La principal empresa implicada en la Operación Púnica, Cofely España S.A., sigue aumentando su cartera de adjudicaciones públicas incluso despuíés de que se produjera el estallido del caso el pasado 27 de octubre. La Guardia Civil acusa a esta compañía, filial del gigante energíético francíés GDF-Suez, de conseguir sólo en los últimos dos años más de 200 millones de euros de fondos públicos mediante el pago de comisiones ilegales. Al menos cuatro directivos de Cofely han sido imputados por estos hechos. Sin embargo, eso no ha impedido a esta empresa incorporar nuevos clientes institucionales a su base de datos.
Desde que se produjeron las primeras detenciones, Cofely ha conseguido al menos tres contratos públicos por un valor total de 1.554.462 euros. El mismo día en que el nuevo Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil inició las detenciones y los registros de la operación Púnica, el Instituto de Salud Carlos III oficializó a travíés de la página de la Plataforma de Contratación del Estado la concesión a esta compañía de un contrato de 826.858,34 euros para “el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones y los edificios de los campus de Madrid y Majadahonda†de este organismo. Según especifica la resolución, Cofely habría conseguido en el concurso de licitación más del doble de puntos (96) que su única rival, Clece (44).
Sólo dos días más tarde, el pasado 29 de octubre, la filial en España de GDF-Suez se llevó un nuevo contrato valorado en 528.161,98, en este caso, de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para el “suministro, instalación y actualización de la instalación de control BMSâ€, el dispositivo de seguridad encargado de vigilar los accesos a las instalaciones del organismo.
En ese momento, los cuatro directivos de Cofely detenidos en la Operación Púnica se encontraban en los calabozos de la Guardia Civil esperando que les llegara el momento para pasar a disposición judicial. Pero esa circunstancia tampoco impidió que la Administración siguiera adelante con el proceso de licitación del contrato. El CNIO aclara que la compañía gala presentó la oferta económica más ventajosa.
Cofely ha tenido tiempo de conseguir en estos últimos días un tercer contrato público. En este caso, se trata de un encargo de la Administración del Estado para el “suministro e instalación de aire acondicionado (enfriadoras y climatizadores), así como el desmontaje de los existentes y retirada al vertedero de los mismos, en el edificio de la sede conjunta de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmasâ€. El importe del contrato es más modesto, 199.443,21 euros, pero se suma a una larga lista de adjudicaciones públicas que Cofely ha conseguido en los últimos meses.
Los investigadores de la Guardia Civil han podido acreditar que al menos consiguió una parte muy destacada de esas licitaciones recurriendo a la red de tráfico de influencias que presuntamente habían montado el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y los empresarios David Marjaliza, Alejandro de Pedro Llorca y Josíé Antonio Alonso. Por ahora, los agentes de la UCO y el juez Velasco han centrado su atención en contratos adjudicados a Cofely por varios ayuntamientos madrileños y por el consistorio de Almendralejo (Badajoz). Sin embargo, como adelantó El Confidencial este domingo, los investigadores trabajan ya en una segunda fase de la Operación Púnica que extenderá las pesquisas a todos los organismos que han adjudicado servicios a la firma gala en los últimos dos años.
