El proceso de independencia puesto en marcha por la Generalitat de Cataluña tendría, de llevarse a cabo, importantes consecuencias políticas y económicas tanto para el hipotíético nuevo Estado como para el resto de España y para la UE. Nadie duda de que una Cataluña independiente podría sobrevivir con una población equivalente a la de Suiza, un territorio del tamaño de Bíélgica y un PIB equiparable al de Noruega. Pero la mayoría de los analistas y bancos de inversión coinciden en que la ruptura tendría dramáticas repercusiones que, por un tiempo indefinido, podrían condenar a Cataluña a un aislamiento económico y un empobrecimiento sin precedentes. Según Credit Suisse, incluso sin tomar en cuenta los riesgos de huida de capital o los costes de adoptar una nueva moneda, Cataluña podría perder hasta el 20% del PIB y se quedaría por debajo de la renta per cápita media del resto de España.
1 Salida del euro y ausencia del BCE
La consecuencia más inmediata sería la salida de la Unión Monetaria Europea, a la que Cataluña, como parte de España, pertenece desde 1999. El nuevo país podría optar por seguir utilizando el euro de manera unilateral, pero sin ninguna influencia sobre su tipo de cambio ni sobre los tipos de interíés. Es una opción que ha utilizado Kosovo, pero el caso no parece comparable porque la antigua provincia de Serbia apenas está integrada económicamente con el resto de Europa y su Producto interior bruto es cuarenta veces menor que el de Cataluña. Para Cataluña, el euro se convertiría en una moneda extranjera cuya utilización podría encarecer sus exportaciones y mermar peligrosamente su competitividad.
La nueva Cataluña tambiíén se desvincularía del Banco Central Europeo, el organismo que centraliza la política monetaria de los 18 países que comparten el euro (19 a partir del 1 de enero con la entrada de Lituania). El BCE es la red de seguridad que garantiza liquidez al sistema bancario de la zona euro y gracias a sus líneas de apoyo han sobrevivido numerosas entidades durante las etapas más agudas de la reciente crisis. Las entidades financieras con domicilio en territorio catalán perderían el acceso a esas líneas.
2 Sin supervisión bancaria europea
Cataluña tambiíén quedaría fuera de la unión bancaria puesta en marcha por la zona euro, que ya cuenta con un Mecanismo íšnico de Supervisión financiera (que desde el 1 de noviembre supervisa a las entidades financieras españolas) y con un fondo de resolución bancaria que, a partir de 2016, aspira a sumar 55.000 millones de euros para sanear o liquidar las entidades financieras de la zona euro que atraviesen dificultades. Esa caja común se mutualizará progresivamente en un plazo de ocho años, por lo que Europa contará con una suerte de FROB europeo que evitará que los socios del euro tengan que asumir por sí solos la factura de futuras crisis financieras. En una Cataluña independiente, el vínculo entre el riesgo privado y el soberano seguiría intacto, con las consecuencias letales que durante la crisis se ha visto que puede tener esa relación para las finanzas de un Estado.
3 Sin fondos estructurales y fuera del BEI
La Comisión Europea ha reiterado, en relación con el proceso escocíés y catalán, que la escisión de un Estado miembro de la UE dejará a la región escindida fuera de la Unión Europea, con la consiguiente píérdida del derecho a los cuatro Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Marítimo y de Pesca (FEMP). Entre 2007 y 2013, Cataluña recibió 1.400 millones entre la aportación europea y su complemento del Estado español. En el marco presupuestario actual (2014-2020), Cataluña tiene asignados más de 1.400 millones de euros, según el Acuerdo de Asociación firmado por España y la Comisión Europea la pasada semana. En tíérminos absolutos, Cataluña será la cuarta Comunidad Autónoma más beneficiada, por detrás de Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha. Con cargo al FEDER (infraestructuras), Cataluña debe percibir 808,4 millones de euros; otros 348,5 millones con cargo al FEADER (ayudas a los agricultores); y 304,7 del FSE, destinado a políticas de empleo.
La salida de la UE tambiíén implicaría para Cataluña el descuelgue del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo financiero del club europeo. España es el quinto mayor accionista de ese Banco, con una participación de 23.500 millones de euros, y el principal destinatario de sus príéstamos, por delante de Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. El BEI puede prestar a países terceros de fuera de la UE, pero esas partidas serían mucho menores que las disponibles ahora para Cataluña como parte de España.
