El Gobierno asegura que frenó la multimillonaria salida a Bolsa de Aena para evitar que el grupo público aeroportuario adjudicara sin concurso un contrato a PriceWaterhouseCoopers (PwC) que consideraba inflado.
La versión oficial facilitada el pasado día 31 por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es que se frenó por «un problema contractual». En su opinión, había que asegurar que la gran privatización emprendida por el Ejecutivo de Rajoy se hiciera «con plenas garantías y absoluta transparencia». La intrahistoria que ha podido recabar EL MUNDO de fuentes del Ejecutivo es íésta: «Hubo que frenar el proceso, porque es insólito, no sólo que se pretendiera hacer sin concurso, sino que, además, la auditora pretendiera cobrar hasta cinco veces más por la carta de conformidad que por su propio trabajo de auditoría».
Según esta versión, el presidente del Comitíé de Auditoría de Aena y subdirector general del Ministerio de Economía, Josíé Manuel Rodríguez de Castro, dio la voz de alarma de que la empresa estaba aceptando una propuesta inicial de PwC de cobrar un millón de euros por la llamada comfort letter.
En la auditora no niegan la cifra, pero niegan de plano que estuviera inflada: «Nuestra propuesta era un precio de mercado como se puede ver fácilmente en trabajos similares en otras OPV, pero dado que era una operación estratíégica aceptamos rebajarlo». Su acuerdo final con la empresa pública que preside Josíé Manuel Vargas fijó un precio de 650.000 euros, cuando el trabajo ordinario auditor de PwC en las cuentas de Aena tiene un coste inferior a los 200.000 euros.
¿Por quíé esta especie de certificado de que se ha hecho bien la auditoría es más caro que la propia auditoría? Expertos del sector explican que es habitual, porque, entre otros factores, la comfort letter supone una especial responsabilidad del auditor. Es el documento clave con el que los bancos colocadores se defienden de eventuales denuncias de los inversores en caso de fiasco, porque pueden probar con ello que actuaron con la máxima diligencia encargando a un auditor que revisara todas y cada de una de las cuentas previamente auditadas. El riesgo de querellas para la auditora es más limitado cuando se limita a su trabajo ordinario, pero se dispara en una salida a Bolsa.
Las fuentes consultadas en el Ejecutivo apuntan otro motivo. «Había un riesgo de que la auditora aprovechara la comfort letter para facturar otros servicios a Aena que considerara infravalorados y en una empresa pública no se puede consentir y menos sin concurso público».
Por tanto, y pese a que el Comitíé de Auditoría terminó aceptando pagar 650.000 euros, los ministros de Economía, Luis de Guindos, de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el director de la Oficina Económica de Presidencia, ílvaro Nadal, impusieron que se convocara un concurso público, aunque retrasara una operación presentada ya a la banca internacional que valora Aena en hasta 8.000 millones.
El aparato económico del Ejecutivo ha considerado preferible correr el riesgo de decepcionar a los inversores internacionales y nacionales con un retraso en la salida a Bolsa que aceptar un proceso incorrectamente llevado en su opinión por Aena.
Esta empresa pública terminó ayer publicando en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de concurso restringido y por procedimiento de urgencia por un precio máximo de 650.000 euros. En el Gobierno esperan así poder rebajar la cifra ya rebajada a PwC y que se ha convertido ahora en un techo para todas las empresas que pujen.
Por su parte, el Ministerio de Fomento se remite a Aena para toda explicación sobre lo ocurrido. En el grupo público aseguran que contaban con dictámenes jurídicos de los bufetes Píérez Llorca y de Uría y Meníéndez corroborando que el proceso se estaba haciendo correctamente. Tambiíén los asesores Lazard y N+1 veían adecuado pagar hasta un millón a PwC.
Pero el presidente de Aena, Josíé Manuel Vargas, acata la decisión del Gobierno y espera aprovechar ahora el concurso para abaratar la factura. «La política de la dirección en Aena se caracteriza por el abaratamiento constante de los costes en todos los capítulos posibles», aseguran en la empresa de aeropuertos. Subrayan como muestra que en el actual concurso va a ponderar en un 70% el precio y en un 30% el contenido tíécnico, lo que estimulará la competencia económica a la baja.
PwC ha aceptado, por su parte, la petición del Gobierno de renunciar al contrato sin penalización y ha facilitado así que se pueda celebrar el concurso. Si la auditora -en la que trabajó Luis de Guindos antes de incorporarse al Ministerio- se hubiera plantado, se habría enfrentado al aparato económico del Gobierno al imposibilitar el concurso público. Si hubiera entrado en un litigio exigiendo indemnización no habría podido presentarse al concurso, en el que tiene todas las de ganar.
Auditoras competidoras veían ayer con escepticismo el nuevo contrato, porque Aena quiere el compromiso de que el servicio de auditoría externo estíé concluido el 12 de febrero. Son apenas tres meses, «cuando el plazo necesario oscila entre cuatro y seis meses». El que más rápidamente puede hacer el trabajo es el que ya ha auditado las cuentas, señalan competidores.
