Un día despuíés de que Mariano Rajoy pidiese disculpas en nombre del PP por los casos de corrupción que afectan a su partido, el presidente del Gobierno afirmaba ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados que está dispuesto a seguir hablando con la oposición de esta materia, aunque en "algún momento hay que aprobarlas para empezar a combatir los efectos muy negativos y perversos" de la corrupción.
"Algo tendremos que hacer", afirmaba, para añadir que su voluntad es "absoluta para tomar decisiones útiles contra la corrupción". Los partidos políticos tendrán que declarar sus rentas en el Impuesto de Sociedades.
El Gobierno ha venido retrasando desde el año pasado la aprobación de medidas decisivas para combatir la corrupción política como es la reforma del Código Penal, la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, todas ellas varadas en su tramitación parlamentaria, así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya aprobación peligra por la cortedad del actual calendario de la legislatura.
Rajoy pedía no trasladar la imagen de país sumido en su totalidad en la corrupción, porque ni es "verdad ni se corresponde con la realidad". Defendió que "todos han cometido errores y equivocaciones, pero la política es una actividad noble. "Y, desde luego, no somos peores que otras profesiones", afirmó.
Empresarios predispuestos
La urgencia en la adopción de medidas se comprueba en que la percepción de la corrupción de los españoles ha calado en todos los niveles de la sociedad. Así, según la Encuesta anual sobre Fraude 2014, que elabora EY, un 6 por ciento de los altos directivos de las empresas españolas reconoce que aceptaría alguna propuesta poco íética para ganar o salvaguardar su negocio.
En los dos últimos años, las empresas han perdido fuelle en la instauración de procedimientos y políticas antifraude y anticorrupción y de cumplimiento de códigos de conducta, pese a las nuevas responsabilidades penales que se han introducido, lo que en el informe se considera una autíéntica desgracia.
España está a la cabeza de los Estados miembros de la Unión Europea en cuanto a percepción de la corrupción por sus ciudadanos, según el Informe sobre la lucha contra la corrupción, elaborado por la Comisión Europea y publicado en febrero de este año. Un 95 por ciento de los españoles cree que la corrupción está generalizada.
En la misma línea, los resultados de la Fiscalía General del Estado revelaban que en España había 800 políticos imputados y más de 2.000 detenidos en 2012.
Y ¡cómo no! el reiterado informe de Transparencia Internacional de 2013, que mostraba que la percepción sobre la corrupción en España en ese ejercicio ha supuesto una caída de diez puestos, pasando del trigíésimo al cuadragíésimo.
Una legislación con lagunas
La Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de financiación de los partidos políticos, actualmente en vigor y que modificó las leyes precedentes, incluyó la obligación de los partidos políticos de hacer públicas, a travíés de su página web, el balance y la cuenta de resultados y, muy en particular, la cuantía de los críéditos concedidos y las condonaciones de deuda por las entidades. Además, se incluyó un límite de 100.000 euros al año como posibilidad máxima de condonación de deuda, lo que incluye tanto el principal como los intereses.
Los partidos deben informar tanto al Tribunal de Cuentas com al Banco de España sobre las condiciones de la deuda y notificar las donaciones superiores a 50.000 euros y la de bienes inmuebles en el plazo de tres meses. Con estas obligaciones, se incluyó un cuadro de sanciones que trata evitar la generalización de las malas prácticas.
Sin embargo, la letra pequeña de esta normativa se ha ido comprobando que contiene importantes lagunas como que el límite de los 100.000 euros no se aplique a los críéditos en condiciones ventajosas, a las donación de inmuebles, a la cesión de activos a precios inferiores al valor de mercado o a la prestación de servicios profesionales.
Otro de los grandes peligros de esta normativa es que las fundaciones pueden recibir fondos de las empresas que contratan con la Administración y, a su vez, permiten la concesión de príéstamos, cesión de personal o de uso de inmuebles, tal y como ha denunciado reiteradamente el Tribunal de cuentas en sus informes anuales.
Ley de Transparencia
La Comisión Europea reclamaba en el citado informe sobre la corrupción que el Gobierno de Rajoy tome medidas para una mayor vigilancia de la financiación de los partidos políticos para detectar irregularidades, que se establezca la obligación de una auditoría externa anual para cada formación política y que publiquen on line su cuenta de resultados, incluidos los príéstamos y que se refuerce el ríégimen de sanciones.