Cataluña tambiíén se quedaría fuera del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo de rescate de la zona euro del que España es accionista y que cuenta con una capacidad de príéstamo de hasta 500.000 millones de euros para evitar la suspensión de pagos de los socios (similar al FLA española para las CC AA).
4 Impacto en los mercados y en la prima de riesgo
Si alguna enseñanza ha dejado la crisis es la de que los mercados se han especializado en desaconsejar todo aquello que suene a desequilibrio y a inseguridad. Y un buen ejemplo ha sido Cataluña, que ha incumplido sistemáticamente los objetivos de díéficit y deuda impuestos por el Ejecutivo, lo que le ha obligado a recibir ayuda permanente del Estado para pagar sus servicios públicos. Una hipotíética independencia de España elevaría aún más la inseguridad y llevaría a la prima de riesgo a niveles inasumibles, con el inconveniente de dejar de contar con la red de protección del Estado español. El diferencial con el bono regresaría a los niveles alcanzados en verano de 2012, cuando la prima de riesgo de España alcanzó su máximo histórico rozando los 650 puntos. En ese período, la deuda catalana alcanzó un sobrecoste de 1200 puntos, lo que le obligó a recurrir a los denominados bonos patrióticos (emisiones con el aval de la Generalitat) cuya devolución está refinanciando todavía ante las tensiones de tesorería recurrentes.
5 Dudas sobre la financiación, el díéficit y la deuda
En 2013, Cataluña cerró con un díéficit público del 1,97%, cuatro díécimas por encima de lo pactado con Hacienda, y la deuda superó los 57.000 millones, lo que supone un 29,9% del PIB. Unas cifras que no son comparables ni homologables con el 3% de díéficit y el 60% de deuda que establece la Unión Europea como límite para sus países miembros. Lo que parece evidente es que, fuera dela UE, la ingente deuda pública obligará a generar más díéficit, a menos que la economía catalana experimente una mejoría importante, algo que parece poco probable. La clave, por encima de si está dentro o fuera de la zona euro, es que hay que generar ingresos para pagar gastos (el servicio de la deuda es el primero) y para abonar la nómina a los funcionarios, dos conceptos que ahora están garantizados por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Del último programa, dotado con 23.000 millones, Cataluña ha recibido hasta ahora 18.078 millones para vencimientos de deuda, pago a proveedores y tesorería.
6 La caída del comercio y de los aranceles
Las exportaciones españolas, pese al deterioro experimentado en los últimos meses, están en máximos históricos. Y a ello ha contribuido el tejido industrial de Cataluña, que aporta 58.000 millones anuales (exporta lo mismo que adeuda al año), lo que representa el 24,9% del total de las ventas al exterior de España. Una independencia de España y una salida de la zona euro le obligaría a pagar un sobrecoste por los aranceles, ya que dejaría de beneficiarse de las ventajas de pertenecer a una zona económica con libre circulación de mercancías, que a su vez tiene firmados acuerdos de libre comercio con otras naciones. El pago de esos sobrecostes haría mucho menos competitivas las exportaciones catalanas frente a las de otras autonomías en España y en Europa.
Otro factor a tener en cuenta sería el comercio intrarregional. Cataluña destina gran parte de sus intercambios comerciales a abastecer a sus propios ciudadanos, aunque más del 40% lo vende a otras autonomías. El establecimiento de aranceles tambiíén sería un freno para aquellas empresas españolas radicadas en otras regiones, que optarían por buscar proveedores fuera de Cataluña ante el encarecimiento de sus productos.
7 Menos atractivo para la inversión extranjera
Al igual que ha sucedido con los mercados financieros, la inseguridad jurídica es el peor argumento para atraer inversión extranjera. Aunque la entrada de capital en muchos casos está sujeta a operaciones puntuales, la estadística que elabora la Secretaría de Estado de Comercio muestra como desde el inicio de la crisis Cataluña ha atraído 18.509 millones de euros, alcanzando el máximo en 2010 con inversiones por valor de 4.825 millones. Y el mínimo, coincidiendo con el proceso soberanista, ha sido este año. En los seis primeros meses apenas han llegado 523.000 euros, una tercera parte de la media registrada en el período citado.
Aunque no estíé ligado con el proceso de independencia, la falta de pago a proveedores (Cataluña ha estado encabezando el ranking de regiones morosas que se han tenido que adherir a los sucesivos planes de pago a proveedores) ha levantado muchas suspicacias entre los proveedores sanitarios extranjeros sobre las garantías de cobro. Tradicionalmente han tenido que esperar entre 300 y 500 días para cobrar sus facturas. A 30 de septiembre de 2014, Cataluña debe 116 millones y su plazo de pago es de 191 días, frente a los 30 días que marca la ley.
