El trabajador sumergido en nuestro país obedece a un doble perfil: el de un desempleado y el de una persona joven que percibe al menos una parte de su salario en negro. En España 1,8 millones de personas forman parte de esa bolsa, identificada por los empresarios que conforman el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC).
El cálculo efectuado por el potente think tank empresarial que lidera el presidente de Telefónica, Cíésar Alierta, alude sólo a los españoles que cometen fraude laboral. En este grupo figurarían, por ejemplo, las personas inscritas como parados, pero que tienen un trabajo sin dar de alta en la Seguridad Social. O los inmigrantes no documentados. El CEC estima que, en la actualidad, hay 720.000 personas desempleadas sólo en teoría, porque, en la práctica, trabajan a tiempo completo o parcial. Representan el 39% del empleo sumergido total que hay en España. Los inmigrantes aportarían otro 15% al total: 277.000 estarían trabajando ajenos a los ojos de la Administración.
La cifra de empleados en la economía B, que estarían generando en torno al 11% del PIB, es una de las conclusiones más llamativas del sexto -y más amplio- informe elaborado por el CEC. Además de Alierta, detrás de estas siglas están, entre otros, Ana Patricia Botín (Santander), Pablo Isla (Inditex), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Francisco González (BBVA), Isidro Fainíé (La Caixa) o Juan Roig (Mercadona). El documento, difundido ayer, se centra, más que en el diagnóstico de los problemas, en las propuestas que pueden dar un fuerte empujón a la economía. Y, sobre todo, al empleo. "Todos los problemas de este país son solucionables", dijo Alierta. El presidente de Telefónica y sus 19 compañeros del CEC plantean una "transformación radical de la economía española que se basaría en la productividad, la educación y la competitividad".
Las mayores empresas de este país proponen medidas de choque en ocho campos, aunque las más contundentes y precisas se concentran en dos: el fraude laboral y el ajuste fiscal. El primer aspecto debe combatirse, principalmente, incrementando «el número de efectivos». El CEC da un dato revelador: en España hay 40 inspectores laborales por cada millón de habitantes; una cantidad similar a la de otros países europeos, con la diferencia de que la tasa de empleo sumergido es muy superior en nuestro país. Esta y otras recetas permitirían aflorar, como mínimo, 827.000 empleos de aquí a 2018; una cifra similar a la plantilla de la Administración Pública.
Por otro lado, el CEC plantea un ajuste fiscal de unos 30.000 millones de euros, que "debería hacerse de tal manera que fuera lo menos penalizador posible para el crecimiento". La forma de lograrlo es aplicarlo "en mayor medida" a travíés de "recortes en el gasto frente a un incremento de ingresos". El informe propone una "mayor racionalización y eficiencia del personal de las Administraciones Públicas", que se traduciría en un ahorro de 5.000 millones de euros. Tambiíén una "reducción del stock de endeudamiento público, activando un plan de gestión activa de patrimonio y de privatizaciones que supusiera una caída de la deuda en, al menos, 35.000 millones".
La aplicación del conjunto de medidas detalladas en el informe en todos los campos de actuación propiciaría, según el CEC, la creación de 2,3 millones de empleos en cuatro años, que permitirían recortar la tasa de paro hasta el 14,2%.
El amplio abanico de reformas propuestas afecta a ámbitos tan distintos como la educación o las pymes. Respecto a estas últimas, el CEC apuesta por crear el marco regulatorio e institucional necesario para que puedan incrementar su tamañoy ganar músculo para competir fuera de nuestras fronteras. En el ámbito educativo, incide en la necesidad de reforzar los vínculos entre los centros educativos y la empresa, y mejorar la cualificación, con el mismo objetivo: mejorar las condiciones para competir en el exterior.
