por la Junta, como ya hizo con las firmadas en septiembre, que sumaban casi cinco millones. En este sentido, la diputada del PP, María Teresa Ruiz-Sillero, alertó de la debilidad de los instrumentos de la Junta para conseguir que UGT-A devuelva efectivamente el dinero. Recordó en este sentido que los expedientes de reintegro abiertos contra los intrusos que cobraron indebidamente subvenciones para ERE han sido tumbados en los tribunales y la Junta no ha recuperado un euro.
Otro diputado popular, Rafael Carmona, criticó a Sánchez Maldonado por no querer concretar si en la revisión la Junta ha encontrado facturas falsas. IU, socio del gobierno del PSOE, lamentó que este caso pueda afectar a fondos europeos que vayan a llegar a la región.
