Bankia pretende que Bruselas le levante cuanto antes las restricciones impuestas en su plan de reestructuración con el objetivo de crecer y mejorar su rentabilidad. La entidad tiene previsto reclamar a las autoridades comunitarias la supresión de las limitaciones, especialmente las relativas al críédito, haciendo uso de la cláusula de revisión de las condiciones, que vence a finales del próximo año. El Gobierno no tiene intención de desinvertir más en Bankia hasta 2015.
En el grupo nacionalizado se muestran optimistas sobre las posibilidades de que la Comisión Europea atienda a sus reclamos por varios motivos, según fuentes conocedoras de la situación. Por un lado, Bankia ha cumplido ya con el 99% de los compromisos adquiridos en su plan 2012-2015. Y por otro, las autoridades europeas están en la actualidad preocupadas por el crecimiento económico y pretenden incentivar la financiación a empresas y familias.
En este sentido, el papel del BCE y del Mecanismo íšnico de Supervisión en la denominada Unión Bancaria juega a favor de las aspiraciones de Bankia. Ambas instituciones defienden la necesidad de que el sector financiero reactive los príéstamos para impulsar la recuperación, lo que puede provocar un giro en la postura mantenida en los últimos años por la dirección general de Competencia de la CE, organismo encargado de fijar las condiciones con las entidades que han recibido ayudas públicas y que se caracteriza por un mayor tecnicismo. Bankia cierra el acuerdo que convierte a Mapfre en su proveedor exclusivo.
Hasta entonces, la entidad que preside Josíé Ignacio Goirigolzarri cuenta con margen para poder financiar a todos los clientes, despuíés de haber realizado un ajuste drástico de su balance, a pesar de que los críéditos nuevos los ha incrementado gracias a la mejora de la demanda solvente por la tímida recuperación de la economía.
El desapalancamiento de las empresas y familias y la venta de carteras, así como el traspaso de los activos a la Sareb, han llevado a Bankia a reducir el volumen de príéstamos netos por debajo de las exigencias de Bruselas. El grupo BFA-Bankia contaba a junio con un saldo crediticio de 115.087 millones de euros, frente a los 116.000 millones comprometidos en su plan con Bruselas para finales de 2015.
Esta caída ha permitido a la entidad nacionalizada cumplir ya, con año y medio de adelanto, los requerimientos sobre los activos totales y los activos por riesgos, que no pueden superar los 257.000 millones y los 93.000 millones, respectivamente.
Margen de actuación
Por tanto, Bankia dispone de cierto margen de maniobra para elevar la nueva producción de príéstamos, hasta que negocie con las autoridades comunitarias la revisión de su proyecto. El objetivo principal es eliminar por completo cualquier restricción, entre la que se incluye la financiación al sector inmobiliario y para empresas extranjeras fuera de España, aunque podría conformarse con un aumento de los mínimos de saldo crediticio.
Hasta ahora, el banco presidido por Goirigolzarri ha puesto el foco en las pequeñas y medianas empresas, con el fin de ir equilibrando su cartera total, en la que predominan las hipotecas. Este último producto es mucho menos rentable por los menores tipos de interíés.
En esta línea estratíégica, Bankia aprovechó la subasta extraordinaria de liquidez del BCE del pasado septiembre para obtener los 2.700 millones a los que podía acceder a precios bajos e inició una campaña para poner ese dinero a disposición de las pymes, con un descuento medio del 30% sobre las tasas anteriormente aplicadas a este segmento.
Según las últimas cifras disponibles, la entidad ha recibido ya peticiones de críédito por un importe superior a los 1.400 millones dentro de este plan comercial, de los que más de 500 millones se han concedido. Casi la mitad de estos fondos han sido otorgados a nuevos clientes.
Otra de las restricciones impuestas por la Comisión Europea afecta de lleno al dividendo, pero los actuales niveles de solvencia hacen prever que Bankia no necesitará llevar a cabo una negociación para levantar los vetos, ni siquiera con el supervisor nacional. El capital del grupo alcanza el 14,4% y, según las condiciones, sólo puede distribuir beneficios a sus accionistas -entre ellos el Estado, con un 61%- con un nivel superior al 9,5%.
