El equipo de Juncker trabaja a marchas forzadas para concretar ese plan antes de finales de año con el objetivo de movilizar una inversión de unos 300.000 millones de euros entre 2015 y 2017. La UE necesitaría cinco veces esa cantidad para recuperar el nivel de inversión previo a la crisis, pero Bruselas confía en que su granito de arena sirva, al menos, para alejar la oleada de pesimismo que vuelve a apoderarse de empresarios, inversores y consumidores.
Para evitar la peligrosa espiral de desconfianza, la CE quiere incentivar la inversión en los sectores que puedan concretar proyectos a corto plazo, que tengan un impacto claro en el mercado laboral y que supongan un valor añadido desde el punto de vista de integración transfronteriza.
La definición de esos sectores se negocia en estos momentos en los pasillos del Berlaymont, sede de la Comisión. Y cada comisario europeo pugna por colocar sus áreas de influencia o su país de origen entre las prioridades del plan Juncker.
El resultado definitivo de ese regateo no se conocerá hasta la cumbre europea del 18 y 19 de diciembre en Bruselas. Pero ya se puede adelantar que el mercado energíético figurará en un lugar preeminente y que con toda probabilidad absorberá buena parte de los 100.000 millones de euros al año que se pretenden movilizar. Las otras dos áreas de inversión serán transporte y redes de telecomunicaciones.
España se perfila como una de las principales beneficiarias de ese impulso. Primero, porque una de las prioridades es crear empleo y España sufre una de las tasas de paro más altas y endíémicas de la UE. Y en segundo lugar, porque Madrid ya ha movido piezas para situarse en buena posición en el área de energía, donde se concentrará el gasto.
Miguel Arias Cañete, comisario español que lleva la cartera de Energía desde el día de 1 noviembre, será el encargado de seleccionar los proyectos de ese sector. La cumbre europea del pasado mes de octubre concedió además la máxima prioridad a los proyectos de interconexión energíética para poner fin al aislamiento de la Península Ibíérica y de los países bálticos. España, por último, ofrece la posibilidad de convertirse en una plataforma de distribución de gas, que complete o sustituya el siempre incierto suministro de Rusia.
Pero ninguno de esos tres factores garantiza que el mercado energíético español vaya a salir bien parado en el plan Juncker. Cañete tiene como contrapeso un director general de Energía, Dominique Ristori, cuya nacionalidad (francesa) levanta ciertas suspicacias en el sector, dada la inveterada negativa de París a romper con la barrera de los Pirineos. Dentro de la Comisión se reconoce a Ristori, cuya voluntad marca el sino (para bien o para mal) de las iniciativas que se planteen.
España competirá, además, con los países de Europa central y del Este para captar inversión, a los que de momento Bruselas concede prioridad. Entre los 33 proyectos seleccionados por la Comisión en la última estrategia de seguridad energíética solo figuran dos españoles, pero ninguno de ellos en los planes a más corto plazo: la interconexión submarina con Francia se fija para 2020; y la mejora de la interconexión gasística ni siquiera tiene fecha.
En contra de España puede jugar tambiíén la preferencia que Bruselas ha concedido últimamente a los corredores gasísticos del norte y sureste de Europa en detrimento de los proyectos en el sector elíéctrico o de la posibilidad de utilizar la capacidad gasística ya existente en la Península Ibíérica (dos gasoductos con el Magreb, siete terminales de gas natural en España y una en Portugal).
En cualquier caso, el principal enemigo de España y del resto de la UE se encuentra en los limitados recursos del propio plan anunciado por la Comisión. Bruselas reconoce que su impulso será sobre todo psicológico, porque la mayor parte de la inversión tendrá que salir del sector privado, dado que el presupuesto de la UE apenas dispone de margen hasta 2020. La UE espera movilizar 300.000 millones, pero necesitaría cinco veces más para recuperar el nivel de inversión previo a la crisis.