Finanzas de los partidos
La Ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos es la respuesta de Rajoy a las demandas de ir más allá de la Ley de Transparencia y contiene el grueso de las medidas que ha venido anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde su llegada al Gobierno.
Esta Ley obligará a las formaciones políticas a depositar sus cuentas en un registro público y fijará reglas sobre el papel que pueden ejercer sus responsables de la gestión económica, e incluirá la prohibición tajante de que personas físicas serán las únicas que puedan hacer donaciones a título personal a los partidos políticos y se prohibirá que lo hagan las empresas, que ahora pueden aportar hasta 100.000 euros anuales.
En la misma línea se prohibirá que los bancos perdonen críéditos a los partidos, actuación bastante corriente en la historia de la mayoría de las formaciones políticas.
Se encuentra en fase de enmiendas a la totalidad, en el Congreso de los Diputados desde el pasado mes de marzo y hasta, como mínimo, el próximo 4 de noviembre, habiíéndose ampliado los plazos cada semana. Una vez cerrado este trámite, se abrirá el periodo de presentación de enmiendas al articulado y despuíés el inicio de su tramitación parlamentaria.
Esta norma implica modificar la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Financiación de los Partidos Políticos y la Ley del Tribunal de Cuentas para lograr un mayor control y fiscalización de sus cuentas.
Código Penal
La reforma de la Ley Orgánica del Código Penal lleva desde febrero de este año en fase de enmiendas en el Congreso, e incluye nuevas figuras penales, con los nuevos tipos de delincuencia e incorpora multirreincidencia.
Una de las principales medidas a tener en cuenta es que en los delitos de administración desleal y malversación ya no será necesario acreditar el enriquecimiento ilícito del administrador o funcionario que falte al deber que tiene encomendado si, entre otros supuestos, se acredita que ha firmado contratos por un precio desorbitado o por servicios no prestados.
No obstante, el nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, ha ofrecido la "máxima colaboración" para avanzar en una negociación e incorporar todos aquellos contenidos necesarios "para adecuar la realidad del Código Penal a la realidad social", con relación a la lucha contra la corrupción. Una realidad que cambia constantemente.
Con el nuevo texto se tipifican como malversación todos los supuestos de gestión desleal del patrimonio público: contrataciones a precios superiores a los reales, celebración de contratos sin prestación, utilización del patrimonio público para fines privados... De esta forma la persecución de estas conductas será más eficaz, ya que no será preciso acreditar un enriquecimiento, sino que bastará con probar que ha existido una conducta desleal patrimonial.
El Proyecto de Ley amplía la responsabilidad de las personas jurídicas a las sociedades mercantiles públicas y prevíé, además, la sanción de los directivos de las entidades en las que se cometan delitos por falta de adopción de medidas de prevención.
Estatuto de altos cargos
Una de las medidas que se han venido demandando desde el inicio de la legislatura es el establecimiento de un procedimiento de comprobación, mediante auditoría, de la situación patrimonial de los altos cargos de las Administraciones Públicas, al acabar el mandato, sin embargo el Proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado está en periodo de enmiendas a la totalidad hasta el 4 de noviembre.
Tribunal de Cuentas
Los partidos políticos tendrán obligación de someter sus finanzas a control del Tribunal de Cuentas y, si no cumplen, a demás de las sanciones tendrán prohibido recibir subvenciones públicas.
En la actualidad, a parte de la falta de medios humanos y materiales para auditar a los partidos políticos, el Tribunal de Cuentas se encuentra con el handicap de que la prescripción de las infracciones de los partidos políticos vence a los cuatro años, mientras que la publicación de los informes anuales ha venido manteniendo un retraso de cinco años.
Las medidas que esperan su puesta en marcha, además, de reforzar el papel del Tribunal de Cuentas con más medios para su labor de control, buscan tambiíén regular los procedimientos de contratación de los partidos estableciendo con claridad las normas de quienes contratan en su nombre.
Estatuto del Congreso
Los grupos parlamentarios se mostraron de acuerdo en estudiar la creación de un órgano que analice la eficacia y el impacto de las leyes que aprueba la Cámara, para comprobar si cumplen sus objetivos, así como la posibilidad de que las iniciativas legislativas populares (ILP) puedan defenderlas en el Congreso", dotándolas de más relevancia. Tambiíén, se ha propuesto la incluyendo la regulación parlamentaria de los lobbies, que ya funcionan en otros Estados de la UE.