8 El riesgo de las deslocalizaciones
La búsqueda de costes más baratos ha provocado una fuga masiva de capital extranjero de Cataluña desde el inicio de la crisis. En los últimos años han cerrado sus fábricas multinacionales extranjeras como Piaggio, Panasonic, General Electric o Bayer, impulsados por una mano de obra más barata en el Este de Europa y especialmente en Asia. Lo sucedido a raíz de la consulta soberanista en Cataluña obedece más a la inseguridad jurídica ante el escenario de tener residencia fiscal en un país de nueva creación con todas las incertidumbres que ello acarrea. Y han sido algunos empresarios catalanes los que se han expresado de forma vehemente sobre lo que harían en el caso de que haya independencia de España. Josíé Manuel Lara, presidente del grupo Planeta, lo ve muy claro. “Si Cataluña fuera independiente, el Grupo Planeta se tendría que irâ€, ha apuntado en numerosos foros empresariales. En 2010 había unas 3.000 empresas extranjeras localizadas en Cataluña. El 24% eran francesas, seguidas por alemanas, italianas y estadounidenses.
9 ¿El fin de la gallina de los huevos de oro del turismo?
El turismo es uno de los principales sostenes de la economía catalana. En 2013 acogió a 15,5 millones de visitantes internacionales, el 25,7% del total, e ingresó 14.022 millones, el 23,7% del total. ¿Cómo afectaría una salida de la zona euro? En principio no tendría ningún impacto visible, aunque el principal problema sería el de conservar una red de infraestructuras de la magnitud que soporta ahora. El aeropuerto del Prat es uno de los que más tráfico soporta de Europa y la conectividad ha crecido con fuerza en los últimos años, con numerosos vuelos a destinos fuera de la zona euro. El AVE, además, se ha convertido en un serio competidor del avión y está siendo utilizado de forma masiva, especialmente por los turistas nacionales. Independizarse supondría dejar de beneficiarse de los fondos y de las ayudas de España para esas infraestructuras, cuya conservación se vería perjudicada y cuyo deterioro podría empañar la buena imagen del turismo catalán.
10 El coste de crear un nuevo país y del reingreso en la UE
El día despuíés de la independencia, el Gobierno catalán tendría que hacer frente a una serie de costes ingentes para garantizar los servicios que presta y para proseguir en la senda del abaratamiento de los costes energíéticos. En primer lugar, tendría que financiar la constitución del nuevo Estado y hacerse cargo de aquellas partidas que estaban aseguradas por el Estado español como las pensiones de los jubilados catalanes, así como los incrementos salariales de los funcionarios del Estado y de los militares. Otro dato a tener en cuenta es que debería continuar haciendo frente a los pagos del servicio de la deuda pública española que le correspondiese, al menos durante algunos años, y realizar algunas provisiones para infraestructuras inacabadas, como las del tren de alta velocidad, y sobre todo las interconexiones energíéticas con Francia, consideradas vitales para garantizar un suministro barato.
Una Cataluña independiente debería solicitar el ingreso en todas las estructuras de la Unión Europea. En principio, como ya aclaró la Comisión Europea antes del referíéndum de Escocia, la negociación debería partir de cero, por tratarse de un nuevo Estado con el que habría que negociar desde su aportación al presupuesto de la UE a su presencia en las diferentes instituciones (Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia, etc...) En ese caso, Cataluña debería iniciar un proceso de incorporación como en el que se encuentran Turquía, Serbia o Montenegro, con el riesgo de que cualquiera de los 28 socios actuales, incluida España, pudieran vetar el camino en cualquier momento. Algunos analistas sostienen que el proceso podría acelerarse invocando el artículo 48 del Tratado de la UE, para llevar a cabo por primera vez una ampliación interna del club. Esa vía, que nunca se ha utilizado, se puede poner en marcha por mayoría cualificada, es decir, ninguno de los socios tendría derecho de veto. Pero la decisión final de ingreso sería de nuevo por unanimidad, lo que permitirá a cualquier socio retrasar indefinidamente la entrada.
Una vez dentro de la UE, Cataluña tambiíén debería superar el examen de convergencia (con criterios como díéficit, deuda, inflación y tipo de cambio de su moneda) y negociar su pertenencia y aportación a los instrumentos financieros creado por la zona euro, como el FROB europeo o el fondo de rescate.
